Además de condenar a 11 efectivos de la Policía de Córdoba y de absolver a otros dos uniformados en el juicio por el gatillo fácil contra Valentino Blas Correas, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba mandó a investigar a uniformados y a ex funcionarios de peso.
Uno de los mencionados fue Alfonso Fernando Mosquera, quien era ministro de Seguridad cuando sucedió el crimen. Los jueces solicitaron que se lo investigue (junto a quien por entonces era su secretario, Lucas Mezzano) por la supuesta comisión del probable delito de abuso de autoridad y/o malversación de caudales públicos.
Según los jueces, este pedido se fundamenta en la entrega de un automóvil Toyota Corolla del Gobierno al excomisario Gonzalo Cumplido; y el presunto pago de tickets de combustible y seguro del automotor del con fondos del erario público.
Consultado por La Voz, el hoy legislador Mosquera respondió que no cometió ningún delito, dijo que desde su dependencia se colaboró con la Justicia desde un primer momento; y exhortó a que lo investiguen rápido y a fondo.
Además deslizó críticas al radicalismo (sin nombrarlo) en torno a los graves episodios criminales de los que tomaron parte elementos de la Policía de Córdoba en décadas pasadas, como los ‘90, y cuestionó a quienes hacen “politiquería”.
La palabra de Mosquera
“Siento la satisfacción del pleno funcionamiento de las instituciones y estoy reconfortado con el compromiso que asumí con el total esclarecimiento del hecho; mis órdenes al exjefe de policía (Gustavo) Vélez fueron claras y terminantes: ‘Haga de la Policía una caja de cristal y bríndele al fiscal la más total y absoluta colaboración y fundamentalmente todo el material fílmico, urgentemente y sin que nadie se lo pida’”, sostuvo Mosquera, en un escrito, tras consultas de La Voz.
“Así se hizo y, en un hecho inédito en el país, hay 11 efectivos policiales condenados”, sostuvo.
Por otro lado, el exministro sostuvo: “Distinto hubiera sido si se hubiera procedido de esta forma con el crimen de (Mario) Sargiotti, de Regino Maders, con la matanza del banco Popular Financiero en Río Cuarto, cuyas verdaderas motivaciones jamás se investigaron ni se esclarecieron, ni tuvieron otros la valentía para admitir en el caso Sargiotti un claro hecho de violencia institucional y hoy hacen politiquería repugnante con este crimen atroz, que no ha quedado impune”, sostuvo.
“Violencia institucional”
“Yo, en cambio, frente al tribunal tuve la valentía que otros nunca tuvieron de reconocer un crimen que, por sus características, denotaba evidente violencia institucional y eso me reconforta como funcionario y como persona”, dijo.
“En cuanto al pedido de investigación que se formula respeto de mis procederes, estoy a disposición de la Justicia e insto la adopción de medidas urgentes para determinar mi accionar, sin dilaciones de ninguna naturaleza, para que se me investigue hasta mi grupo sanguíneo si así lo entienden necesario”, indicó.
“Permanezco sereno en mi espíritu, en paz con mi conciencia y siempre he sostenido que ‘para ser libres, hay que ser esclavos de la ley’, como decía Marco Tulio Cicerón (año 106 AC). Y yo soy un hombre de derecho y un esclavo de la ley”, sostuvo Mosquera.
No fueron posibles repreguntas.
Silencio
Por otro lado, no hubo respuestas del excomisario mayor Gonzalo Cumplido, a quien el tribunal mandó a investigar por la presunta comisión del probable delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional.
Tampoco opinó la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti. La comisaria general era titular de Recursos Humanos cuando fue el crimen. Los jueces pidieron que sea investigada con relación a la supervisión de la formación y evaluación de aptitud del personal policial.
