El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo.
Entre los procesados hay dos reclusos quienes, de acuerdo a la investigación, dirigían desde la cárcel una red dedicada al tráfico de drogas y de armas de fuego y municiones, y por el delito de encubrimiento, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Fallo en Mendoza
La resolución, dictada en junio por el juez subrogante Marcelo Garnica, es la primera que aplica en esa provincia la figura de la organización criminal prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la ley 27.786, conocida como “Ley Antimafia”.
Garnica fundamentó ese encuadre “en la complejidad de la estructura criminal investigada, lo que permite sancionar con mayor severidad a quienes integran organizaciones criminales dedicadas a la comisión de delitos especialmente graves como los del caso”.
La investigación se había iniciado un año antes, a partir de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz. En la pesquisa se reveló la existencia de una organización criminal que llevaba a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel, venta de armas y la tenencia de “vehículos mellizos”, liderada por dos reclusos de aquel complejo.
El Ministerio Público coordinó junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería medidas investigativas que permitieron individualizar a los miembros de la organización criminal, a los vehículos en los que se trasladaban y a un domicilio ubicado en el piedemonte mendocino, identificado como “Finca La Abuela”, que era utilizado como lugar de acopio y distribución de drogas y armas.
Una segunda denuncia anónima recibida en la Unidad Fiscal indicó que las sustancias ilícitas eran introducidas al penal durante las visitas por mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad, y se mencionó a reclusos involucrados en la maniobra, quienes ocultarían la droga en sus cuerpos.
Se aludió también a la presunta colaboración de un agente penitenciario, quien habría ingresado cocaína en cantidades de diez gramos, y de otro agente que habría facilitado el ingreso de teléfonos celulares cuando no estaba operativo el escáner de seguridad, cuyas participaciones todavía no han sido probadas.
“Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del Complejo Penitenciario Federal de Mendoza, y responden a una lógica de coordinación funcional entre sus integrantes”, señaló el juez.
Alcaraz solicitó 21 allanamientos en los que se detuvo a las diez personas imputadas de integrar la organización y se secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones de distinto tipo y calibre, seis balanzas de precisión, 498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana distribuidos en flores, 14 plantas en distintos estados de desarrollo, semillas de marihuana y troqueles de LSD. También se secuestraron tres automóviles, dos motocicletas, más de 90 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
La asociación ilícita habría recurrido sistemáticamente a maniobras orientadas al ocultamiento y aprovechamiento de bienes de presunto origen ilícito, particularmente mediante la utilización de vehículos con irregularidades dominiales, técnicas o de procedencia dudosa.
