El informe interno que desató un escándalo por presunta corrupción en la Policía de Córdoba en San Francisco no encontró aún respuestas definitivas en la Justicia provincial.
A 11 años de la investigación por las irregularidades en la carga y rendición de combustible de los patrulleros, el juicio no tiene una fecha confirmada de realización.
La causa, instruida en su tiempo por el fiscal de Delitos Complejos de esa ciudad del interior, Bernardo Alberione (ya está jubilado hace años), tiene como imputados a Jorge Marcelo “Perico” Bertello (54; retirado), exjefe de la extinta Drogas Peligrosas y del área de Logística de la Policía en San Francisco; sus presuntos cómplices, sus subordinados Gastón Nahuel Almada (38) y Sergio Daniel “Topo” Olmos (59; retirado), y el empresario estacionero Franco Roberto Ferrando Felicetti (48).
Se les imputó presunta defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. Todos negaron el hecho, se abstuvieron de declarar y la causa fue elevada a juicio en 2022.
Pero el expediente recién ingresó a la Cámara Criminal en 2023. El vocal Claudio Rabino se apartó por amistad con la familia de Ferrando Felicetti, y el tribunal se reconfiguró con Andrés Peretti, Claudio Requena y Alejandro Acuña.
Recientemente, los vocales modificaron la calificación de defraudación calificada a peculado continuado, según informaron desde la Cámara a La Voz.
Las partes tendrán unos días para presentar sus oposiciones, tras lo cual comenzará la etapa de ofrecimiento de pruebas, la constitución de los jurados y la definición de la fecha de inicio del debate.
De esta forma, se estima que el comienzo será en unos meses, por el caudal de juicios ya fijados.
El descubrimiento de un comisario
El entonces fiscal Alberione comenzó la investigación de oficio a partir de una publicación periodística en el periódico El Tiempo, en la que se daban a conocer presuntas irregularidades lideradas por un comisario y dos subordinados con la carga de combustible asignada a los móviles de la Departamental San Justo.
El descubrimiento lo hizo el entonces jefe de la Departamental, Raúl Ricardo Araya, a mediados de 2014. Pocos días después se asumir en reemplazo de Félix Quinteros, recibió un informe interno en el que se percató de irregularidades en la rendición de combustible de los patrulleros.
Informó a su superior, el entonces comisario general Mario Tornavaca, director general de Departamentales Zona Norte (luego, subjefe de la Policía) y presentó una denuncia penal como titular de la Departamental.
Con la instrucción a su cargo, Alberione imputó al entonces responsable de la División Ayudantía de la Departamental (que incluía el área de Logística), comisario Bertello, los efectivos Almada y Olmos, y el empresario estacionero Ferrando Felicetti, de Esso Servicentro 9 de Julio.
Bertello estuvo adscripto durante años a la luego desaparecida Drogas Peligrosas, hasta que su jefe, comisario general Rafael Sosa (condenado por el “narcoescándalo”), lo “freezó” laboralmente.
Luego de la disolución de Drogas Peligrosas (se creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico), en 2012 Bertello fue asignado a Logística, que tenía a su cargo el control del combustible. Las sospechas de compañeros sobre presuntos manejos fraudulentos e irregulares fueron acumulándose en su figura hasta el punto de que los autodenominados “policías honestos de la Departamental” escribieron una carta anónima al fiscal Alberione.
Expresaron de manera vehemente los supuestos manejos espurios de Bertello respecto de su paso por Drogas y la presunta forma de vida “opulenta” hasta la “última andanza”, la “maniobra delincuencial” con el combustible.
Este tipo de operatorias han encontrado, con matices y diferencias, “eco” en los hombres de azul, tanto en la propia fuerza (está siendo juzgado un excomisario, en otra causa) como en la Policía Federal de Córdoba y en efectivos de Rosario, según reveló Infobae.
Cómo habría actuado la estructura de corrupción en la Policía
Como responsable de la gestión y liquidación del combustible de los móviles, Bertello se habría valido del cabo Almada y el suboficial mayor Olmos para montar una serie de maniobras en su beneficio, con la supuesta complicidad de Ferrando Felicetti. Entre las irregularidades, se detectaron dobles cargas de combustible (en el día) a algunos móviles, falta de correlatividad en el número de operaciones y carga en patrulleros fuera de servicio.
