La fiscal de Instrucción del 2° Turno de Villa María, Juliana Érica Companys, elevó a juicio una causa en la que acusa a los miembros de un matrimonio de apropiarse de un patrimonio de más de 30 millones de dólares pertenecientes a un español octogenario y soltero que falleció en 2015.
Propietario de grandes extensiones de tierra agropecuaria y de otras propiedades valiosas, Luis María de la Llama y Odriozola fue internado con 83 años en junio de 2012 en una clínica privada de Villa María, lugar donde en el lapso de pocas semanas se suscribieron tres escrituras públicas a favor del matrimonio integrado por los hoy acusados Ivana Cecilia Besednjak (50) y Nicolás von Sanden (54) y otras personas.
En terapia intensiva y luego en una habitación común, se concretaron tres actos ante la escribana pública Érica Gabriela Zamprogno, titular del Registro Notarial 699 de Villa María. El primero de ellos, fue un poder a favor de Besednjak y Von Sanden para que manejen los bienes; el segundo, fue una “declaración de actos de autoprotección”; y el tercero, una cesión de sus bienes en los que el matrimonio se quedaba con un 50 por ciento y la otra mitad iba a allegados del español.
En los tres casos, la fiscal Companys describe en los hechos que esas escrituras fueron realizadas “con diagnóstico de hiperdensidad de cerebelo derecho, presentando crisis convulsiva acompañada de temblor”, por lo que fue internado el 8 de junio de 2012 en terapia intensiva “por trastornos respiratorios”, lo que configuraba un cuadro clínico que al paciente le “impedía comprender acabadamente todos los actos de su vida civil”.
Por eso, la fiscal instructora señala que “en tales condiciones y abusando de la situación imperante, es decir de la capacidad disminuida y/o nula del señor De la Llama Odriozola, los incoados Von Sanden y Besednjak habrían implementado las acciones necesarias y de disposición de voluntad” del paciente.
Tras largos años de investigación y litigio de partes, el pasado viernes Companys elevó la causa a juicio en contra de Von Sanden y Besednjak por “defraudación por circunvención de incapaces”.
Largo litigio
Las actuaciones se iniciaron por una denuncia presentada -poco después de los actos notariales- por un sobrino del hacendado, Rafael Martija de la Llama, quien se constituyó como querellante en la causa y está representado por Gastón Arrambide Carroll.
El abogado le dijo a La Voz que una vez que lo internaron al tío de su cliente, lo “cercaron” y le impidieron contactarlo, como una forma efectiva de evitar toda posibilidad de que el sobrino del español pudiera advertirlo del engaño. Esto se habría producido con la escritura que declara los “actos de autoprotección”, según se lee en la elevación dispuesta por la fiscal.
El acervo patrimonial del fallecido superaría los 30 millones de dólares y está comprendido, entre otros bienes por dos sociedades de campos por unas 2.100 hectáreas en la zona de Villa María, además de unos ocho inmuebles de valor elevado.
En 2015 se produjo la muerte de De la Llama y Odriozola y a partir de allí se inició un litigio judicial para demostrar, entre otras cuestiones, que el español no estaba en plenitud de sus facultades para ser consciente de estar suscribiendo la cesión de sus bienes.
La querella pidió y le fue concedido un peritaje de “autopsia psicológica” realizado por el gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal dependiente de la Policía Judicial de Córdoba. El estudio fue firmado por Mariano Quinteros y Claudia Sala, especialistas que concluyeron que De la LLama y Odriozola ya tenía signos de incapacidad, al menos, desde comienzos de 2012.
La prueba técnica fue cuestionada por la defensa del matrimonio imputado, pero en tres instancias judiciales les rechazaron la pretensión: fiscalía, Juzgado de Control de Villa María y Cámara de Río Tercero.
Durante las últimas semanas existía expectativa respecto de la posible prescripción de la causa por el paso del tiempo, debido a que los acusados fueron indagados a comienzos de 2016 y en seis años (por el monto máximo de la pena esta figura penal) caía la acción penal.
Esa fecha tope era el 6 de marzo próximo, pero este viernes la fiscal Companys elevó el expediente a juicio. Más allá de que ahora se presente algún recurso, la acción penal permanece en vigor.
Abuso de un incapaz
La fiscal Companys es la misma que se hizo conocida en todo el país desde que comenzó la investigación de la causa de estafas con sistema piramidal conocida como “Generación Zoe”.
A ambos integrantes del matrimonio que envía a juicio oral y público los acusa según el segundo inciso del artículo 174 del Código Penal argentino, que dice: “El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo”, sufrirá pena de dos a seis años de prisión.
Hay un párrafo que la instructora inserta antes del “Resuelvo” de la citación a juicio y parece resumir con contundencia la magnitud de los hechos.
Allí señala que Von Sanden y Besednjak “aprovechando que quien en vida fuera Luis María de la Llama Odriozola, no se encontraba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones al momento de otorgar los documentos mencionados precedentemente, con el propósito espurio, abusando de dicho estado, lograron que este firmara un testamento dejando sus bienes a terceras personas, un poder general amplio de administración y disposición y medidas de autoprotección disponiendo el impedimento de contacto de los sobrinos – uno de ellos denunciante- para de éste modo impedir la vinculación entre ambas partes y la posible frustración del plan pergeñado para excluirlos como herederos”.
Un caso similar, en Morteros
Un caso de características muy similares fue cronicado en 2015 en La Voz, también en el interior provincial. Por disposición de la entonces fiscal de Morteros (departamento San Justo) Bettina Croppi (hoy fiscal General adjunta de la Provincia), se descubrió una estafa en perjuicio de dos hermanos con discapacidad mental que eran herederos de un campo de 150 hectáreas, otros bienes y dinero en efectivo.
Los beneficiarios habrían sido 14 personas influyentes de Morteros, a quienes Croppi acusó por circunvención de incapaces y estafa. Las víctimas, dos jóvenes con capacidades especiales, al igual que su mamá que tenía facultades intelectuales disminuidas.
Ahora, este diario indagó el final de esta historia: la Justicia celebró procesos de suspensión de juicio a prueba contra 11 de ellos y se consiguió la devolución total del campo, la casa paterna, el auto del padre fallecido y dinero. Quienes admitieron su responsabilidad evitaron la pena pero además de devolver los bienes debieron pagar montos indemnizatorios a las víctimas.
El responsable mayor de toda la maniobra, el parapsicólogo Pedro Benjamín “Brujo” González, fue capturado en Tucumán en 2015, luego de estar prófugo durante mucho tiempo. A él se lo condenó a tres años de prisión y se remató su casa de Devoto, cuyo monto fue destinado a las víctimas.
Hoy, con una suerte de “curatela” a cargo del asesor letrado local Gerardo Pérez, Nelson y Lucía Clemente, y la mamá Liliana, viven en buena condición en la casa que recuperaron, con el ingreso económico del campo que les fue devuelto y está en alquiler. Lucía ha sido mamá y se presume que su hija será quien los asista cuando sean mayores.
La comunidad de Morteros destacó la respuesta judicial que se dio a un caso muy delicado.
