La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba sobreseyó parcialmente, en las últimas horas, a dos jóvenes empleadas del Sanatorio Aconcagua de Córdoba que estaban acusadas de no haber dado atención a Valentino Blas Correas, mientras este aún respiraba, aquel 6 de agosto de 2020 tras haber sido baleado por policías.
El fallo alcanza a Guadalupe María Laura Moya y a Paola Andrea Mezzacapo, quienes estaban imputadas por omisión de auxilio.
Ambas tuvieron que pagar, como la ley manda, una multa económica de 12.500 pesos cada una. Además, ofrecieron una reparación económica a los padres de Blas por 300 mil pesos, según señalaron fuentes judiciales.
Tanto la madre de Blas como su padre tienen pensado donar ese dinero con fines solidarios.
Existe malestar entre los progenitores de la víctima ya que no hubo un pedido de disculpas de ambas a la familia de la víctima por lo que sucedió. De hecho, había existido un pedido expreso a la Cámara en ese sentido.
A todo esto, queda en pie la causa en contra de un empleado del mismo centro de salud (Fernando Casalino), quien fue enviado a juicio por el supuesto delito de “abandono de persona”. No se descarta que este acusado se acoja a un juicio de tipo abreviado en la misma Cámara 8ª.
El reciente sobreseimiento fue dispuesto por los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno, quienes aceptaron la presentación que había hecho el abogado Carlos Nayi, quien representa a las empleadas que estaban acusadas por omisión de auxilio.
Al pagar multa (como señala la ley), se extingue la acción penal.
El caso se remonta a aquella madrugada cuando, después de los balazos policiales, los amigos de Blas llevaron al joven al primer centro de salud que se les cruzó: el Sanatorio Aconcagua.
Así las cosas, según la causa, a poco de ingresar, se les negó la atención al joven que aún yacía con vida y se les indicó que debían ir al Hospital de Urgencias. Los amigos debieron volver a subir a Blas al Fiat Fargo.
A poco de circular por la Chacabuco, fueron finalmente controlados por policías que, a su vez y lejos de asistir a la víctima, controlaron de violenta manera a los jóvenes.
El grave episodio en el sanatorio se conoce como la causa “Blas II”.
La causa “Blas I” fue la que se resolvió el año pasado y que terminó con 11 policías condenados, dos de ellos a la pena de prisión perpetua.
El fallo fue dictado por la mencionada Cámara 8ª que calificó el hecho como de violencia institucional.
En ese fallo, los jueces mandaron a investigar a exfuncionarios, tal el caso de Alfonso Mosquera, por su supuesta participación en los hechos y otros presuntos delitos. Esa causa, que está en el fuero Penal y Económico, se llama “la causa III”.
Los padres de Blas y su abogado, Alejandro Pérez Moreno, son querellantes.
