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No quedó nadie fuera de las sospechas. Aquel septiembre de 2013 fue, tal vez, el mes más bisagra de los últimos tiempos.
Un policía muerto en su auto con un balazo en la cabeza, una fortísima acusación por vínculos azules con el narcotráfico, un fiscal que tuvo que peregrinar para demostrar su inocencia, todo un conjunto de peritos judiciales que quedaron bajo la sombra del señalamiento, una viuda que denunció amenazas y un cúmulo de "pruebas" que una a una se fueron derritiendo sin mayor asidero.
¿A quién le importa hoy la muerte del policía Juan Alós? Hace cinco años, en aquella madrugada del 7 de septiembre de 2013, el capítulo judicial conocido como el "narcoescándalo" comenzaba a escribir su peor página. La más dramática, la que iba a terminar por generar un sismo tremendo no sólo en la Policía, sino también en la Política cordobesa y que sin proponérselo comenzó a ser el preámbulo del patético amotinamiento policial de diciembre de aquel año.
Y que, al mismo tiempo, destapaba en la torre de Tribunales Federales una guerra sin cuartel que hasta hoy continúa generando heridos.
"Juan Alós, el oficial principal que ayer a la madrugada (sábado 7 de septiembre de 2013) fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza en un auto de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, aparecía mencionado en la denuncia que el irregular \'agente encubierto\' Juan \'el Francés\' Viarnes había efectuado ante la Justicia Federal de Córdoba", se lee en la primera crónica impresa tras su deceso.
Alós, de entonces 34 años, había sido nombrado, aunque de manera escueta, por "el Francés" durante una nota emitida el miércoles anterior por el programa ADN que se emitía por Canal 10.
“Por los relatos de sus colegas y superiores, Alós se mostraba los últimos días muy consternado a raíz de las denuncias que había hecho un medio periodístico sobre su presunta participación en la red de Drogas Peligrosas que se investiga por el uso de agentes encubiertos, las cuales negaba”, explicó el fiscal de Alta Gracia Emilio Drazile (hoy jubilado), a las pocas horas de conocerse el deceso.
El funcionario judicial no imaginaba, en aquel momento, que este caso también lo iba a arrastrar a él hacia una disputa cuyos reales protagonistas pocas veces se mostraron.
En el vehículo se halló también una carta. “Se despide de su mujer, embarazada de siete meses, y de sus dos hijos, de 2 y 4 años. También pide que se limpie su nombre de las denuncias que calificaba como falsas”, dijo el fiscal.
"Sabés que este es un año muy difícil, ya que no puedo superar la muerte de mi padre (...), encima ahora esto, este descrédito de un Méndez (NdR: en referencia al conductor de ADN, Tomás Méndez) que, según él, hace una investigación periodística. Sin una sola prueba me tildó de narcopolicía (...). Que puedan limpiar nuestro apellido ante la sociedad (por favor, se lo pido como hombre y como padre, Sr. Senestrari, que lo haga por mi familia)".
El fiscal federal Enrique Senestrari era el encargado de investigar la denuncia de Viarnes, un singular personaje que todavía resiste en Paraguay su extradición para ser juzgado en Argentina.
Su insólita liberación, en medio del "narcoescándalo" es todavía una de las apostillas que más comentarios generan en torno a toda esta historia.
Según determinó la Justicia provincial en la investigación que condujo Drazile, Alós se suicidó dentro de su vehículo de un disparo con su pistola reglamentaria. Pero el fiscal Senestrari requirió la investigación de esa muerte y logró varios meses después que el expediente fuera atraído al fuero nacional.
En el medio, todo se embarró demasiado: peritos que sólo veían fotos aseguraban por televisión que Alós tenía puñaladas (eran manchas y una mosca, según se comprobó luego), aparecían en cámara supuestos testigos encapuchados que relataban toda clase de historias, la Justicia federal insistía en la hipótesis del homicidio y entre la viuda y una prima de Alós denunciaban una amenaza que luego se comprobó que había salido de los propios teléfonos de las denunciantes (ver Por falsas amenazas confirman juicio a la prima de la viuda de Alós).
Visto con la distancia del tiempo, hoy todo se asemeja a una enorme y voraz locura colectiva en medio de una lucha profunda por el poder. ¿Cuál poder? Político y judicial.
Pero en aquellos meses, el vértigo de las denuncias, los declaracionismos y las operaciones de prensa poco ayudaron a clarificar lo que realmente estaba sucediendo. Incluso, el entonces gobernador José Manuel de la Sota no tuvo espaldas aquel septiembre para sostener a sus dos espadas más importantes en el esquema de Seguridad: el ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe de Policía Ramón Frías tuvieron que renunciar.
El cadáver del policía fue exhumado, todo a la vista de una sociedad que parecía confirmar sus peores sospechas: la mafia narco instalada en la estructura oficial. Muchos se esmeraban en que el gran público recibiera lo que quería ver y escuchar.
Sin embargo, pasaron las elecciones legislativas nacionales de fines de 2013, el acuartelameniento policial de diciembre de ese año, la noche de los saqueos y, poco a poco, el poder político de Córdoba una vez más logró acomodar el cuerpo.
Ya sin tanto ruido alrededor, en noviembre de 2014 una autopsia de la que participaron seis tanatólogos confirmó aquel diagnóstico inicial: Alós se suicidió.
A esa altura, el fiscal Drazile se defendía en el fuero federal en una causa por una supuesta violación de los deberes de funcionario público. Este año logró el sobreseimiento.
Meses después, la Cámara Federal ordenó que otro fiscal se ocupara del expediente por la muerte de Alós, que ya nunca más generó ruido mediático.
En mayo siguiente, llegó el juicio contra los policías acusados por el "narcoescándalo" (entre los que es muy posible que hubiera estado Alós en caso de estar vivo) y aquellas grandes sospechas iniciales terminaron en condenas por delitos menores. Un fallo que aún Casación demora en confirmar o revocar.
Recién entonces, el motor de toda la denuncia, o mejor escrito aquel que le puso el cuerpo a toda la historia, Viarnes, fue atrapado en un pueblo de Caaguazú. Hace dos años y pico que en Córdoba varios esperan una extradición que no llega. Y otros aguardan que nunca más vuelva a pisar territorio cordobés. Porque la historia que terminó con la vida de Alós parece haber sido sepultada.
