Un conductor que, en mayo pasado, arrastró a un policía colgado literalmente de su camioneta, durante unos 700 metros por la Avenida de Circunvalación de Córdoba capital, fue condenado en las últimas horas por graves cargos, como privación ilegítima de la libertad y lesiones leves, a tres años de prisión condicional. No irá preso, pero deberá cumplir con varias exigencias para no ir a la cárcel. De todos modos, estuvo tres meses en la Alcaidía.
Además de haber sido sentenciado en juicio abreviado, Pablo Medrano fue inhabilitado para conducir por tres años y además se le incautó la camioneta en cuestión: una Ford Ranger que no le será devuelta.
A todo esto, el uniformado logró recuperarse de las lesiones que sufrió. Hubo un acuerdo económico privado entre él y quien lo arrastró aquella tarde.
La causa fue llevada adelante por el fiscal Raúl Garzón, quien investiga los casos de agresiones a uniformados, y el fallo condenatorio fue avalado por el juez de Control Juan Fernández López.
Lo sucedido se agrega a una preocupante serie de episodios callejeros de uniformados arrastrados o golpeados por conductores de vehículos que son controlados por faltas varias en Córdoba.
Un caso dramático en la Circunvalación
El episodio sucedió el sábado 31 de mayo a las 18.45 en la Avenida de Circunvalación, entre Juan B. Justo y Alem, zona norte de la capital cordobesa.
Por el lugar circulaba una Ford Ranger con al menos cuatro ocupantes en su interior. La 4x4 fue detenida en un control de la Caminera porque, según se indicó, llevaba las luces bajas apagadas.
Fue entonces cuando el cabo de policía Aldo Lencina se acercó al conductor para pedirle la documentación y labrarle un acta.
Voceros de la causa señalaron que el agente Lencina detectó aliento a alcohol por parte del conductor, por lo que convocó a su par para que trajera el aparato para hacer el test.
En ese momento, las cosas cambiaron de color y para peor.
Al parecer, el conductor se negó a entregar la documentación mientras habría comenzado a “jugar” con que “le daba o no” el carné. Y arrancó.
El uniformado señaló en el expediente que jamás quiso sacarle la llave y que introdujo sus manos para sujetar el volante ya que la camioneta comenzaba a arrancar y necesitaba sujetarse de algo.
“Morite, h… de p…”
Fue en esas circunstancias cuando, siempre según el policía, el conductor le habría dicho: “Morite, flaco, morite, h… de p…”, mientras le iba sacando los dedos del volante y aceleraba.
La demencial secuencia bajo investigación duró algunos segundos.
El policía fue llevado a la rastra de la camioneta hasta que finalmente se soltó y cayó al pavimento.
En la causa se determinó que fue arrastrado 700 metros.
La fortuna quiso que no terminara atropellado por otros vehículos. De todos modos, terminó con golpes.
La camioneta con todos sus ocupantes escapó y fue seguida por un remisero que fue testigo clave.
El rodado fue abandonado en villa La Tribu, pero su conductor recién se entregó ante la Justicia provincial 36 horas después.
En compañía de su abogado defensor, Medrano se presentó en Tribunales II. El fiscal Garzón ordenó su detención y lo imputó por la novedosa figura de privación ilegítima de la libertad (para un caso de ese tipo) y lesiones dolosas agravadas.
De hecho, Garzón llegó a barajar la posibilidad de agravarle los cargos a tentativa de homicidio. Finalmente, no lo hizo.
El policía se recuperó, pero quedó con algunos padecimientos para volver a trabajar.
Liberación, juicio y condena
Medrano estuvo tres meses preso hasta que recuperó la libertad. Finalmente, si bien siguió imputado por privación ilegítima de la libertad, su caso fue recalificado por lesiones leves. El hombre dijo que trabajaba como empleado de limpieza.
Su abogado mantuvo contactos con el fiscal Garzón y avanzó en un juicio abreviado que finalmente fue avalado por el juez de Control.
Medrano fue condenado a la pena de tres años de ejecución condicional, además se le prohibió manejar por la misma cantidad de años y, finalmente, se dispuso la incautación definitiva de la camioneta con la que cometió el delito. “El decomiso del vehículo fue una accesoria, no inédita, pero sí muy importante. Estos casos no pueden quedar así como así”, señalaron desde la Fiscalía.
Como se dijo, en paralelo, hubo un acuerdo económico entre el policía atropellado y el conductor por un monto que no trascendió.
Policías agredidos: el Ejecutivo reclamó más castigo
Cabe recordar que, cuando sucedieron estos hechos, desde la Provincia se volvió a reclamar que los legisladores nacionales presentaran o apoyaran modificaciones al Código Penal (el artículo 40) para agravar penas contra todo aquel que cometa un delito en perjuicio de un uniformado.
El gobernador Martín Llaryora incluso reclamó a viva voz un máximo castigo para quien atacara a un policía en Córdoba.
Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, fue incluso más allá: les sugirió a los fiscales que actuaran con firmeza contra aquellos que agrediesen a uniformados.
El funcionario señaló que estos hechos y las agresiones a efectivos y bienes policiales están en aumento y representan –según consideró– “una vulneración al orden democrático” de la comunidad.
Fuentes gubernamentales entienden que, “hasta que se agraven las penas para quienes atacan a policías, esos hechos seguirán pasando”.
Por lo bajo, en algunos despachos judiciales reconocen que, si bien es preocupante la seguidilla de ataques contra uniformados, entienden que todo tiene relación con una crisis social generalizada y no contra un sector determinado de la comunidad.
