La causa por el gatillo fácil contra Valentino Blas Correas (17), cuyo juicio terminó el pasado viernes con 11 policías condenados y dos absueltos, además de un amplio pedido de investigación por parte del tribunal para más uniformados y exfuncionarios, lejos está de haber terminado. La última palabra de esta compleja causa de violencia institucional, tal como la calificó la Cámara 8 del Crimen de Córdoba, la tendrá el Tribunal Superior de Justicia.
Es que a la máxima instancia judicial cordobesa acudirán con recursos de casación las defensas de varios de los policías que terminaron condenados. Sobresale la defensa de uno de los efectivos condenados a prisión perpetua.
La fiscalía, por el contrario, se encuentra muy conforme con la sentencia del tribunal, que actuó con un jurado popular, y espera conocer los fundamentos para tomar una decisión definitiva sobre si apelará o no las absoluciones dictadas.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que los jueces hayan aceptado el pedido de “reconocer” a Blas, a los sobrevivientes y a la familia del joven asesinado como víctimas de violencia institucional.
También están conformes con la sentencia las partes querellantes que representan a las víctimas de aquel caso.
La querella que representa a los padres de Blas, Soledad Laciar y Blas Fernando Correas, en principio no apelará la sentencia de los jueces.
De todos modos, la parte querellante que representa a los chicos que sobrevivieron a la agresión policial aguarda leer los fundamentos para decidir: no descartan solicitar más penas de cárcel para los jefes condenados por el encubrimiento y apelar las dos absoluciones.
Condena histórica
El pasado viernes, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba puso punto final al juicio por Blas después de 6 meses.
Con la participación del jurado popular, que falló de manera unánime, el tribunal condenó a prisión perpetua a los dos principales acusados: Lucas Gómez y Javier Alarcón. Son los que abrieron fuego contra el auto en el que iba a Blas. Si bien Gómez fue el autor material del asesinato, ambos fueron responsabilizados por igual por homicidio calificado y tentativa de homicidio (por los disparos que pusieron en peligro a los otros jóvenes).
En paralelo, el tribunal condenó a nueve policías por la otra gravísima parte del caso: plantar el arma y las maniobras de encubrimiento. Entre los condenados, hubo varios jefes. Eso sí, las penas impuestas fueron inferiores a las pedidas por la fiscalía. Algunos policías podrán salir en libertad en poco tiempo.
A todo esto, dos uniformados fueron absueltos por la duda. Formaban parte de la parte más endeble de la acusación.
Los fundamentos del fallo se conocerán dentro de dos semanas.
Exhorto y palabra del Gobierno
Más allá de las condenas, los jueces Marcelo Jaime, Mario Centeno y Juan Manuel Ugarte fueron más allá: mandaron a investigar al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera; a su exsecretario Lucas Mezzano; al excomisario Gonzalo Cumplido y hasta a la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belleti –al momento del crimen era jefa de recursos humanos de la fuerza– por sus presuntas responsabilidades y las supuestas comisiones de delitos en aquel momento.
También se mandó a investigar a los policías que no hicieron nada para salvar a Blas cuando agonizaba y a otros uniformados, entre los que sobresale el comisario Gustavo Distéfano, quien hace pocas semanas se apartó casualmente de la Dirección Seguridad en Jefatura. También se investigará a personal del Tribunal de Conducta Policial.
Además, y no menos delicado, el tribunal ordenó remitir el fallo al Gobierno de Córdoba y lo exhortó para que arbitre las medidas útiles para erradicar todas las formas de violencia institucional y establecer la responsabilidad que tuvieron los funcionarios que intervinieron o tomaron conocimiento de prácticas estructurales de violación institucional de derechos en los hechos juzgados, según surge de la sentencia.
Los magistrados también le dijeron al Gobierno que “de manera urgente” mejore la capacitación de policías sobre: manejo de armas, conservación de la escena del crimen y las pruebas y, no menos importante, mejorar el trato a las víctimas. Ya lo hizo en otras condenas a policías.
