El 19 de junio de 2025, un hecho de sangre sacudió la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile: el empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey del barrio Meiggs”, fue brutalmente asesinado a tiros.
Las investigaciones de la Fiscalía rápidamente determinaron que no se trató de un simple robo, sino de un homicidio selectivo, planificado y ejecutado por una célula de sicarios vinculados al temido ‘Tren de Aragua’. El móvil se estableció como un crimen por encargo, motivado por deudas y disputas comerciales.
Tras días ocultos en el sur de Chile, la policía logró capturar a tres sospechosos el 8 de julio de 2025. Uno de ellos se presentó bajo la identidad de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien más tarde sería identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven venezolano de 18 años.
La fuga inexplicable: un error judicial bajo la lupa
El 9 de julio de 2025, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los tres detenidos por homicidio, y la jueza Irene Rodríguez ordenó su prisión preventiva, argumentando que representaban un peligro para la sociedad y un riesgo de fuga.
Sin embargo, menos de 24 horas después, el 10 de julio de 2025, el mismo tribunal emitió una resolución, supuestamente firmada electrónicamente por la jueza Rodríguez, que ordenaba la excarcelación de “Ferrer” (Mejía).
Esta medida, que contrastaba directamente con lo dispuesto el día anterior, habilitó su salida del penal Santiago 1. La liberación, considerada un “garrafal error judicial”, se atribuyó a un “torpe encadenamiento de oficios judiciales contradictorios” por parte de Gendarmería, a pesar de una advertencia por correo electrónico de no excarcelarlo.
El escándalo sacude la Justicia chilena, donde se investiga si la orden de libertad fue falsificada o si existió una manipulación en los sistemas informáticos del Poder Judicial o un uso indebido de la firma digital de la magistrada.
Un director de ventas de una terminal automotriz también mencionó la suba de tasas y el salto del dólar como factores que han atraído inversiones de fondos extranjeros, aunque esta información es de un contexto diferente no directamente relacionado con la fuga.
La ruta de escape y la alerta internacional
Apenas dos días después de su liberación, el 12 de julio de 2025, Alberto Carlos Mejía Hernández huyó del país.
Según las investigaciones, viajó desde Santiago a Iquique en un taxi por aplicación, pagando una suma considerable de 2,5 millones de pesos chilenos (más de 2.800 dólares). Desde Iquique, se dirigió a Arica y luego cruzó a Perú por un paso no habilitado en el sector de Chacalluta, evadiendo los controles migratorios con identidad falsa. La huida fue facilitada por Wilson Verdugo, también imputado por el asesinato.
Cinco semanas después de su liberación, un análisis de huellas dactilares enviado a Interpol confirmó que “Osmar Ferrer” era, de hecho, Alberto Carlos Mejía Hernández, con vínculos con el Tren de Aragua. Ante esta revelación, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para ubicarlo y emitió una alerta roja internacional a través de Interpol.
Actualmente, Mejía Hernández sigue prófugo y su rastro se ha extendido más allá de Perú.
Alerta en Argentina
El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, Argentina, emitió una alerta y un pedido de captura, ya que se sospecha que podría estar oculto en la Patagonia argentina.
El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, aunque negó indicios de su presencia en la provincia, enfatizó la vigilancia en los numerosos pasos fronterizos con Chile, afirmando que “Santa Cruz no va a permitir que se instale ninguna banda narcotraficante terrorista”.
El Tren de Aragua: una amenaza transnacional en la mira
La presencia de Mejía Hernández, un sicario de “alto perfil”, ha reavivado la preocupación por la creciente influencia del Tren de Aragua en Sudamérica.
Esta organización criminal venezolana ha sido declarada “organización terrorista” por Argentina, debido a la naturaleza de sus crímenes, que incluyen atentados con víctimas fatales, uso de armas de fuego y explosivos, y la difusión de sus actos en redes sociales. Los fondos iniciales de esta banda provienen de extorsiones y robos en Venezuela, que luego son girados e ingresados a Argentina para ser blanqueados.
Expertos en crimen organizado, como Pablo Zeballos, exoficial de policía y analista de inteligencia de Carabineros, explican que organizaciones como el Tren de Aragua ejercen un “control del territorio” donde operan, a diferencia de las bandas criminales más antiguas en Chile. Sus actividades son múltiples y ligadas a la migración, abarcando desde el cobro de peaje en la frontera hasta la extorsión, el monopolio de la venta de drogas, la trata de personas, y la introducción de sustancias como la ketamina en el continente.
Han incluso establecido “negocios inmobiliarios” en campamentos irregulares, ofreciendo servicios donde el Estado no llega.
La posible instalación de células del Tren de Aragua en la Patagonia representa un riesgo inminente para la estabilidad local, abriendo nuevas rutas para el tráfico de armas, drogas y personas.
En Chile, ya se han desbaratado células de esta organización, como la “Operación Tren del Mar”, que llevó a la detención de 34 miembros y la extradición de Renzo Espinoza López, alias “El Chuky”, otro peligroso sicario acusado de cuatro homicidios en Viña del Mar.
El sicariato en el marco legal latinoamericano
El caso de Alberto Carlos Mejía Hernández pone de manifiesto la complejidad del fenómeno del “sicariato”, definido como el acto de asesinar por encargo a cambio de una compensación económica.
La legislación en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Argentina, no contempla el “sicariato” como una figura penal autónoma.
En su lugar, se sanciona como una modalidad de homicidio calificado o asesinato, donde la comisión del delito por un pago o promesa remuneratoria agrava la pena, llegando en Argentina a la reclusión o prisión perpetua.
Solo Ecuador, Perú y Venezuela tienen figuras legales específicas para el sicariato. En Ecuador, por ejemplo, se sanciona incluso la publicidad u oferta de sicariato.
La historia de Mejía Hernández subraya las “grietas de un sistema que, hasta ahora, no ha logrado enfrentarlo con eficacia”, evidenciando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en inteligencia y control fronterizo.
