Cuatro personas están imputadas por comercialización de estupefacientes agravada y dos de ellas, también por ejercicio ilegal de la medicina en Calamuchita.
“Esto no es una cuestión jurídica, el cannabis medicinal tiene una legitimación social que debe ganarle al derecho”, manifestó Nadia Podsiadlo, la abogada que defiende a los cuatro imputados en el primer juicio por cannabis medicinal que se realizará en la Justicia cordobesa.
La principal imputada en la causa es la psicóloga Milena Pozo (51), quien reside en Santa Rosa de Calamuchita. Se la acusa de comercialización de estupefacientes agravada y ejercicio ilegal de la medicina.
La primera audiencia está prevista para este jueves, a las 9, en Tribunales de la ciudad de Río Tercero, donde el juez Marcelo Ramognino escuchará los testimonios de los imputados, un agente de la FPA que realizó el procedimiento que desencadenó el proceso y la querella. Las audiencias se retomarán el 7 de marzo, con testimonios de profesionales de la salud, entre otros actores.
“Esperamos que se respete el derecho de igualdad ante la ley, teniendo en cuenta dos fallos absolutorios de la Justicia en el mismo territorio de la provincia y en Argentina, ya que la gran mayoría de casos que llegaron a juicio también han sido con fallos absolutorios, entendiendo que el aceite cannabis medicinal no perjudica la salud pública, que es el bien protegido por la ley de drogas”, señaló Podsiadlo.
En esa línea, en las audiencias se escuchará, entre otros testimonios, a pacientes que consumen aceite y a la agrupación Mamá Cultiva, formada en 2016 para legitimar lo que venían haciendo: el autocultivo para gestionarse el aceite para sus hijos con distintas condiciones de salud, que les brindó más soluciones que la medicina alópata.
La psicóloga imputada recibió el respaldo de las 68 organizaciones que componen el frente cannábico de la provincia de Buenos Aires y de las 18 organizaciones que forman la cámara de empresarios de cannabis de Córdoba.
Podsiadlo subrayó que va por la absolución de sus defendidos, y que si no lo logran con este juez, seguirán apelando en otras instancias.
La requisitoria
Si bien para la Justicia federal el cannabis medicinal no es considerado una sustancia estupefaciente, en Río Tercero este jueves comienza un juicio con cuatro acusados por la presunta comercialización de ese producto.
Estarán en el banquillo de los acusados Nora Isabel Almeida, Leandro Alberto Flores Milena Flavia Pozo y Víctor Adrián Sandez, imputados por comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas. Además, pesa sobre Almeida y Pozo la imputación de ejercicio ilegal de la medicina.
Todo arrancó con una denuncia presentada el 28 de setiembre de 2017 por una supuesta paciente de la psicóloga Pozo. La denuncia desencadenó un allanamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico con secuestro de cannabis medicinal. En ese momento, la psicóloga vivía en la ciudad de Almafuerte y estuvo un día detenida. Pozo, además de ejercer de forma particular, integra un equipo técnico del área central del Ministerio de Educación de la Provincia, rol que hasta que no termine el proceso judicial no está desarrollando.
“Aceite”, “gotas”, “gotitas”, “dúo”, “francine” o “paloma”. Así se mencionaba al cannabis o sus derivados, según consta en las intervenciones telefónicas y dichos de numerosos testigos en la requisitoria de elevación a juicio a cargo del fiscal Luis Pizarro. “La diferencia está en la concentración de cannabis y la utilidad de cada uno”, se expuso en la causa.
La hipótesis de la fiscalía es que supuestamente Pozo vendía cannabis y el resto de los acusados habría intervenido en la distribución. Se mencionan en la acusación supuestas transacciones comerciales en Río Tercero, Córdoba, Río Cuarto, Almafuerte y Oncativo, entre otros sitios.
En función de la cantidad de sustancia estupefaciente comercializada, el valor del gotero habría costado entre 100 y 1.000 pesos, según la pesquisa judicial.
Para el fiscal, “previa división de tareas, con el objeto de obtener una ganancia y de manera habitual, comercializaron sustancias estupefacientes –aceite de cannabis y otras preparaciones, tales como cremas y tinturas a base de cannabis–”.
En tanto, en la causa, Pozo se defendió: “Niego rotundamente la imputación de ejercicio ilegal de la medicina o la profesión, basándome en que el aceite de cannabis no es un medicamento, por lo tanto, yo no suministré ningún tratamiento medicamentoso, más bien sería en todo caso una terapia alternativa”.
La requisitoria marca que, en esa línea, “cobra relevancia un informe del Colegio de Psicólogos que expresa que el ejercicio de la Psicología no habilita a suministrar, anunciar, prescribir, administrar y/o aplicar medicamentos y/o sustancias alternativas y/o sus derivados (aceites cannábicos, cremas y/o sustancias medicinales, etcétera)”.
Pozo se defendió en la investigación: “A quienes lo requerían a raíz de sus padecimientos les brindaba aceite de cannabis y muchos me llegaban derivados de médicos que atienden incluso en hospitales públicos de Río Tercero y de la zona, porque cuando la medicina tradicional ya no lograba ayudarles con sus tratamientos, los médicos sugerían tratamientos alternativos con cannabis”.
Por el contrario, para el fiscal, la principal imputada, “sin poseer título habilitante ni autorización para el ejercicio de la medicina, prescribió y administró de manera habitual tratamientos curativos, ajenos a su formación profesional, así como pretendidos medicamentos a base de sustancias alternativas derivadas del cannabis sativa, a distintas personas que le consultaban so pretexto de un tratamiento de las patologías que padecían”.
Apertura
La causa judicial que se sustancia en la ciudad de Río Tercero avanzó en un contexto de apertura y aceptación legal y científica hacia el uso terapéutico del cannabis.
Argentina aprobó en 2017 la ley 27.350 de “investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, que el Gobierno nacional reglamentó en noviembre de 2020. Córdoba adhirió a la norma en 2021.
Incluso, existe un Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), que funciona como un respaldo legal para que los pacientes puedan utilizar aceite y los habilita al autocultivo. Se creó también la cámara empresarial nacional de cannabis y Córdoba ya tiene la propia.
A su vez, dos recientes fallos absolutorios tramitados en la Justicia federal, en casos resonantes, se destacan como antecedentes a este proceso.
En esas resoluciones, el cannabis medicinal no es considerado una sustancia estupefaciente, como sí lo es en la requisitoria del juicio que se debatirá en el fuero provincial.