Ante consultas de La Voz, altas fuentes del Gobierno provincial señalaron: “No comentamos los fallos de la Justicia. Desde siempre defendemos la independencia de los poderes y la no intromisión. No corresponde opinar. Los fallos se deben respetar y cumplir”.
Apelaciones defensivas
La Voz realizó una serie de consultas a los protagonistas de este histórico juicio.
Entre los defensores, ya son varios los que anticiparon que apelarán las condenas ante el TSJ.
En primer término, el defensor del policía Alarcón, quien fue condenado a perpetua, anticipó y remarcó que acudirá en casación.
El abogado Hugo Luna expresó: “Entendemos que no hubo acuerdo previo para matar entre Alarcón y Gómez, y además lo más importante es que quedó demostrado que Alarcón no mató a nadie”.
El letrado había pedido la absolución para ese policía.
Por su parte, el abogado Gastón Schönfeld, quien representa al cabo Gómez, condenado a perpetua, señaló que recurrirá el fallo.
El defensor del policía que mató a Blas había pedido que todo quede encuadrado en un homicidio por exceso o bien por dolo eventual.
Otra defensa que anticipó que recurrirá ante el TSJ es la del subcomisario Enzo Quiroga, quien fue condenado a 4 años y 8 años de cárcel por incumplimiento de promover la persecución de delincuentes y por encubrimiento.
El abogado Justiniano Martínez confirmó que seguramente apelará.
También anticipó que irá ante el TSJ el abogado Benjamín Sonzini Astudillo, quien defiende al comisario Ariel Galleguillo, condenado a 4 años y 8 meses por los mismos delitos que Quiroga.
Idéntica posición tendrán, según anticiparon ante este diario, los abogados Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, quienes representan al comisario Juan Antonio Gatica.
El jefe policial fue sentenciado a la pena de 4 años de cárcel (no quedó detenido) por encubrimiento.
“Vamos a recurrir la sentencia por arbitraria”, dijo Sánchez del Bianco.
“No hay elementos para condenar a Gatica. Él no tuvo nada que ver con lo que se le achaca. Hay insuficiente prueba… Queremos conocer los fundamentos de los jueces y acudir ante el TSJ”, consideró, por su parte, el abogado Moreno.
En tanto, el asesor letrado Martín Cafure, quien representa al comisario Walter Soria, remarcó que espera leer los fundamentos de la Cámara y no descarta casar la sentencia.
Soria fue sentenciado a la pena de 4 años y 9 meses por incumplimiento de promover la persecución de delincuentes y por encubrimiento.
Quienes no van a apelar ante el TSJ serán los abogados Miguel Ortíz Pellegrini y su hijo Leandro Morán, quienes representan a la agente Wanda Esquivel: la uniformada que plantó el arma aquella madrugada del 6 de agosto de 2020, poco instantes después del crimen.
Esquivel confesó todo desde el comienzo y su testimonio fue la piedra angular de la acusación.
La policía fue sentenciada a 3 años y 10 meses y está con prisión domiciliaria. Por el tiempo cumplido, quedó a las puertas de la libertad.
La fiscalía no apelaría
El fiscal de Cámara Fernando López Villagra le dijo a La Voz que se encuentra conforme con el fallo.
“Estoy conforme; no contento, porque no se puede estar contento con un hecho tan triste y penoso como el de Blas... Estoy conforme porque la Cámara se hizo eco del pedido del Ministerio Público Fiscal”, señaló el acusador, quien destacó el trabajo del jurado popular. Desde la fiscalía destacaron que el tribunal falló de manera unánime al condenar a perpetua a los dos principales acusados.
Asimismo, se mostró muy conforme respecto a que las víctimas hayan sido reconocidas como de violencia institucional. Señaló que eso no es un “mero formalismo” sino que tiene una “trascendencia jurídica de importancia”.
El abogado Alejandro Pérez Moreno, quien representa a la familia de Blas, anticipó que no recurrirá ante el TSJ. “Estamos conformes y no vamos a casar la sentencia”.
Por su parte, el abogado Julio Herrera Martínez, quien representa al sobreviviente Cristóbal Bocco, señaló que espera leer los fundamentos para resolver qué hacer.
No se descarta que apele en cuanto al monto de algunas condenas.
