Uno de los primeros expedientes iniciados a mediados de 2023 por supuesta corrupción en las cárceles provinciales fue elevado a juicio por el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, con la acusación de un ahora exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), de tres abogados penalistas del foro local y de dos particulares.
Se trata del expediente conocido como “Campos, Aldo Florencio, por supuesta asociación ilícita”, o comúnmente llamado “cárcel de Bouwer”, en el cual están los seis primeros que fueron detenidos en septiembre de 2023.
Luego, entre otros operativos, Gavier cargó contra los tres jefes de la cárcel de Villa María (e internos de ese penal que montaron un call center intramuros) y finalmente, sobre el final de ese año, cayó sobre el jefe máximo Juan María Bouvier y toda la cúpula del SPC.
Volviendo a la “causa Bouwer”, están acusados quien era el segundo de ese penal (anteriormente mandamás de Cruz del Eje como así también de la Unidad de Contención del Aprehendido –UCA–), Sergio Alejandro “Chavo” Guzmán (48); los abogados penalistas Alfredo Alberto Ciocca (52), Gustavo Héctor Murga Molina (66) y Julio César Páez (49), y los “particulares” que habrían realizado gestiones, Aldo Florencio Campos (68) y Ramón Alberto Salas (63).
Cuando les dictó la prisión preventiva, Gavier asignó a “Chavo” Guzmán el rol de jefe de “asociación ilícita”, más los delitos de “extorsión reiterada” (dos hechos), “privación ilegítima de la libertad” y “tenencia de arma de fuego” (dos hechos).
Según la fiscalía, “la investigación, iniciada en 2023 tras detenciones y allanamientos, revela una presunta asociación ilícita que operaba al menos desde 2015 en establecimientos como los complejos carcelarios Nº 1 (Bower), Nº 2 (Cruz del Eje) y Nº 9 (UCA) de Córdoba.
Graves acusaciones contra los imputados
En sus fundamentos de la requisitoria de elevación a juicio, Gavier indica que el grupo exigía “sumas de dinero y dádivas a internos y a sus familias a cambio de beneficios indebidos”.
Entre esos “servicios”, se indican “informes criminológicos favorables, agilización de trámites para libertad condicional o asistida, traslados entre pabellones, visitas especiales, omisión de controles de seguridad y avances en fases penitenciarias”.
La acusación sostiene que esas “prácticas no sólo violaban normas internas, sino que debilitaban la seguridad carcelaria, permitiendo ‘cogobiernos’ con internos líderes (conocidos como ‘plumas’) y facilitando delitos como estafas y extorsiones desde el interior de las prisiones”.
Imputaciones
Entre los cargos que adjudica a cada uno de los acusados, Gavier sindica a Guzmán como presunto “coautor de asociación ilícita en calidad de jefe, extorsión reiterada en cuatro hechos (incluyendo exigencias de pesos y de dólares), más privación ilegítima de la libertad (retención arbitraria de un interno por cuatro horas para facilitar un cobro) y tenencia ilegal de armas de fuego (una pistola 9 milímetros sin registro y un revólver calibre 22 con credencial vencida) secuestradas en un allanamiento.
Al abogado Gustavo Murga Molina lo acusa como presunto miembro de la asociación ilícita y extorsión reiterada en dos hechos (exigencias de dólares y de pesos a un interno por informes favorables para libertad condicional y asistida).
Alberto Ciocca, el único liberado en la causa desde octubre pasado, bajo una fianza de U$S 300 mil, está acusado como presunto coautor de asociación ilícita en calidad de miembro y extorsión en un hecho (exigencia de dólares a un interno por informes criminológicos favorables en 2022).
El tercer abogado, Julio César Páez, está imputado de ser el supuesto coautor de asociación ilícita en calidad de miembro e instigador de privación ilegítima de la libertad (instigación a retener a un interno en 2021 para cobrar honorarios ilegales).
Ramón Alberto Salas, exempleado contratado del Ministerio de Seguridad, está acusado de presunto coautor de asociación ilícita en calidad de miembro y extorsión en un hecho (exigencia de pesos y de dólares y un asado a la familia de un interno por acceso a un programa laboral en 2022).
El particular que habría oficiado de intermediario, Aldo Florencio Campos, soporta la acusación de coautor de asociación ilícita en calidad de miembro y extorsión reiterada en dos hechos (participación en exigencias de dólares y de pesos a un interno por beneficios de libertad en 2022 y en 2023).
La prueba
Entre la prueba que cita Gavier para justificar la elevación a juicio, se encuentran “testimonios de (supuestas) víctimas, exinternos, familiares, análisis de comunicaciones telefónicas y mensajes que evidencian coordinaciones ilícitas, allanamientos con secuestros de armas y dispositivos, e informes del Servicio Penitenciario y de la Agencia Nacional de Materiales Controlados”.
El fiscal de Delitos Complejos entiende que “esta red delictiva no sólo afectó la propiedad y la libertad de las personas privadas de su libertad, sino que comprometió la integridad de la administración pública, la tranquilidad colectiva y el orden público”.
El acusador pone énfasis en “la presunta intimidación moral ejercida en un contexto de vulnerabilidad carcelaria, en el que los internos se veían forzados a pagar para evitar represalias o demoras en sus procesos de libertad”.
Gavier cita a modo de ejemplo que, “en uno de los casos, un interno cedió a exigencias por temor a que informes negativos prolongaran su condena, entregando sumas equivalentes a miles de dólares (concretadas) en estaciones de servicio o en centros comerciales”.
