Leandro Quijada, vocal unipersonal de la Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, condenó a un año y medio de prisión en suspenso a un automovilista que agredió a dos choferes del transporte público de pasajeros local y, además, rompió el parabrisas del ómnibus en el que viajaban unas 80 personas.
El violento episodio ocurrió en barrio Irupé, en el extremo sur de la ciudad de Córdoba, sobre Vélez Sársfield al 4.100, cuando al mediodía del pasado 16 de julio el automovilista Diego Fernando Figueroa (34) se conducía junto a su pareja en un Renault 18 Break. En ese momento, el colectivo de la línea 50 de la empresa municipal Tamse debió realizar una maniobra inesperada por el cruce de otro vehículo, por lo que momentáneamente dificultó la circulación del R18. Esto parece haber enfurecido a Figueroa que, metros más adelante, cuando el ómnibus frenó en una parada para cargar y descargar pasajeros, subió al rodado mayor y golpeó con puños y puntapiés a su conductor y a un colega que lo acompañaba.
Los trabajadores del volante trataron de defenderse, pero recibieron fuertes golpes del descontrolado Figueroa. Al final, los tres terminaron peleando en el piso y fue necesaria la intervención de una mujer -la pareja del agresor- para que el automovilista se retirara de la golpiza.
Pero no lo hizo por mucho tiempo, ya que de inmediato se dirigió hasta su automóvil con el fin de buscar una barra trabavolante, con la que volvió hasta el colectivo y le rompió el cristal del parabrisas.
Además del daño a la unidad del transporte público de pasajeros, que estaba cargada con unas 80 personas, ambos colectiveros sufrieron heridas leves, uno en un brazo y el otro en el rostro.
Los 80 pasajeros de la unidad de transporte público pasaron un momento de terror frente a la inesperada agresión.
La empresa municipal de transporte formuló denuncia judicial que recayó en la Fiscalía de Distrito 1, Turno 3 de Córdoba. Eduardo Ramírez, presidente de la Tamse, informó en aquella oportunidad a La Voz que en un colectivo de la línea 50 “se produjo un altercado”, durante el cual el conductor de un automóvil de manera exagerada le cruza el vehículo en la vía pública y atenta físicamente contra nuestro conductor”.
El funcionario Ramírez apuntó en aquella oportunidad que “la situación se salió de control” y añadió: “Este hombre rompe el parabrisas con un caño, en un hecho lamentable de violencia”.
Detenido en aquella oportunidad, Figueroa fue imputado por el fiscal de instrucción José Mana por los delitos de “lesiones leves reiteradas” y “daño”, ambos tipos penales en concurso real. La instrucción fue rápida y también fue expeditivo el trámite que la Cámara 3ª del Crimen y su fiscalía le imprimieron para llegar en sólo 15 días a la realización del juicio oral que se concretó esta semana.
En esto tuvo mucho que ver el acuerdo entre la acusación y la defensa del acusado. Con el abogado de Figueroa se acordó la realización de un juicio abreviado que terminó con un proceso por una agresión que a mediados de julio pasado se difundió por diversos medios masivos de comunicación social locales.
La acusación en la audiencia del debate abreviado estuvo a cargo del fiscal de la Cámara 3ª Marcelo José Hidalgo, junto al auxiliar Juan Manuel De Domingo, quienes solicitaron la pena que el juez Quijada terminó aplicando. Además de la condena de año y medio de prisión en suspenso, se inhabilitó por ese período a Figueroa para conducir automóviles, con la suspensión de su licencia.
En su alegato el fiscal sostuvo que se solicitaba la sanción mencionada “con fundamento en que la conducta descripta implicó un abuso en el ejercicio de una actividad autorizada por el Estado (a través del otorgamiento de la licencia para conducir), provocando un riesgo tanto para el pasaje como para otros conductores y peatones”.
Finalmente, el vocal unipersonal Quijada acogió la petición de los representantes del Ministerio Público y aplicó la pena solicitada.
Por otra parte, un aspecto destacado de esta sentencia es que se impuso al condenado la obligación de realizar, durante tres años, un “tratamiento de educación vial“, según lo informaron fuentes judiciales.
