Sin freno se siguen sucediendo graves episodios en el seno del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
En las últimas horas se conoció que un fiscal espera los resultados de la autopsia a un preso que estaba en la Cárcel de Bouwer y que murió en confusas circunstancias. Una versión da cuenta de un supuesto golpe en la cabeza efectuada por un guardiacárcel.
A todo esto, el director del Establecimiento Penitenciario N° 9 (la UCA) fue sancionado y separado de su cargo por haber tenido trato preferencial con un jefe preso por asociación ilícita; al tiempo que dos mujeres guardiacárceles fueron puestas en pasiva por equivocarse de presas y liberar a una por error.
Estos episodios se agregan, a su vez, a dos graves causas judiciales que detonaron en las últimas semanas en dos importantes cárceles de Córdoba por presuntos y delicados hechos de corrupción.
Por un lado, está el caso de la Cárcel de Bouwer: el subdirector del penal. Sergio Guzmán, está detenido junto a un abogado y un ex contratado del Gobierno por el presunto cobro de dinero a presos para mejorarles los registros de la conducta y así hacerlos acceder a salidas transitorias o libertades condicionales.
Estas tres personas están acusadas por el fiscal Enrique Gavier por presunta asociación ilícita.
Por otro lado, está el escándalo en la Cárcel de Villa María. Allí se descubrió el funcionamiento de un importante “call center tumbero”. En un pabellón, un grupo de presos usaba costosos celulares (algo prohibido) para realizar estafas telefónicas a víctimas de Córdoba y otras provincias.
Por esa causa hay 20 personas detenidas e imputadas: entre ellas sobresalen tres jefes de la mismísima cárcel de Villa María.
Los demás detenidos son seis reos y 11 familiares de ellos.
La causa también está en manos del fiscal Gavier quien incautó celulares, tablets y una computadora en celdas de ese presidio; además de una cifra millonaria en pesos.
Los call center tumberos constituyen un viejo problema en las cárceles de Córdoba.
Desde hace años, los controles fallan y celulares de toda clase entran a los pabellones de las distintas prisiones, donde son usados por presos. A veces, es para concretar estafas; otras veces, para dirigir operaciones narco, prepara robos o dirigir un crimen por encargo.
En varias oportunidades, distintos jueces penales han emitido exhortos al SPC para que mejore los controles para evitar el ingreso de celulares (y de drogas) a los presidios.
Días atrás, al condenar al narco René “el Chancho” Sosa (que lideraba un importante call center tumbero), los jueces insistieron con la necesidad de que se mejoren los controles.
En medio de todo esta situación, la ministra de Justicia y de Derechos Humanos, Laura Echenique, ha respaldado a Juan María Bouvier, al frente del SPC.
Bouvier es el director de esta repartición desde 2008. “Johny”, como lo llaman puertas adentro, estaba retirado (supo trabajar con Graciela Lucientes de Funes). Sin embargo, fue convocado de urgencia en aquel 2008 por el Gobierno provincial. Sucedió luego de un motín en la ahora ex Penitenciaría de barrio San Martín.
Bouvier iba a ser una suerte de interventor. Finalmente, quedó en su puesto y desde entonces viene siendo ratificado por cada gestión de gobierno.
Muerte de un interno
“Esperamos la autopsia para resolver”. Así se expresó una alta fuente judicial al referirse a la investigación en torno a las circunstancias que rodean la muerte de un recluso que se encontraba alojado en el modulo MD1 de la Cárcel de Bouwer. Una versión daba cuenta de que habría recibido golpes.
De todos modos, no hay confirmación ni desmentida por parte de las autoridades. El caso se encuentra bajo análisis de la fiscalía de José Mana, desde donde se han ordenado distintas diligencias procesales.
Desayunos en la UCA
Por otro lado, en la tarde del jueves quedó oficialmente en situación pasiva el director del Establecimiento Penitenciario N° 9 (la UCA), Julio Heredia, por haber tenido supuestamente trato preferencial con el exsubjefe de la Cárcel de Bouwer, subprefecto Sergio Alejandro Guzmán.
Guzmán permanece preso, a su vez, por integrar la supuesta asociación ilícita que ayudaba a presos en sus condiciones de alojamiento a cambio de dinero.
Fuentes oficiales señalaron a La Voz que Guzmán recibía “beneficios y tratos preferenciales” en la UCA (la Alcaidía): salía de su celda, iba al consultorio y desayunaba con el jefe del establecimiento; todas situaciones irregulares para cualquier preso.
Conocida la situación, se inició una investigación interna.
En las últimas horas, la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad (el Tribunal de Conducta) dispuso el pase a situación pasiva de Herrera. Su desplazamiento durará al menos seis meses.
No está claro si volverá a su escritorio o si será trasladado.
No hay causa penal en su contra.
Guzmán, en tanto, será enviado a la Cárcel de Bouwer. Irá al pabellón donde están presos los miembros de las fuerzas de seguridad.
Presa liberada por error
Por otro lado, la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad (el Tribunal de Conducta) dejó en situación pasiva a dos mujeres guardiacárceles por haber liberado por error a una interna de la Cárcel de Mujeres que funciona en Bouwer.
No trascendieron sus cargos, pero son oficiales de alto rango.
Fuentes del Gobierno confirmaron a La Voz que se produjo una equivocación con dos internas de mismo apellido (Pizarro). “Tenían que liberar a Mariana Pizarro y liberaron a Evelyn Pizarro... Descubierto el error, se logró la recaptura de la interna soltad por error y se le dio salida a quien correspondía”, indicó una alta fuente.
Las dos altas oficiales del EP5 quedaron en situación pasiva.
No es la primera vez que hay confusiones al liberar a presos de cárceles de Córdoba.
Pelea en Bouwer
Al menos tres reclusos resultaron con lesiones en el marco de una pelea registrada este jueves en la Cárcel de Bouwer.
Desde el Ministerio de Justicia de Córdoba se indicó que hubo una refriega por problemas de convivencia muros adentro.
