Con la repercusión que viene recogiendo desde que en agosto de 2020 la Policía asesinó a su hijo Valentino Blas Correas (17), Soledad Laciar presentó este jueves un proyecto que persigue la ambiciosa tarea de modificar el Código Penal argentino con el fin de agravar las penas de delitos cometidos en ejercicio de su función por integrantes de las fuerzas de seguridad.
En el Museo de Antropología, del barrio Nueva Córdoba, la acompañaron familiares y amigos de la víctima, legisladores, dirigentes políticos, miembros de la Policía de la Provincia e integrantes de colectivos sociales que buscan erradicar la violencia institucional.
Sentada junto al antropólogo y especialista en seguridad Miguel Robles y de la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, Laciar dio la bienvenida al anuncio público de una iniciativa que busca “endurecer las penas a policías que tengan en su poder armas ilegales”, no sin recordar que siempre es bueno defender a los uniformados buenos.
Sobre esto último, además de reiterar que busca que la Policía cambie para eliminar la violencia institucional, Soledad reiteró su aspiración de que el policía esté “al lado de los ciudadanos” y no sea una figura que inspire “temor”.
Luego, dio paso a la explicación sobre el proyecto de ley, a cargo de la legisladora Brouwer de Koning, quien, consustanciada con el texto y el espíritu de ley, explicó con fundamentos los principales puntos de la iniciativa que se presentará ante el Congreso de la Nación con el fin de que sea tratado y sancionado.
Sin mayores rodeos, Brouwer de Koning sintetizó que el proyecto elaborado a partir de experiencias recogidas por la mamá de Blas y su familia durante el proceso judicial busca “modificar el Código Penal” y se plantea “tres objetivos”.
Tres puntos clave
El primero de ellos es “agravar la tenencia y la portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”.
El segundo de esos propósitos es “incorporar un nuevo tipo penal específico que sancione a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que ‘planten’ armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”. De por sí, se buscará tipificar las conductas impropias en lo que respecta a la alteración de toda escena de crimen, en particular si eso beneficia a miembros de la fuerza de seguridad.
La otra idea fuerza es que este nuevo tipo penal sea incorporado “como delito habilitante para aplicar la figura de la ley 27.304 del arrepentido”.
En esto último, se reconoció en esta reunión algo que durante el proceso judicial algunos dudaron y sin embargo la sentencia condenatoria a los asesinos de Blas lo remarcó: la colaboración de la agente Wanda Esquivel fue decisiva para la instrucción y fue reconocida en la rebaja de su pena.
En la reunión de este jueves, se destacó la utilidad de esa confesión que permitió reconstruir la verdad e involucrar a responsables del encubrimiento. Soledad señaló que hay que “darle la oportunidad a quien quiera aportar” datos para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, como experiencia importante del juicio, se sumó el tercer punto al proyecto de ley.
Con relación al agravamiento de penas por la tenencia y portación de armas por parte de miembros de fuerzas de seguridad, en el proyecto se eleva la escala penal de ocho años a 12 años de prisión, “e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada”.
Para los delitos cometidos al alterar una escena de crimen, la escala punitiva también se eleva, en este caso, de 10 años a 20 años de prisión, con la misma inhabilitación del delito anterior.
Tras la presentación formal de la iniciativa, comenzaron a ponerse de pie representantes de colectivos sociales, como Gabriela Correas (59), quien es tía de Blas y se desempeña en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), entre otras instituciones que luchan contra la violencia institucional.
También estuvieron presentes, entre otros representantes, María Luque, de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, y una luchadora de la tragedia de Cromañón, Nilda Gómez, quien sumó el apoyo de la Mesa Federal de Víctimas.
La mamá de Blas, emocionada con la concurrencia y por estar transitando un nuevo eslabón de su lucha, mostró su satisfacción por haber llegado a este proyecto de ley que lleva el nombre de su hijo. Parece estar cumpliendo lo que dijo: “El juicio es sólo el comienzo”.
