Llegó este viernes prácticamente a su fin el “narcoescándalo de Río Cuarto”. La causa reveló más de cinco años de tráfico de droga y un millonario lavado de activos. Estuvo golpeada por filtraciones, investigadores denunciados, amenazas a un juez y el crimen de uno de los presuntos miembros del grupo, Claudio Torres, asesinado por sicarios.
En la primera audiencia del juicio en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los 13 acusados, entre los que figura un exjefe de Investigaciones de Policía de Córdoba, Gustavo Oyarzábal, reconocieron los hechos. En un juicio abreviado, lograron penas y multas reducidas.
El fiscal general Carlos Gonella confirmó los términos del acuerdo con los defensores y destacó “el minucioso trabajo del juzgado federal y de la fiscalía de instrucción de Río Cuarto en la investigación patrimonial” de los imputados. Resaltó que “esa investigación es la que hoy permite recuperar un acervo millonario”.
Gonella pidió la absolución por narcotráfico de uno de los imputados como cabecillas de la organización: Andres Rivarola. Convino con las defensas el decomiso de suntuosos bienes provenientes del lavado de dinero. Dispuso un cambio de carátula y acordó penas inferiores a los cinco años y cuatro meses de cárcel para todos.
Con la calificación anterior, establecida por el juez Carlos Ochoa, el mínimo de pena para los jefes de la organización hubiera sido ocho años. En el TOF 2 se interpretó que, atento a la prueba reunida, en la mayoría de los casos sólo hubo “hechos puntuales” de lavado de activos, sin verificarse el requisito de la “habitualidad” que justificaría el tipo penal agravado.
La causa por tráfico de drogas y lavado de dinero en el sur provincial se abrió en 2014 en el Juzgado Federal de Río Cuarto. La iniciaron gendarmes, como Luis Naser, que luego resultaron presos por denuncias internas. Tras filtración de escuchas de la Policía Federal y sospechas contra exjefes policiales de la Policía de Córdoba, la investigación pasó a manos de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Su titular y el propio juez federal Carlos Ochoa tuvieron una fuerte amenaza de muerte a principios de enero de 2019.
El 16 de ese mismo mes, en barrio Fénix de Río Cuarto, sicarios acribillaron a balazos a un integrante de la banda, el llamado “Zar de la Droga”, Claudio Torres. El crimen aún está impune.
A partir de entonces, la PSA tuvo que acelerar centenares de allanamientos, que derivaron en secuestros millonarios de vehículos, de joyas y de armas. Casi no se encontró droga en aquellos operativos. Salvo por una conexión que, luego se reveló, los riocuartenses tenían con el cargamento de 3,5 (o 2,7, según el juicio) toneladas de estupefacientes secuestrado por un juez de Bell Ville (causa que se conoció como “Yerba Mala”).
En febrero de 2019, en medio de la conmoción por el asesinato de Torres, fue ordenada la detención de gran parte de los sospechados desde 2014. El año pasado, en tanto, la causa fue elevada a juicio. Son 13 personas que ahora lograron un acuerdo tras declararse culpables.
Los sindicados por el juez Ochoa como jefes de la organización eran Andrés Hernán Rivarola (46); su hermano menor, Mariano Rivarola (40), con antecedentes penales computables; Cristian Ortiz (43), que estuvo nueve meses prófugo, y Gabriel Bossi (42), quien llegaba de viaje con Torres en un Audi TT el día en que asesinaron al “Zar”. Bossi es el exyerno de José Vargas, condenado por el secuestro del joven desaparecido Nicolás Sabena. Además, tiene antecedentes por robo de caja fuerte y otros hechos.
Los hermanos Rivarola, Ortiz y Bossi llegaron a juicio como imputados de “organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, en calidad de coautores, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad en calidad de autores”.
En el Tribunal Oral 2, el Ministerio Público Fiscal entendió que, por los elementos probatorios obrantes, el encuadre propuesto era “inadecuado”. Propuso mutar hacia la figura de “asociación ilícita, destinada a realizar actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de activos”, e incluir en ella a Mariano Rivarola, a Bossi y a Ortiz. En el caso de Andrés Rivarola, consideró que debía ser absuelto del delito de narcotráfico y responder únicamente por el delito de lavado de activos, de acuerdo con la figura básica prevista en el artículo 303.1 del Código Penal. Interpretó que el acusado intervino en hechos “puntuales” de lavado, y que no se verificó el requisito de “habitualidad” que justifica el tipo penal agravado. Lo mismo se acordó luego para los imputados como partícipes.
Condenas acordadas
Por lo convenido entre la fiscalía y la defensa, a Mariano Rivarola le dieron cinco años y cuatro meses de prisión, unificados con otros cinco que tenía por el robo a la mutual de la localidad de Devoto, en el departamento San Justo, episodio delictivo que se produjo en 2015.
