A un año del siniestro vial que involucró al exlegislador oficialista Oscar González y que resultó en la muerte de la docente Alejandra Bengoa, así como en lesiones a las adolescentes Alexa y Marina, los familiares y amigos de las víctimas convocaron a un homenaje en el lugar del choque para demandar justicia.
El encuentro está programado para el domingo 29 en el paraje Niña Paula, ubicado en Traslasierra, a las 15.
Además de rendir homenaje a las víctimas, el evento tiene como objetivo sensibilizar sobre la responsabilidad al volante.
Concretamente, la familia llamó a la población en general y a la comunidad educativa de la escuela de Alexa y Marina, en particular. Junto al público, instalarán una estrella amarilla vertical, que es el símbolo de la prevención de siniestros viales.
A la par, habrá una intervención para la prevención y la seguridad vial.
Gustavo Álvarez, el padre de Alexa, había expresado días atrás su indignación con respecto a la tragedia, que caracterizó como un “crimen vial”. A su vez, había destacado que se podría haber evitado si las autoridades no hubieran permitido a González utilizar indebidamente los bienes del Estado.
“Queremos concientizar sobre la situación que hemos vivido nosotros a partir de este siniestro, para que no le vuelva a ocurrir a nadie, porque obviamente si esta causa no llega a buen puerto será una garantía de que estas cosas sigan y sigan ocurriendo”, advirtió Álvarez en diálogo con La Voz.
En cuanto al capítulo judicial, la novedad más reciente que presenta el caso es que el ex legislador fue procesado recientemente como supuesto depositario infiel de un vehículo judicializado.
El juez federal subrogante N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, emitió un fallo en el que procesa al ex presidente de la Legislatura provincial, Oscar Félix González, por supuesto incumplimiento en la custodia de un vehículo oficial.
Este vehículo en cuestión es el BMW 1 que González estaba utilizando y que posteriormente se vio involucrado en el mencionado incidente.
La resolución judicial se concretó tras el pedido que había hecho oportunamente el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.
En una sentencia reciente que trascendió el pasado miércoles, el juez Sánchez Freytes respondió afirmativamente a la solicitud de Hairabedian, lo que resultó en el procesamiento de María Belén Badra, sobrina del dirigente.
Se le imputa la presunta acción de esconder elementos que debían servir como pruebas, específicamente un teléfono móvil. No obstante, no hay detenciones por este capítulo judicial.
Lo que sí ocurrió fue que el magistrado impuso embargos sobre los bienes del legislador hasta cubrir la suma de un millón de pesos y sobre los de Badra por un monto de 500 mil pesos, o en su defecto inhibirlos de su libre disposición.
De acuerdo con las pesquisas realizadas por el fiscal Hairabedian, se establece que desde el 12 de diciembre de 2021 hasta el 29 de octubre de 2022, el acusado habría hecho un uso indebido de un vehículo que estaba bajo custodia judicial en beneficio propio, incumpliendo sus deberes como depositario en una causa federal. El automóvil en cuestión era un BMW X1 25l de color negro, con una matrícula falsa (AB293MY).
“Nuestra posición, a un año del crimen vial ocurrido, es que habiendo tanta contundencia de pruebas y de causas la Justicia nos demuestre que en Córdoba se puede aspirar a un fallo verdadero. Porque hoy se lo está imputando no solamente en el fuero provincial, sino también en el federal, ante tanto uso y abuso de la función público en beneficio personal”, planteó Álvarez al respecto.
La investigación por el choque en las Altas Cumbres
En la Justicia provincial, en tanto, avanza la investigación por la tragedia vial de las Altas Cumbres.
La fiscal de Villa Dolores, Analía Gallaratto, mantiene imputado a González por el supuesto delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
Actualmente, el expediente permanece en un Juzgado de Control. No se conoce fecha concreta sobre la elevación a juicio.
El dictamen accidentológico concluyó que ambos conductores realizaron maniobras incorrectas y antirreglamentarias antes de la colisión.
Según el documento conocido a comienzos de septiembre, ambos cruzaron la doble línea amarilla. El choque frontal ocurrió mientras González se dirigía desde Córdoba Capital a Mina Clavero en un BMW 1 otorgado por la Justicia, y Bengoa viajaba en su Renault Sandero junto a su hija y una amiga.
No se registraron niveles de alcohol en ninguno de los conductores.
Según el peritaje, el legislador cruzó la doble línea amarilla en una supuesta maniobra de esquive. Ambos vehículos terminaron volcados. También remarca que la docente había realizado una maniobra prohibida de sobrepaso poco antes de la colisión. Al regresar a su carril, se encontró de frente con el vehículo de González.
En cuanto a la velocidad, el informe establece que Bengoa iba a 74 km/h, mientras que González circulaba a 87 km/h en una zona donde el límite era de 100 km/h.
El exlegislador se enfrenta a una pena potencial de tres a seis años de prisión en caso de condena. La fiscal aguarda ahora los resultados de una reconstrucción 3D de los hechos y otros peritajes antes de tomar una decisión sobre si elevará el caso a juicio.
La querella en nombre de las víctimas sostiene que González iba a una velocidad superior y cruzó la línea amarilla, argumentando que se trató de un crimen vial. Por otro lado, la defensa de González afirma que el informe pericial respalda la versión de que el legislador intentó evitar el choque y que el caso debería cerrarse.
Impugnaciones, cuestionamientos y defensas por un peritaje psicológico
El peritaje psicológico realizado a González sigue siendo otro de los puntos de disputa. A través de la prensa se conocieron conclusiones que hablaban de una “personalidad con rasgos psicopáticos y narcisistas”.
Sin embargo, el abogado del legislador, Miguel Ortiz Pellegrini, confirmó que el peritaje fue impugnado el 5 de octubre. En uso de su derecho, el legislador se había negado a que le realicen ese peritaje.
La impugnación fue pedida por el abogado ya que “la perito Bruera no menciona ni consulta la pericia accidentológica oficial que, científicamente, demuestra cómo ocurrió el accidente base de esta investigación penal”, según detalló oportunamente Ortiz Pellegrini.
Por este motivo se “solicita que se aplique el artículo 241 del Código Procesal Penal, dado el carácter de disparate de esta ‘pericia’ que excede -con creces- la calificación de ‘dubitativo, insuficiente o contradictorio’ mencionados en la norma legal, y pedimos que se designen nuevos peritos para realizar la pericia dispuesta por la SFI (art. 241 CPP)”, tal lo expresado por el aludido letrado.
En contraposición, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba realizó una denuncia pública a través de su perfil de Facebook, en la cual respondió a los cuestionamientos que realizó el abogado defensor.
En el comunicado, la entidad advirtió sobre “la grave violación a los derechos de la licenciada Graciela Bruera respecto de su buen nombre y honor, que implica que se haya denostado públicamente su desempeño profesional”.
