Una presunta banda de delincuentes que habría estafado por más de 500 mil dólares (o 721 millones de pesos) a múltiples damnificados al vender vehículos robados o “gemelos” ofreció 150 mil dólares (o 211 millones de pesos) para evitar ser enjuiciados por 156 defraudaciones y ser sobreseídos.
La propuesta de los defensores Eduardo Gómez Caminos (en representación del imputado Cristian Daniel Villarino); Juan Manuel Riveros (por Aaron Bullo y su padre Gustavo Ricardo “Manco” Bullo), y Cristian Nicolás Falco (por Ramiro Jonathan Argüello) fue rechazada por la jueza Carolina Prado, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.
Están acusados por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la titularidad de dominio, y estafa.
De qué se acusa a la banda
Los sospechosos quedaron bajo la lupa tras la denuncia que un damnificado presentó en la Justicia. Relató que en septiembre de 2015 compró una Toyota Hilux SRV publicitada en la página de internet OLX.
Cerró la adquisición con su vendedor en la localidad de Villa General Belgrano, pero al hacer la inscripción dominial, detectó que era “melliza”. La por entonces fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena (luego sustituida por Rodolfo Cabanillas), inició la investigación y acumuló otras seis causas en virtud de la “lluvia” de denuncias y 156 hechos estafatorios registrados hasta 2017.
Así, estableció que no se trató de un estafador sino de la existencia de una asociación ilícita que operó de 2015 a 2017 en Alcira Gigena, Almafuerte, Embalse, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Santa Rosa de Calamuchita.
De forma coordinada, la banda habría recibido vehículos robados y/o hurtados para venderlos a terceros que desconocían esos orígenes. Para ocultar la ilicitud, habría falsificado la documentación con una numeración correlativa plasmada en las cédulas y títulos, con sellos y firmas falsificados y hasta modificando los números de las patentes o sustituyéndolas por falsas para fabricar autos “gemelos” o “mellizos”.
Una vez “empapelados” con esa falsa documentación, el grupo habría publicitado los “gemelos” en OLX, Mercado Libre y Alamaula, en un intento por “blanquear” los rodados robados en el mercado legal. Creyendo que compraban de buena fe, las víctimas entregaron sus vehículos y/o dinero en efectivo como parte de pago.
Los roles
Para lograr sus cometidos, la banda se habría organizado con una clara división de roles: Villarino habría recibido de personas no identificadas los autos sustraídos en distintos lugares del país, para convertirlos en “gemelos”.
Para maximizar las ganancias espurias, los vehículos a vender eran generalmente los “más rentables”: camionetas Toyota Hilux, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok, Renault Duster y Ford Ranger último modelo, en excelente estado y con poco kilometraje.
Pero Villarino no habría tenido esa sola tarea, ya que además se habría contactado con los “proveedores” de los formularios originales en blanco (necesarios para perfeccionar las maniobras) robados en Buenos Aires y Santa Fe.
Paralelamente, y en complicidad con los Bullo, Villarino habría captado a las potenciales víctimas usando nombres falsos y diversas líneas telefónicas para, una vez concretadas las estafas, dificultar el rastreo de sus identidades reales.
Para persuadir a las víctimas de comprar los rodados, los integrantes de la banda se habrían valido de conversaciones engañosas relacionadas con temas agrícolas, a fin de generarles la confianza suficiente.
Por su parte, Aaron Bullo habría sido el responsable de completar la documentación original en blanco con datos de vehículos similares a los que vendían. También habría acondicionado las camionetas con una baja de los kilómetros reales y con la elaboración de duplicados de las llaves. Fue captado en una intervención telefónica cuando consultó a una cerrajería si se dedicaba a “bajar” el kilometraje de los autos: “Te quería hacer una consulta: ¿ustedes ‘bajan’ los kilómetros de los autos? Voy siempre ahí a hacer las llaves… los duplicados”.
“¿Vos sos el de las Toyota?”, le preguntó el cerrajero. “Claro, exactamente”, le confirmó. Su padre, Gustavo Bullo, también efectuaba los trámites para transferir los vehículos entregados por los compradores en forma de pago por los “gemelos”.