Bertello habría ordenado las cargas (cuya cantidad total no fue determinada) para patrulleros que se encontraban fuera de servicio pero, al mismo tiempo, habilitados para la carga. Eso habría sido posible con la supuesta complicidad de Olmos y Almada, quienes habrían omitido informar esa circunstancia, por lo que se suscribían los remitos de cargas de combustible cuando esto no habría ocurrido en la realidad.
Para perfeccionar las maniobras, Bertello también habría solicitado a quienes se desempeñaban como jefes de guardias del Comando de Acción Preventiva (CAP) que replicaran la misma “modalidad” para, finalmente, canjear las cargas por dinero en efectivo que un playero (no imputado) entregaba por orden de Ferrando Felicetti.
“Bertello se excedió a tal punto que realizaba las maniobras estafadoras con aquellos vehículos que se encontraban en el taller a la espera de su reparación. El abuso fue tal que autorizaba cargas ordinarias y extraordinarias para estos móviles fuera de servicio”, le achacó el fiscal que lo envió a juicio.
El caso más “emblemático” fue el móvil 1890 (Fiat Duna), “parado” en el taller por problemas mecánicos. Si bien figuraba formalmente “de servicio” (cuando Almada y Olmos debían haber informado que no podía usarse), el comisario habría firmado remitos de carga de combustible (no efectivizadas) para, en su lugar, canjearlas por dinero.
Olmos y Almada además habrían gestionado ante el Departamento de Servicios Policiales de la Policía numerosas “cargas eventuales” para patrulleros en servicio y fuera de servicio, que no se hicieron efectivas, pero cuyo equivalente en dinero habría sido percibido por Bertello.
Ambos subordinados del comisario tenían acceso al sistema automatizado para el control del consumo de combustible en flotas vehiculares de la Policía (Petrored), por lo que confeccionaron notas autorizadas por Bertello y enviadas por fax a Servicios Policiales. Una vez que fueron autorizadas por ese departamento, se habilitaron cargas extras a la diaria que tenía un patrullero, pero que nunca se llevaron a cabo, sino que el equivalente en efectivo habría ido a Bertello.
Se sospecha que algunas de esas cargas fueron incluso utilizadas por familiares de los imputados y por el mismo comisario, para su beneficio personal. “Bertello les decía (a Olmos y a Almada) que no se ‘cebaran’ porque mandaban hasta a los suegros”, declaró un exempleado de le estación, convertido en testigo “clave” del caso. “Si viene el comisario Bertello a pedirles plata por el cupo, al único que se le puede dar es a él”, habría sido la orden del estacionero Ferrando Felicetti.
La situación llegó a punto tal que los patrulleros debieron hacer “paradas preventivas” (ubicarse en algún punto estratégico de la ciudad y realizar controles de rutina) para aguardar a que trascurrieran las 24 horas necesarias para que se acreditara nuevamente –en el sistema– el cupo diario de combustible para poder cargar. Esto habría resentido no sólo las tareas de patrullaje y seguridad, sino que habría aumentado el malestar en la fuerza.
En otros casos, según el testigo, el comisario consultaba a los patrulleros por la cantidad de combustible que tenían en ese momento. Siempre de acuerdo con su versión, si le decían que tenían la mitad del tanque lleno o tres cuartos, Bertello usaba el cupo restante (la carga no era personalizada, sino que cualquiera podía hacerlo con el número de tarjeta y el pin).
También habría hecho cargar pocos litros a algunos móviles para quedarse con los respectivos cupos diarios. De ese modo, habría “dividido” un cupo entre varios móviles y los cupos correspondientes a esos patrulleros los habría canjeado por dinero.
El testigo fue despedido como playero dos días después de que declaró sobre las supuestas maniobras. Recordó que antes de declarar, el contador de la estación de servicio (no está imputado) les solicitó que dijeran que “nunca” se había dado “plata” y que cada móvil cargó su correspondiente cupo. Y que con sus entonces compañeros escucharon cuando Ferrando Felicetti dijo en voz alta al contador que si declaraban mal (en referencia a los empleados), los “echaban a la m…”.
Así, el “círculo” de presunta corrupción se habría cerrado entre el estacionero, Bertello (tenía cuenta corriente en la Esso), Almada y Olmos, en un pacto por dinero. Son varios los testigos que declararon haber visto a diario al entonces comisario, principalmente tomando un café en la estación y en reuniones privadas con Ferrando Felicetti.
