El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) convocó recientemente a jueces, funcionarios judiciales y abogados matriculados de la provincia a participar en las elecciones para renovar los miembros del Consejo de la Magistratura y de las Salas de este organismo, según lo prevé la ley 8802. La convocatoria es para el próximo jueves 4 de diciembre en la ciudad de Córdoba y en las circunscripciones judiciales del interior provincial.
El “Acuerdo 1173” de los vocales del TSJ marca el comienzo de una etapa clave para la selección de los magistrados y funcionarios judiciales en la Provincia. Este proceso electivo no solo define quiénes ocuparán los cargos en el Consejo y en las Salas, sino que también establece cuál será la impronta para garantizar las aspiraciones de transparencia, la igualdad de representación y la participación de los distintos estamentos involucrados: abogados, jueces y funcionarios judiciales.
El acuerdo firmado por los vocales Luis Angulo, Luis Rubio, Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati -además del administrador general Luis María Sosa Lanza Castelli-, establece los requisitos generales para los candidatos y la organización del proceso electoral, incluyendo la integración de la Junta Electoral, la confección de padrones, la designación de mesas receptoras de votos y la fiscalización del acto electoral. La votación se realizará mediante boleta única de sufragio (BUS), de manera individual, personal, secreta y obligatoria, asegurando que cada voto tenga igual valor dentro de la sección y el circuito electoral correspondiente.
Los cargos a renovar
En estas elecciones se renovarán los representantes de los distintos estamentos que integran los órganos de selección y disciplina de la Justicia provincial.
Por un lado, los jueces y funcionarios judiciales elegirán a sus propios delegados ante las Salas creadas por la Ley 8802, mientras que los abogados matriculados designarán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Cada uno de estos cuerpos cumple un rol esencial en los procesos de evaluación, designación y control del desempeño de magistrados y funcionarios, por lo que la elección de sus miembros resulta clave para el funcionamiento institucional del Poder Judicial de Córdoba.
Es interesante apreciar que esta renovación se da con un grado proporcional de representantes por cada estamento, a saber: estamento de abogados de la matrícula: por la Primera Circunscripción Judicial, un titular y dos suplentes; estamento de abogados de la matrícula: por las circunscripciones judiciales Segunda a Décima (representación del interior), un titular y dos suplentes, estamento de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura: por la Primera Circunscripción Judicial, un titular y dos suplentes, estamento de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura: por las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima, un titular y dos suplentes.
Por otro lado, las elecciones convocadas por el TSJ definirán también la integración de las Salas del Consejo de la Magistratura, conformadas por representantes de los distintos estamentos judiciales. En cada una de las tres salas —Civil y Comercial (Sociedades y Quiebras) y de Familia, Penal y de Menores, y Laboral, Contencioso Administrativo y Electoral— habrá cuatro miembros por la Primera Circunscripción Judicial y tres miembros en representación del interior, tanto por el estamento de abogados como por el de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura.
De esta forma, cada cuerpo contará con representación equilibrada entre la capital y las circunscripciones del interior provincial.
Quiénes eligen jueces
Si bien los detalles logísticos y formales son importantes para garantizar la regularidad del proceso, la etapa que comienza pone el foco en un aspecto central: quiénes tomarán las decisiones sobre la selección de los representantes de cada estamento. En otras palabras, la atención no solo está en los candidatos que se postulen, sino también en los criterios que deberán guiar la elección de quienes tendrán poder de decisión sobre la magistratura.
La normativa establece, por ejemplo, requisitos de idoneidad, experiencia profesional y especialización para los candidatos, como así también exigencias territoriales y de adhesión por parte de sus pares. Pero, más allá de estos requisitos formales, la verdadera relevancia de esta elección radica en determinar a quiénes eligen como integrantes del Concejo de la Magistratura y sus Salas: jueces y funcionarios en el caso del estamento judicial, y abogados matriculados en el caso del estamento profesional.
La aspiración para que la Justicia tenga magistrados, jueces y funcionarios de excelencia, radica en que los electores actúen con independencia y criterio profesional, sin dejarse guiar por favoritismos, afinidades partidarias o cualquier forma de politización. Se habla a menudo –y también se critica- de la independencia de la Justicia, de su celeridad, la idoneidad de sus integrantes, lo que seguramente está determinado por los atributos de quiénes son los encargados de seleccionarlos.
La selección de representantes para el Consejo de la Magistratura y las Salas no debe responder a cuestiones de conveniencia mezquinas, sino una decisión basada en méritos, idoneidad, formación, experiencia, desempeño y capacidad probada para garantizar un funcionamiento justo y equilibrado de la Justicia.
El correcto ejercicio de esta responsabilidad influirá directamente en la calidad y legitimidad de la magistratura provincial, lo mismo que en la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
No son pocas las voces que se mencionan permanentemente para garantizar el afán de contar con jueces probos y, a la vez, independientes.
Los órganos electos serán quienes supervisen concursos, evaluaciones y designaciones de jueces, y su composición debe reflejar criterios profesionales y objetivos, asegurando que la Justicia cumpla su función sin sesgos ni interferencias externas.
La elección también refuerza un principio básico de los sistemas judiciales modernos: la transparencia y la integridad de quienes participan en la selección de jueces es tan importante como la idoneidad de los propios candidatos. En ese sentido, el acto electoral de diciembre no es solo un procedimiento formal, sino un momento institucional clave para consolidar la independencia judicial en Córdoba.
El TSJ y la Junta Electoral han dispuesto que los padrones provisionales sean exhibidos, que se habiliten observaciones y fiscalizaciones, y que se respeten estrictamente los requisitos de presentación y oficialización de listas. Todo esto apunta a garantizar un proceso transparente, equitativo y ordenado, en el que los electores puedan cumplir con su responsabilidad de manera informada y consciente.
La etapa que está a punto de comenzar no se limita meramente a la logística de una elección, representa un momento crítico de la vida institucional de la provincia, en el que quienes tienen derecho a votar deberán actuar con criterio objetivo, evaluando los méritos y la idoneidad de los candidatos.
La fortaleza de la Justicia cordobesa depende, en esta instancia, tanto de la calidad de los postulantes como de la capacidad de los electores para seleccionar sin presiones externas, favoritismos o intereses políticos, priorizando únicamente el profesionalismo, la ética y la transparencia.
