El juez federal Carlos Ochoa sobreseyó a cinco policías acusados de haberse apoderado presuntamente de drogas y de dinero durante un allanamiento realizado en 2017 en la ciudad de Bell Ville, causa en la que dos sospechosos sí irán a juicio.
La investigación sobre la supuesta actuación ilícita de los efectivos de la Federal comenzó cuando el fiscal José María Uriarte recibió una denuncia anónima de un presunto expolicía sobre supuestas irregularidades durante un allanamiento efectuado meses antes –el 26 de abril de 2017– en la casa de Alberto “el Topo” Astudillo, y de su hijo, Miguel Alejandro Astudillo. También se realizó otro operativo en la casa de Damián Pacheco, otro sospechoso, quien vivía al lado.
Sospechas en la Federal y apertura de causas
El fiscal acusó al oficial inspector Diego Javier Amaya (con la supuesta participación de los cabos Walter “Sapo” Taormina, Juan Carlos “Juancho” Morano, Maximiliano Guevara, y el sargento Jorge Ossés).
Uriarte señaló que los efectivos ingresaron al lugar al menos con 30 minutos de antelación, a las 18.32, de aquel 27 de abril –así consta en el acta–, y aseguraron la finca y a los que se encontraban allí. Que luego registraron el lugar sin la presencia de testigos, que fueron convocados a las 17.30, pero que la Federal llegó al lugar del operativo cerca de las 18.45.
El fiscal agregó que en el acta se consignó el hallazgo de $ 41 mil, de 788 gramos de marihuana y de 290 gramos de cocaína. Sin embargo, según planteó en la acusación, había más dinero y más drogas que no fueron asentados en el escrito oficial. De ese modo, les imputó haberse apropiado ilegítimamente de unos $ 40 mil de la vivienda allanada.
También le achacó a Amaya haber presuntamente dicho una falsedad, negado o callado la verdad respecto de los hechos ocurridos en el allanamiento. Además, le adjudicó haber contado con la participación de Taormina, de Morano, de Guevara y de Ossés para incumplir sus deberes como funcionarios policiales.
A su vez, acusó a Morano, a Taormina y a Amaya de adueñarse ilegítimamente de una fracción de droga (al parecer cocaína) no precisada y acondicionada en envoltorios, que estaba en poder del “Topo” Astudillo. Según la acusación, el estupefaciente fue localizado por Morano y quedó en manos de Taormina.
A pesar de que Pacheco y los Astudillo fueron procesados (por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; a Pacheco se le sumó tenencia ilegítima de DNI ajeno) y estar completa la instrucción, el fiscal pidió al juez la nulidad del procedimiento policial en la casa del pasaje Los Inmigrantes 640 y del acta por “irregularidades y/o vicios”, y le solicitó el sobreseimiento de los Astudillo y de Pacheco.
El instructor adujo que había dos investigaciones preliminares relacionadas con posibles irregularidades policiales. Una iniciada por una denuncia anónima del presunto expolicía por el supuesto accionar “corrupto” de Amaya, de Taormina, de Morano, de Guevara y de Ossés en el allanamiento en la casa de los Astudillo.
Carlos Kramer, defensor de Taormina, de Morano y de Guevara, pidió la nulidad de la denuncia y de todo lo actuado con posterioridad, los sobreseimientos y la recusación del fiscal.
La otra investigación apuntaba contra Amaya por presuntas amenazas a compañeros de la seccional federal.
En 2019, el juez Pinto rechazó el planteo de recusación del fiscal y dictó la falta de mérito de Amaya, de Taormina, de Guevara, de Morano y de Ossés. Finalmente, la Cámara de Apelaciones revocó la falta de mérito de los cinco efectivos y le pidió al juez que profundizara la investigación, rechazó los pedidos de sobreseimientos de sus defendidos y recusó al fiscal.
A las dos causas existentes se sumó una tercera por las supuestas amenazas que habrían sufrido el sargento federal Cristian Antonio Planel y otros efectivos, que también llevaba el fiscal Uriarte, por parte de Amaya.
“A vos, vos y vos, esto se paga con sangre. No sé lo que han hecho, pero me denunciaron, y me la van a pagar con su vida”, les habría dicho Amaya, según consta en la acusación. Los presuntos dichos intimidatorios habrían ocurrido a raíz del traslado de Amaya y de otros efectivos a otros destinos.
El juez, sin embargo, le dictó la falta de mérito a Amaya y ordenó que el fiscal ahondara la investigación para esclarecer la situación. Posteriormente, el instructor pidió el procesamiento y la defensa, el sobreseimiento.
Sobreseimientos y elevación a juicio
La causa madre (por la droga hallada en la casa de los Astudillo) tuvo una “segunda parte” cuando a esta se acumularon el segundo expediente (la denuncia anónima) y el tercero (supuestas amenazas). En abril de este año, el juez interviniente en reemplazo de Pinto, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado de Bell Ville, dictó la falta de mérito para los cinco policías (quedó firme por entonces).
La fiscal subrogante (en sustitución de Uriarte), María Marta Schianni (de Villa María), había calificado las posibles maniobras de los efectivos en falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario y sustracción de elementos. Luego, sólo a Amaya le sumó falso testimonio y sustracción de elementos destinados a servir de prueba en una investigación penal (esta última figura también adjudicada a Taormina, a Morano y a Ossés).
Sin embargo, la instructora luego solicitó los sobreseimientos de los efectivos por la imposibilidad de hallar nuevas pruebas para dilucidar el accionar de los imputados. Finalmente, el juez consideró válida el acta policial –cuestionada originalmente por el fiscal Uriarte– porque fue firmada por los que intervinieron en el procedimiento (ratificada más tarde en sede policial y judicial) y también por los testigos civiles.
También advirtió que las pruebas y testimoniales –por las que se acusó a los policías– presentaban diferencias, contradicciones e inconsistencias. A partir de eso y de lo planteado al dictarles la falta de mérito y la imposibilidad de obtener nuevas pruebas, los sobreseyó.
En cambio, envió a juicio a Pacheco y a Alejandro Astudillo (no a su padre, sobreseído por fallecimiento). Al primero, por tenencia de estupefacientes con fines de venta y tenencia ilegítima de un DNI ajeno. Y al segundo, por tenencia de droga para comercialización.
