“Estos ataques contra policías, lamentablemente llegaron para quedarse. Y preocupa y mucho. Pero el tema central es que la Policía actúe y haga cumplir la ley sin excesos, como está pasando. Se están frenando los excesos en las calles, por suerte. A la vez, los policías están actuando más y eso trae reacciones en algunas barriadas. Ahora, detrás de esto, está claramente la droga. Cada vez cuesta más encontrar a detenidos por robos o delitos que no hayan consumido o consuman”.
La frase pertenece a una alta fuente judicial en torno a la imparable secuencia de ataques y agresiones contra uniformados, edificios policiales y móviles que se viene registrando en los últimos tiempos en la ciudad de Córdoba.
Estadísticas oficiales dan cuenta de 600 agresiones desde hechos menores hasta casos más graves en los últimos 17 meses.
Y entre los últimos episodios graves están dos casos de la madrugada del jueves: por un lado, una turba atacó a pedradas la comisaría de barrio Ciudad de Mis Sueños tras un procedimiento policial por una moto; por el otro, el ataque de un grupo de chicos con una bomba incendiaria contra el auto del oficial de custodia de otra comisaría, la de Müller.
En este último hecho, ese policía terminó con quemaduras en manos.
La Policía reaccionó con detenciones y una alta cantidad de disparos con postas de gas pimienta para descomprimir a revoltosos.
En medio de todo, en ambos casos participaron chicos y jóvenes menores de edad, según fuentes policiales y judiciales. Por el caso de la molotov, incluso, fue demorado un adolescente de 14 años que cuenta con un preocupante historial de delitos en los últimos meses y con familiares vinculados a graves casos años atrás.
La mayoría de estos chicos son inimputables. En otros casos, han pasado por estamentos de Senaf.
En el Ejecutivo hay alta preocupación por estos episodios.
Desde el Ministerio de Seguridad niegan que haya un efecto contagio y relacionan las agresiones contra uniformados “a una mayor acción y presencia de azules en los barrios”.
Hablan de “acción y reacción”. “Hay una locura que se extiende en muchos barrios. Hay una fuerte crisis de valores e intolerancia sumada a la violencia. Lo venimos viendo y diciendo. ¿Dónde se ha visto que en los barrios haya baldes con piedras para que los chicos y jóvenes se los lancen a los policías? ¿Dónde se ha visto que un pibe de 14 arme una molotov?”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
En este cuadro, la Justicia penal también ha reaccionado.
Por directivas de la Fiscalía General, al fiscal Raúl Garzón se le asignó competencia para investigar y actuar en casos de agresiones contra policías y blancos de la fuerza en Capital.
Desde esa fiscalía se informó que desde febrero de 2024 a la actualidad (16 meses) se abrieron 205 causas por ataques a uniformados, de las cuales ya hubo 10 condenados (principalmente jóvenes varones) a penas de cárcel por delitos como lesiones, resistencia a la autoridad y daños, en el marco de juicios abreviados.
En paralelo, hay 84 detenidos por ataques contra policías, 19 de los cuales ya cuentan con prisiones preventivas y por ser enviados a juicio.
¿Agravar penas?
Días atrás, el gobernador Martín Llaryora volvió a insistir su preocupación por los ataques contra policías y reclamó que se agraven las penas a la hora de las condenas.
En ese sentido, el ministro Quinteros viene haciendo un llamado a legisladores nacionales para que se modifique la legislación y se agraven las penas en el Código Penal cuando el atacado sea un policía.
Desde Tribunales de Córdoba no hay una postura alineada en ese sentido. Si bien hay algunas voces apoyan el reclamo del Gobierno, se oyen posiciones en contrario.
Por caso, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo dijo este jueves en declaraciones a la prensa que “no es necesario agravar las penas, sino hacerlas cumplir”. En charla con radio Mitre Córdoba, Hidalgo remarcó que hay delitos contemplados en la ley y con escalas adecuadas y que incluso ya hay agravantes.
De todos modos, el fiscal resaltó que la ley está, sólo falta aplicarla y ejecutarla en consecuencia.
Por lo bajo en Tribunales, no son pocos los que señalan a la par que, más que pedir más penas, hay que insistir con la preparación para evitar agresiones en contra, y no cesar en los controles internos para evitar que haya efectivos involucrados, cada tanto, en hechos delictivos.
En esa línea, hay fuentes judiciales que volvieron a remarcar la importancia de capacitar para evitar abusos policiales a la hora de operativos.
En Tribunales apuntaron que, meses atrás, un hombre murió en medio de una detención policial en una estación policial.
¿Efecto contagio?
Mientras fuentes policiales observan las agresiones contra comisarías, patrulleros y contra efectivos (incluso los casos de efectivos arrollados en controles) como una suerte de “efecto contagio”, desde el Ejecutivo, la Justicia y algunos actores sociales relativizan esa situación. Señalan que se trata de una respuesta de algunos grupos de jóvenes en barriadas periféricas a la presencia policial y a detenciones por delitos y controles que se realizan.
En el último año, a la par de agresiones a golpes a policías, se vienen registrando ataques a patrulleros y ataques a algunas comisarías de zonas periféricas ya sea a pedradas y hasta con bombas incendiarias y disparos.
“No creo que haya un efecto contagio. Lo que tenemos es acción y reacción. Ahora, la Policía se mete a todos lados. Los vecinos de zonas complejas nos llaman porque no quieren delincuentes en sus barrios y la Policía va, se mete y detiene. Y eso no le gusta a algunas bandas y nos agarran a pedradas”, dijo Quinteros.
Desde Seguridad señalan que se van a incrementar controles con Guardia de Infantería en “lugares críticos” de la Capital.
Quinteros sostuvo que son bandas puntuales y que son detenidas. Desde algunos despachos oficiales añaden y con un “tiro por elevación a la justicia”: “Se detienen a muchos ladrones, los sueltan, se los detiene, los sueltan…”.
Chicos, delitos y drogas
Otro punto que no deja de causar preocupación es la presencia de chicos y adolescentes menores vinculados a graves episodios en los últimos tiempos como asaltos, varios de los cuales han terminado con serios saldos de víctimas.
De todos modos, la estadística oficial es clara: la proporción de menores en hechos delictivos sigue siendo muy baja en comparación a los adultos.
Más allá de los números, hay alta preocupación por la participación de pibes de 13, 14 y 15 años en asaltos a choferes de aplicaciones o en asaltos callejeros armados. La mayoría de ellos pasó por instancias de la Secretaría de niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
“¿Qué hace un chico de 14 armando, con amigos, bombas molotov?”, se oyó en un despacho.
En todo este cuadro, lo que no deja de encender alertas es, según coinciden las fuentes, la alta incidencia de la droga en muchos barrios y su consumo por parte de aquellos jóvenes que se han volcado al delito, al tiempo que sigue generando enfrentamientos entre bandas.
Querellantes e indemnizaciones
Al caer la tarde del jueves, desde el Centro Cívico se indicó que hay intenciones de que la Provincia se presente como parte querellante en causas penales donde haya uniformados o sedes atacadas.
Incluso, se planea accionar civilmente para recibir indemnizaciones por parte de quienes golpeen o atropellen a uniformados en controles.
Desde Tribunales, en tanto, algunos observan ese proyecto como “una idea adecuada” sobre todo contra quienes atropellan a uniformados.
Otros, lo ven con dudas.