La “cara visible”
La organización sólo tenía una “cara visible” para cerrar los acuerdos: Argüello. Se encargaba de entregar los vehículos y la documentación falsa a los damnificados, haciéndose pasar por el familiar del vendedor, porque “justo” este había tenido un inconveniente para asistir.
Así, Argüello conducía el vehículo hasta el lugar de encuentro pactado por los Bullo y Villarino y luego recibía el dinero o el auto del comprador en parte de pago. A través de las declaraciones de varios damnificados, pudieron identificarlo por su fisonomía y particular dentadura: “Era joven, vestido de gaucho, usaba boina y lentes y una camisa a cuadros. Tenía los dientes manchados como con sarro. Hablaba muy tranquilo”, dijo una de las víctimas.
Las fabulosas ganancias se habrían repartido entre los cuatro, según el porcentaje que le correspondía a cada uno por su trabajo. Posteriormente habrían utilizado los millones para comprar bienes muebles e inmuebles a su nombre.
No a la reparación
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, envió a los imputados a juicio, por lo que el defensor Gómez Caminos (por Villarino) ofreció al Tribunal N° 2, de Prado, U$S 100 mil (a valor del dólar MEP) como reparación integral (pagaderos al dictar la sentencia) y U$S 50 mil más a entregar en 120 días desde el dictado del fallo. Los otros acusados ratificaron ese monto.
La auxiliar fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al proceso penal, Lorena Martelli, bajo la órbita de la Fiscalía General N° 2, de Carlos Gonella, solicitó al tribunal convocar a una audiencia para formalizar la propuesta y escuchar a las víctimas.
Los imputados ratificaron la propuesta, mientras que algunas víctimas manifestaron que la propuesta no satisfacía la reparación integral pero que prestaban su conformidad; otras dieron su conformidad, y un tercer grupo la rechazó.
El defensor de Villarino mejoró la propuesta: U$S 100 mil pagaderos al momento de quedar firme la sentencia y U$S 50 mil en 60 días (no en 120).
El Ministerio Público dictaminó que si bien no era una propuesta integral, tuvo en cuenta que la mayoría de las víctimas (14 de ellas) brindaron su consentimiento, lo que daba transparencia al ofrecimiento como solución del conflicto.
La defraudación estimada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) alcanzó la enorme cifra de 512.785 dólares. El monto fue calculado en dólares porque, durante las estafas, algunas víctimas entregaron dólares y otras pesos, frente a lo cual los fiscales consideraron que todos debían recibir dólares, por el proceso inflacionario.
Para distribuir los U$S 150 mil entre las víctimas, la Fiscalía consideró la proporcionalidad con el perjuicio sufrido por cada una y estimó el porcentaje en que participó cada hecho sobre el total. Eso arrojó el porcentaje para cada damnificado (dos fallecieron y, al no tener aparentemente herederos, el monto debería ser depositado a la espera de deudos y/o más víctimas).
De este modo, el MPF consideró que la propuesta era razonable y adecuada para reparar el daño, pero la jueza Prado no hizo lugar al ofrecimiento. “La integralidad de la reparación no se limita al resarcimiento económico, sino que comprende todas las dimensiones del perjuicio: daños materiales, gastos derivados del proceso o de la recuperación de la víctima, eventuales daños morales o simbólicos, y cualquier otro aspecto razonablemente vinculado”, recordó.
En este sentido, la magistrada sostuvo que “es claro que la reparación no puede ser meramente parcial o simbólica, ya que ello frustraría la finalidad de la norma de garantizar la pacificación del conflicto mediante la efectiva satisfacción de la víctima”. Al respecto, recalcó que la propuesta de reparación, para concederse, debe ser “integral en sentido estricto”, es decir abarcadora de la totalidad de los perjuicios ocasionados, adecuada en su cuantía, idónea en su ejecución y satisfactoria para las víctimas.
En este caso, dijo que era “evidente” que la propuesta no cumplía la condición de integralidad para reparar el perjuicio. Indicó que los U$S 150 mil eran “muy inferiores” a los U$S 512.785, sumado a que los imputados no acreditaron la licitud de los fondos ofrecidos. De esta forma, los imputados podrán presentar una nueva propuesta si buscan alcanzar el sobreseimiento.