A Andrés Hernán Rivarola, por “lavado de activos”, le dieron cuatro años y un mes de prisión, y la multa correspondiente al dinero que admitió haber movilizado.
Atento al tiempo que lleva detenido (desde febrero de 2019) y a la pena acordada con la fiscalía, el abogado Francisco Oneto solicitó la excarcelación de Andrés Rivarola hasta que se tramite la libertad condicional. El fiscal Gonella no puso objeciones a que se le conceda tras evaluarse los informes correspondientes del servicio penitenciario.
Bossi acordó una condena de cinco años porque la asociación ilícita y lavado se le unifica con una condena de tres años y seis meses de prisión que tiene por un hecho anterior.
Al exprófugo Ortiz, como “coautor de asociación ilícita, en concurso con lavado, agravado por habitualidad y partícipe necesario de encubrimiento, uso de instrumento público falso y falsificación de documento”, le dieron cinco años y dos meses de prisión, que se le unifican con la condena a tres años que le impusieron en San Francisco, también por el robo a la mutual de Devoto.
Como partícipes necesarios de asociación ilícita y lavado agravado, fueron condenados: Cristian Berti (46), a cuatro años de prisión, y Jorge Etcharren (34) y Franco Soffli (27), hijo de Claudio Torres, a tres años de prisión cada uno, en ambos casos de ejecución condicional.
Osvaldo Narcisi, abogado de Marcelino Samuel Mansilla, alias “Sabo” (42), dirigente de la juventud del Surrbac, presentó sus recibos de sueldo de Cotreco (donde trabaja desde 2015) y constancias de tareas sociales en comedores comunitarios, por lo que tampoco hubo objeciones para que mantuviera su libertad condicional. Mansilla convino una pena de tres años de prisión por asociación ilícita y lavado que se le unifica con una condena de 12 años de prisión que tuvo en 2008 en Puerto Madryn, pero, por lo antes mencionado, mantendrá el beneficio de la libertad condicional.
Como partícipes secundarios de asociación ilícita, Mariano Nicolás Peirano (27) y María Luz Montoya (24) también acordaron una pena de dos años y seis meses de prisión condicional.
En tanto, el exjefe de Investigaciones de la Policía de Río Cuarto Gustavo Oyarzábal (43) admitió haber sido partícipe necesario de la asociación ilícita dedicada al narcotráfico y negoció en el juicio abreviado una condena de cuatro años y 10 meses de prisión e inhabilitación especial por siete años. Oyarzábal también tiene un juicio pendiente en los Tribunales provinciales por presunto encubrimiento en el caso Nicolás Sabena.
Tanto la pareja de Bossi, Tatiana Gallo (29), como Mario Battistini (41) admitieron haber sido partícipes necesarios del delito de lavado de activos y lograron una pena condicional de tres años.
Decomiso millonario, multas mínimas
Del total de autos, camionetas, electrodomésticos, joyas y motos oportunamente secuestrados por el juzgado federal, serán decomisados 22 vehículos, siete relojes y dos anillos marca Bulgari. También quedarán en manos del Estado dos viviendas, dos departamentos de alta gama y tres cocheras en el edificio Alma, de Río Cuarto, así como las cabañas Paraíso Escondido, de Alpa Corral.
La legislación argentina establece penas de “tres a 10 años y multa de dos a 10 veces del monto de la operación” para el lavado de activos. En el narcoescándalo de Río Cuarto se acordaron multas mínimas (dos veces el valor del bien secuestrado).
Por ejemplo, en el caso de Andrés Rivarola, dueño de la rotisería El Pollo Loco, le consideraron fruto del lavado los dos departamentos y tres cocheras en el edificio Alma. Los cinco inmuebles tienen una valuación total de 13,5 millones de pesos, por lo que se le impuso una multa de 27 millones. El acuerdo aclara que no se le computó el vehículo BMW320 que manejaba “atento a la magnitud de la multa contemplada por los inmuebles y a que ese vehículo se le computa para la multa a Ortiz”.
A Mariano Rivarola le computaron 1,1 millones por la valuación fiscal de las cabañas de Alpa Corral, un auto y una camioneta y le impusieron una multa de 8,1 millones.
A Gabriel Bossi y a Tatiana Gallo, 5,2 millones en forma solidaria; a Ortiz, dos millones (el BMW dominio JET 297 es valuado en un millón), y a Cristian Berti, en relación con una camioneta y un auto, una multa de 3,4 millones.
Finalmente, a Etcharren le impusieron una multa de 2,6 millones; al hijo de Torres, Soffli, una de 5,5, y Battistini (que tenía dos furgones), 7,5 millones de multa.
En el Juzgado Federal de Río Cuarto queda una segunda parte de la investigación en la que, entre otros, están imputados vendedores de autos y, como presunto encubridor, el exjefe de la Policía Federal Sergio Almerich.
