Nada más contundente que la expresión “Nunca más” en el texto de una sentencia judicial. Mucho más, si esta contiene un sinnúmero de puntos a tono con el repudio a la violencia institucional, el castigo a los culpables, la ampliación de investigaciones, el dictado de precisas directivas al Ejecutivo y la declaración de víctimas y su resarcimiento.
Como lo venía haciendo de modo sostenido en fallos anteriores, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba plasmó en los puntos que le correspondían al tribunal técnico un fallo que marcará “un antes y un después” en el juzgamientos de los abusos policiales. Además, en consonancia con el jurado popular que se constituyó para este juicio por el crimen de Valentino Blas Correas (17) y sus actos de encubrimiento, emitió condenas que sancionan con dureza a los dos policías asesinos y a los efectivos que actuaron de consuno para ocultar el crimen.
Esas condenas comienzan con las dos prisiones perpetuas para los excabos 1° Lucas Damián Gómez y Cristian Javier Alarcón, autores de los disparos al Fiat Argo por el homicidio calificado de Blas y por el la tentativa de asesinato de sus cuatro amigos que salvaron providencialmente sus vidas.
Marcelo Jaime, presidente del tribunal colegiado conformado con Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno, leyó el veredicto luego de unas ocho horas de deliberación con el cuerpo popular. De manera pausada y dicción cuidada, el vocal fue revelando de uno en uno los 24 puntos del fuerte contenido de una sentencia que sorprendió a todos y dejó conformes a los fiscales, los querellantes, familiares, allegados y hasta los organismos de derechos humanos que acompañaron la lucha que encabezó Soledad Laciar, la mamá de Blas.
También recibieron condenas las dos mujeres policías que acompañaron como duplas a los homicidas, Wanda Micaela Esquivel y Yamila Florencia Martínez. Pero mientras Martínez recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión, quedó claro que Esquivel fue beneficiada por haber confesado y colaborado con la investigación, porque su pena fue de tres años y 10 meses de prisión, siendo que además ella es quien “plantó” el arma. Tras el fallo que la coloca a las puertas de una libertad condicional, sus defensores Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán insistieron que fue acertada la estrategia de colaborar con la investigación.
Luego siguieron las condenas -más elevadas- contra aquellos que participaron de las maniobras de encubrimiento, los superiores que llegaron al lugar del hecho y en torno a la plaza de las Américas se reunieron cerca de donde fue hallada el arma que pretendió adjudicarse a los jóvenes inocentes.
Sergio Alejandro González recibió 4 años y 10 meses de prisión; Walter Eduardo Soria, cuatro años y nueve meses; Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo, cuatro años y ocho meses; y Juan Antonio Gatica, cuatro años.
A los dos efectivos que estuvieron en el puesto de control conocido como “Canal 8″ (Telefé) también se los halló culpables: Leandro Alexis Quevedo, recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que Ezequiel Agustín Vélez obtuvo una pena de ejecución condicional, de dos años y medio de prisión.
En cambio, como muchos suponían, se absolvió a los dos integrantes de la dupla que recibió el testimonio de un ciudadanos que dijo que había visto “volar” un objeto desde el Fiat Argo después de haber sido baleado. Ellos son Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Manuel Toloza.
Saldos del juicio
Pero para algunos de los condenados en este juicio parece no terminar la persecución penal. El tribunal ordenó remitir antecedentes al fiscal de turno correspondiente para evaluar la posible comisión de delitos en contra de varios de ellos.
A Galleguillo, Soria, Quiroga, González, Esquivel, Alarcón, Gatica y “todo otro personal policial que pudiere ser individualizado”, se les pide investigación “por haber hecho insertar falsamente, mediante registros fílmicos, la documentación del hallazgo del arma de fuego tipo revólver calibre .22 marca Doberman, por el probable delito de falsedad ideológica”.
A “funcionarios policiales a individualizar” se les pide que sean investigado por haber detenido el Argo en la esquina de Chacabuco y Corrientes y abordar a las víctimas Juan Cruz Camerano Echavarría y Camila María Toci y no prestar el debido auxilio Blas Correas, que agonizaba. Además de la omisión de auxilio a Blas, deben ser investigados por posibles lesiones a la joven.
