El fiscal general Carlos Gonella, quien en 2019 pidió las penas en la causa de la financiera Cordubensis (CBI), puede considerarse “el” ganador del reciente recurso de casación resuelto la semana pasada y que sirvió de divisoria de aguas para la continuidad del proceso: se recalcularán penas a los condenados en el primer debate y se habilitó el segundo juicio.
Los dos principales logros del fiscal cordobés tienen que ver con el fallo “grande” de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Guillermo Jorge Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Carlos A. Mahiques– que resolvió los recursos de él, los querellantes de organismos nacionales (Unidad de Información Financiera –UIF–, Banco Central y Administración Federal de Ingresos Públicos –Afip) y los clientes “estafados” (Carlos Nayi) y de varios acusados.
El primero de esos logros es que se “dio vuelta” la absolución del delito de asociación ilícita por el cual Eduardo Rodrigo (presidente de CBI) y sus socios estaban acusados y recibieron una absolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, con disidencia del vocal Jaime Díaz Gavier.
El otro “éxito” de Gonella es que le confirmaron la condena por “intermediación financiera no autorizada”, la primera del país que él pidió para ese delito tipificado desde 2012.
Pero en otra resolución “menor”, por una cuestión procesal, Casación resolvió “sobreseer totalmente” a un grupo de acusados que están incluidos en el próximo juicio de esta megacausa –CBI 2– por las supuestas irregularidades en el dinero por la recaudación del boleto de transporte urbano de pasajeros, conocido como causa “Siemens IT - Rivelux”.
Entonces, ese tramo de la investigación no formará parte de lo que se ventilará en ese segundo juicio que, luego de estas resoluciones, se encamina hacia su próximo inicio con nuevo tribunal en el TOF2, integrado por Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y Mario Martínez (de La Rioja).
Recálculo de penas
Al haber confirmado que Rodrigo y sus socios sí integraron una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos, se deben recalcular las penas que pesaron sobre ellos, de cárcel y de millonarias multas.
Pero a la vez, al entender que quienes saldaron sus deudas impositivas vieron aliviada su acusación por evasión tributaria, también debe recalcularse “hacia abajo” esos montos, particularmente los de multas.
Por esto, el tribunal de casación determinó un “reenvío” de las actuaciones para que un nuevo tribunal –con audiencia de visu– recalcule esas penas en ambos sentidos.
Lo curioso es que, como Córdoba está “escasa” de vocales de juicio, resulta probable que el trío Costa-Prado-Martínez sea el indicado para resolver estos recálculos.
También –siempre en el terreno de las especulaciones–, si eso sucediera resulta factible que ese trámite sea incluido dentro del juicio “CBI 2″, como una cuestión más de las que debe resolver este tribunal.
El titular de la concesionaria Centro Motor, Darío Onofre Ramonda, quedó excluido de la asociación ilícita y se ve aliviado en cuanto a la evasión (que saldó), pero le confirmaron su responsabilidad en la actividad de intermediación financiera.
El fallo de Casación confirmó la mala noticia para los ahorristas que fueron víctimas de la corrida.
La resolución rechaza el reclamo, ahora con costas.
Rivelux, afuera
En el segundo fallo dictado el pasado jueves –por mayoría, con los votos de Mahiques y Yacobucci–, se dio lugar a la “excepción de falta de acción” en el tramo que analiza el cobro del transporte urbano municipal que Siemens IT concesionó a través de la UTE que conformaban CBI y la firma Rivelux.
Este “hecho 2″ (7, para Casación) termina con “sobreseimiento total” de los imputados Juan Dabusti, Raúl Toscano y Carlos Abril, lo cual se extiende a los imputados (que no casaron) Carlos Alberto Forconi, Rodrigo y sus socios Aldo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Altamirano.
La cuestión procesal que motivó este sobreseimiento “total” tiene que ver con un tecnicismo.
Los acusados pagaron su deuda con Afip y por esto el juez Miguel Vaca Narvaja los sobreseyó de evasión tributaria. Pero luego se los acusó por ese mismo hecho de lavado de activos.
La discusión se centró en que hubo “dos momentos” de un mismo hecho o que no puede acusarse dos veces por el mismo hecho, aunque haya dos figuras penales: la evasión y el lavado.
La mayoría del tribunal de Casación –Mahiques y Yacobucci– no dice que no hubo lavado, sino que no puede perseguirse dos veces al imputado por una misma conducta. La vocal Ledesma votó en contra.
Ahora, quedó afuera del segundo juicio, más allá de que el Ministerio Público y los organismos nacionales puedan ir a la Corte Suprema para que revea este caso. Por el momento, en Córdoba se desconoce si el fiscal de Casación recurrirá la decisión.
Lo que queda
Fuentes judiciales sostienen que el juicio de “CBI 2″ se celebrará “lo más pronto” que se pueda. Ya estaba esperando hace meses esta decisión de Casación para avanzar, para no contradecir el principio de non bis in ídem, que dice nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.
Salvo Rivelux, quedan pendientes ahora otros hechos en este tramo de la acusación: la asociación ilícita, la participación de Centro Motor en maniobras de lavado a través de CBI, la financiera Yacopini Inversora (de Mendoza) y los descuentos de cheques de la mutual nacional Osecac que hacía el contador Javier Fernando Guevara Amado.
Rodrigo y sus socios, Darío Onofre Ramonda y su hijo Darío José Ramonda, Luis de los Santos y Alejandro Miguel Yacopini responden por lavado de activos, mientras que a Guevara se le agrega a eso la intermediación financiera.
