El pasado martes coincidieron en la ciudad de San Francisco, en el extremo este de la provincia de Córdoba, autoridades ejecutivas, judiciales y de fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, a fin de debatir sobre la conveniencia de coordinar mejores acciones para combatir el narcotráfico.
El flagelo que asuela la ciudad de Rosario está presente en toda la región y por eso se reunieron representantes de esa ciudad y de la anfitriona, como así también de diversos estamentos de Córdoba y de Santa Fe.
San Francisco es una ciudad gemela de Frontera, la santafesina que está separada o unida con la cordobesa por una avenida en la que no hay límites reales. Villa Josefina está muy cerca y el delito cruza las líneas imaginarias sin pedir permiso y sin que nadie se dé cuenta. El narcotráfico está presente en este y otros lugares de la región, más allá de haber copado Rosario y de haberla sometido a leyes que exceden lo institucional.
El flamante juez federal de San Francisco, Gustavo Montesi, fue el anfitrión de una reunión que trajo a otros jueces y fiscales federales y provinciales –entre ellos, el vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres–, como así también a intendentes o a representantes de las poblaciones cercanas de ambas provincias. Los rosarinos formalizaron su aporte para una discusión que pretendía afinar las acciones tendientes a mejorar la persecución del narcotráfico.
Al cabo de la reunión, los presentes suscribieron un acta en la que se define una serie de puntos que, a grandes rasgos, procuran reunir mejores recursos para las fuerzas de seguridad que investigan estos delitos, coordinar acciones para mejorar la pesquisa, evitar superposiciones y capacitar al personal para una mejor intervención en procedimientos y en el labrado de actas, a fin de evitar nulidades.
Pero acaso las dos medidas más interesantes sean las que se circunscriben a las acciones en torno de la tecnología que manejan los narcotraficantes; en concreto, los celulares. El primer punto de esa acta acuerdo dice lo siguiente: “Intensificar los controles en los establecimientos penitenciarios sobre los teléfonos”.
Esta medida es repetida y hombres de la Justicia se han cansado de pedirles a las autoridades penitenciarias que mejoren el accionar de los aparatos “inhibidores de señal”, que impiden que un celular acceda a datos móviles para comunicarse.
Desde el interior de los penales se coordinan numerosas acciones delictivas; las más concretas, las estafas telefónicas que se cuentan por decenas y decenas. Pero hay otras directivas que nacen intramuros y que mantienen comunicados a los jefes de las bandas con sus secuaces, ejecutores de más delitos. Recientemente llegó a juicio, con condenas, un crimen mafioso de elementos narco encargado desde la cárcel de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.
No es un decir. Las autoridades judiciales lo vienen repitiendo y el fiscal cordobés Enrique Gavier –a cargo de numerosas investigaciones de estafas telefónicas desde la cárcel– formuló varias veces las recomendaciones a los penitenciarios. Es más, él está a cargo de una causa en la que un guardiacárcel fue detenido en el penal de Bouwer acusado de llevarle un celular al narcotraficante René Alejandro “Chancho” Sosa. En abril pasado, se conoció que tres carceleros del establecimiento penitenciario de Cruz del Eje fueron imputados por introducir celulares para los internos.
Si funcionaran esos aparatos que impiden que la señal ingrese al establecimiento carcelario, aunque haya celulares adentro, estos serían inútiles. Pero la situación persiste.
La otra medida relacionada con los celulares es el punto 10, que postula: “Trabajar sobre el rápido análisis de los celulares en casos de flagrancia, a los fines de poder determinar el eslabón superior”. Está claro que, si hay demora, la dilación en las medidas impedirá una investigación eficaz. Los gabinetes técnicos pueden esmerarse o contar con los medios para apurar su tarea a fin de que los sabuesos puedan actuar con celeridad.
La reunión, que concluyó con optimismo, puede ser el inicio de un camino para que el combate del narcotráfico deje de ser sólo una expresión de deseo.
