En la semana que cierra, uno de los hechos salientes es la elevación a juicio de uno de los casos más traumáticos para la sociedad cordobesa de los últimos meses: el asesinato de Valentino Blas Correas (16) a manos de policías de la Provincia de Córdoba.
Tal vez no ha sido destacado de modo suficiente el enfoque que le dio el fiscal José Mana a lo que significa este crimen cometido por una fuerza de seguridad del Estado provincial. El instructor de la causa enmarca el caso como un hecho de “violencia institucional” perpetrado por efectivos de la Policía.
El funcionario judicial señala que este asesinato “nos lleva a reflexionar sobre la necesidad como sociedad de generar una profunda transformación en las fuerzas de seguridad”. Y aplicando una mirada singular, indica que “nuestra forma de gobierno nos exige que se democraticen y se formen (los policías) de manera integral con una perspectiva anclada en los derechos humanos”.
Esa mirada singular no es otra que una perspectiva de derechos humanos en esta causa, como se desprende de todo hecho de violencia institucional. Aquello que es de “lesa humanidad” conlleva el requisito de tratarse de violencia estatal hacia integrantes de la comunidad.
Mana dice que los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Alarcón “inobservaron las reglas propias de su cargo, abusando de esta manera de su función” de policías.
En uno de los párrafos de la elevación a juicio, el instructor sostiene: “El abuso de la función como miembro de la fuerza policial surge claramente, toda vez que la situación que dio origen al accionar de los uniformados no los facultaba a esgrimir, y menos aún a disparar, a quienes se conducían en el vehículo Fiat Argo”.
Por si hiciera falta, el escrito da el marco de referencia de estos conceptos: “Los compromisos emergentes de la normativa internacional en materia de derechos humanos suscripta por nuestro país”. Y añade que “gran parte de estos tratados, convenciones, protocolos, se encuentran integrados a nuestra Constitución Nacional” desde la reforma de 1994.
Más allá de la consideración del instructor con los que dispararon a matar a cinco adolescentes, esta “mirada de derechos humanos” está presente también en el conjunto de 11 funcionarios policiales que tejieron una trama de encubrimiento de los primeros.
Ese accionar, que incluyó omisión de deberes, falsos testimonios y hasta “plantar” un arma, no es ajeno a numerosos casos que se ventilan en los tribunales, en particular cuando se trata de homicidios de “gatillo fácil”. Blas vino a desnudar toda una “idiosincrasia” policial a la hora de encubrir irregularidades funcionales.
Tal vez este tipo de fenómenos protagonizados por algunos uniformados sea uno de los peores ejemplos de la herencia de la dictadura cívico-militar. La violencia institucional es una gran deuda de la sociedad y del poder político, en definitiva el último responsable del control de las fuerzas de seguridad.
Entre los puntos de educación y democratización pedidos por Mana, las fuerzas de seguridad deben ser instruidas para asumir el respeto de los derechos humanos e interpretar su verdadero rol en la sociedad.
