Un caso insólito de acoso laboral (mobbing) y amenazas se está tramitando ante el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba por lo que habría sucedido entre dos empleados del área de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de esta jurisdicción. El presunto “acosador” habría molestado a otro compañero del mismo rango a partir de una incapacidad motriz y luego le habría anunciado la muerte en reiteradas ocasiones.
Según se desprende de las actuaciones que se tramitan en el juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, a pedido de la fiscal subrogante María Marta Schianni (de Villa María), se analiza la conducta de un escribiente auxiliar que habría acosado y amenazado a un compañero del mismo rango que tiene una discapacidad motriz del 70%.
Luego de una presentación del gremio judicial federal, a cargo del secretario general Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Juan Pablo Triputti, junto a María Paula Montequín, la villamariense Schianni se ocupó del tema tras apartarse los fiscales cordobeses Maximiliano Hairabedian y Carlos María Casas Nóblega porque habían tenido a sus órdenes al denunciado.
Según el expediente, el caso se suscitó en las oficinas de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del MPF de la Nación, que desde el año pasado funcionan en pasaje Cuchi Corral 685, en el Centro de la ciudad de Córdoba.
Allí, habría sufrido mobbing y luego amenazas de muerte un escribiente que tiene dificultades en su motricidad y que integra la plantilla de empleados que ingresan a la administración pública como parte del cupo de personas que tienen alguna discapacidad.
Los protagonistas de esta historia son dos escribientes, lo que constituiría un hecho de “acoso horizontal”. El presunto acosador sería Juan Pablo Salvay, quien en su momento se desempeñó a las órdenes de otro fiscal instructor, Enrique Senestrari, y se hizo conocido porque debió dejar esa oficina por presuntas filtraciones sobre el funcionamiento de la oficina en la causa de la financiera Cordubensis (CBI). Tras denunciar a su jefe, Salvay terminó imputado en 2020 por el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano por haber sustraído prueba (sábanas telefónicas) sin conocimiento del fiscal.
En julio de 2022, Salvay se quebró durante una entrevista en el Senado de la Nación, cuando defendía su postulación como conjuez federal.
Acoso y duras amenazas
Fuentes judiciales indicaron que primero se produjeron numerosas molestias muy subidas de tono en perjuicio de XXX (las iniciales son sólo ficticias), para luego pasar al terreno de las amenazas de muerte de fuerte contenido.
La “supuesta víctima”, según se describe en el expediente, recibió esta “situación de conflictividad laboral” que fue “creciendo con el paso del tiempo, hasta llegar a las graves amenazas proferidas”.
El titular de esa oficina, el fiscal general Carlos Gonella, como así también quienes están a cargo de esa área de Derechos Humanos –Facundo Trotta, Rafael Vehilz Ruiz y María Virginia Miguel Carmona– se hicieron eco inmediatamente del caso y presentaron la denuncia formal.
La fiscal Schianni tomó 16 testimonios de personas que habrían presenciado las acciones de acoso y las amenazas, como así también la declaración de XXX.
Según consta en las actuaciones que tutela Vaca Narvaja, la instructora villamariense entendió que “en un presunto contexto de acoso laboral signado por comentarios, chistes ‘ambiguos’ y hostilidad de Salvay hacia XXX, le habría manifestado ‘yo te voy a hacer sacar de acá… ya vas a ver’, haciendo alusión al espacio de trabajo que compartían” con otro agente.
Además, según el expediente, el escribiente auxiliar Salvay le habría dicho a XXX: “No jodas mucho, que uno de estos días todas estas paredes blancas de la oficina van a quedar regadas con tu sangre”.
En ese marco, siempre según lo que refieren los escritos de la causa, se habría hecho “referencia a la noticia periodística de la muerte de un empleado de una peluquería por parte de un compañero de trabajo”, lo que se concretó con la expresión: “(¿) Viste lo que le pasó al peluquero (?)”. Ante la falta de respuesta de la “víctima”, que no conocía el caso, el “agresor” le respondió: “Yo te digo, nomás”.
La fiscal le describe a Vaca Narvaja que “tales afirmaciones intimidatorias generaron un contexto de angustia y riesgo para la víctima, por lo que este solicitó ante sus superiores el inmediato cambio de su puesto de trabajo, pidiendo reserva de las razones por las que lo hacía”.
Para la fiscal Schianni, todo esto configura el presunto delito de amenazas “desarrolladas en el ámbito laboral” que generan “un contexto de acoso y violencia verbal”.
Decisión firme
Lo anterior se puede leer en la resolución que tomó el juez Vaca Narvaja el pasado viernes, ante el pedido de Schianni para “que se adopten medidas urgentes con el objeto de proteger a la víctima y hacer cesar las conductas descriptas”.
En concreto, la fiscal le solicitó que separara a Salvay del ámbito laboral y le impidiera todo contacto y acercamiento a XXX. El juez Vaca Narvaja resuelve en tal sentido y dicta al presunto acosador una restricción durante 60 días. Se establece “una orden de prohibición de contacto y acercamiento sobre Juan Pablo Salvay hacia XXX a fin de resguardar su integridad personal (física, psíquica y moral)”.
Ahora, Salvay debe trabajar desde su domicilio –vía remota– y abstenerse de concurrir a la oficina donde sigue desempeñándose XXX.
La orden es tan estricta que impide a Salvay acercarse “al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de XXX”, a quien considera “víctima del delito bajo investigación, por el término de 60 días”.
El juez Vaca Narvaja toma la medida para brindar “a la víctima el derecho a que se adopten medidas cautelares de protección de su integridad física y psíquica, para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores”.
Ahora, con las medidas de restricción impuestas, continuará la instrucción de la causa que analiza el accionar de Salvay.