Víctimas de violencia institucional
Jaime hizo una pausa y aclaró que, a partir del punto 16 de la parte dispositiva de la sentencia comenzaban a enumerarse las decisiones tomadas exclusivamente por el tribunal técnico: él, Ugarte y Centeno.
El más significativo de esos puntos acaso haya sido el 17, que merece ser transcripto casi de modo literal para apreciar su alcance y contundencia. Señala que a Blas Correas, a los cuatro jóvenes que iban con él en el Fiat Argo, a los padres de Blas, a su hermano Juan Pavez Laciar, a sus abuelos maternos y a sus tías Romina Laciar y Gabriela Correas se los debe reconocer “como víctimas de actos de violencia institucional cometidos por miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba, vinculados a los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2020 y días posteriores”, a tenor de la normativa de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y las leyes nacionales y provinciales en la materia.
Multimillonarios resarcimientos
Otro capítulo de la sentencia es el que respondió a las demandas civiles entabladas por los querellantes de este juicio. Teniendo en cuenta que fueron declarados como víctimas de violencia institucional de la fuerza de seguridad provincial, no extrañó el éxito que tuvieron esos reclamos.
Por esto, de modo solidario se establece que los dos policías condenados por homicidio -Gómez y Alarcón- y la Provincia, solidariamente, deberán pagar resarcimientos civiles por cifras millonarias. Se entiende que la capacidad económica de los expolicías deja prácticamente “en solitario” al estado provincial para responder a la demanda monetaria.
El tribunal ordenó el pago de 50 millones de pesos a Soledad Laciar; 40 millones a Blas Fernando; 11,4 millones al hermano de Blas, Juan Pavez Laciar; a los abuelos Laciar deben destinarse 11,6 millones; y al esposo de Soledad, Ramiro Saravia y a la hermanita de Blas, otros 5 millones de pesos.
También recibirán recibirán resarcimientos de la misma índole los jóvenes que iban en el auto con Blas. Juan Cruz Camerano, por 6,6 millones de pesos y Cristian Bocco Cámara, por 8,2 millones de pesos.
En todos los casos, se sostiene que el resarcimiento es por los rubros daño emergente por tratamientos psicológicos y psiquiátricos. A los familiares más cercanos a Blas, como a su madre, se les agregan pérdida de chance de ayuda futura, pérdida de chance de posibilidad de ascenso en carrera laboral y daño moral.
El comienzo de las lágrimas
Tras finalizar la lectura del veredicto, el ala de la sala situada a la izquierda de los vocales mostró su reconocimiento por el fallo. Del otro lado, los defensores eligieron un prudente silencio. Sí mostraron su satisfacción -en otro recinto- los defensores de los dos absueltos, los abogados Claudio Alejandro Massera y Carlos Alberto Bustamante (Toloza) y Roberto David Saposnicoff (Martínez).
Soledad, al igual que a la mañana volvió a soltar el llanto, como no lo había hecho durante todo el proceso, cuando decía que no podía llorar.
Detrás de los padres de Blas, se había sentado Sonia Torres, la abuela de Plaza de Mayo con la que Soledad marchó el pasado 24 de Marzo. Presenció la audiencia serena, en silencio.
Cuando todos marchaban a la conferencia de prensa que daba la familia en un hotel céntrico, La Voz eligió acercarse a ella y le preguntó qué le parecía la sentencia que acababa de escuchar. Sonia, muy calmada, dijo reflexiva: “Nosotros vinimos de Abuelas para buscar memoria verdad y justicia. Y hemos ganado”.
Luego, comentó: “Lástima que esto la familia lo va a sufrir mucho tiempo. Me retrotraigo 45 años atrás y sé lo que es perder los hijos”.
A lo largo del proceso judicial que se inició en agosto de 2020, Soledad repitió varias frases. Una de ellas fue “esto es sólo el comienzo”, en referencia a su lucha por cambios en la Policía. Este viernes obtuvo una primera recompensa a su objetivo.
La otra idea que la mamá de Blas siempre mencionó es que tal vez después del juicio pueda comenzar a hacer el duelo por su hijo.
