Una denuncia anónima que llegó a la Justicia Federal fue el inicio de una investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Senestrari por la presunta comisión de graves delitos ocurridos en Córdoba capital vinculados con trata de personas.
De acuerdo con lo informado por el funcionario judicial, se ordenaron procedimientos en dos clínicas de la ciudad bajo la sospecha de captación de mujeres en situación vulnerable para el alquiler de vientres, una práctica que está penalizada por la ley.
“Según la sospecha, estarían captando mujeres vulnerables para ofrecerlas como personas gestantes. O sea, ofrecer quedar embarazadas con embriones de quienes demandan ese servicio para procrear una criatura que no sea de ellas sino de quienes la contrataron”, explicó en diálogo con Cadena 3.
Y añadió: “En la medida que sean personas vulnerables que no han tenido posibilidad de elegir y que ha habido dinero de por medio cuando eso está prohibido, consideramos que es un delito de trata de personas y hacia eso vamos”.
La investigación surgió a raíz de una denuncia anónima que señalaba el caso particular de una pareja que recurrió a una de estas clínicas debido a dificultades para concebir. Según la sospecha actual, esta pareja habría pagado a una mujer de muy bajos recursos para alquilar su vientre.
Por estas horas, no hay imputados y se están recolectando pruebas. Las clínicas allanadas son establecimientos grandes y conocidos en Córdoba, aunque desde la fiscalía no se han dado a conocer los nombres de las instituciones de salud.
