En un nuevo capítulo de las investigaciones por irregularidades en los depósitos judiciales de Córdoba, el juez de Control en lo Penal Económico, Gustavo Hidalgo, resolvió elevar a juicio a cinco integrantes de la Policía de Córdoba por la sustracción de motocicletas y otros bienes del Depósito Judicial N° 2, ubicado en Potrero del Estado, en Bouwer.
La causa involucra al comisario de la Policía, Víctor Daniel Cabral, al subcomisario Julio Jorge Benítez, al cabo José María Ramacciotti, a la cabo Irene Belén Villagra y al agente Carlos Ariel Contreras.
Según la acusación, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 desaparecieron del depósito 33 motocicletas, partes de un automotor y una bicicleta –esta última hallada en la casa de Villagra–.
La investigación determinó que la sustracción fue posible por la falta de controles y omisiones deliberadas de quienes tenían a su cargo la custodia del predio.
“Lo más llamativo fue la evidente falta de cuidado y protección del predio donde se encontraban en resguardo de tales rodados”, señaló el magistrado en su resolución
Una moto Brava y el inicio de la investigación en Potrero del Estado
El hecho que detonó el caso ocurrió el 3 de noviembre de 2020.
Según consta en el expediente, el cabo Ramacciotti, asignado al departamento de Transporte de la Policía, ingresó ese día al depósito con una grúa tipo “plancha policial” y retiró una motocicleta Brava Nevada 110cc, dominio A017MNS, que estaba secuestrada por una causa contravencional.
Pero la maniobra no fue registrada en el libro de guardia, a cargo de Villagra, ni impedida por Contreras, quien se encontraba en el portón de ingreso. Según el fallo, ambos omitieron cumplir con sus funciones de control y notificación a superiores.
El comisario Cabral y el subcomisario Benítez, responsables jerárquicos del depósito, fueron informados del hecho pero no lo comunicaron a las autoridades judiciales ni adoptaron medidas para sancionar a los implicados, facilitando así el encubrimiento, siempre según lo investigado.
La lista de faltantes en Potrero del Estado
Además de este episodio puntual, la fiscalía de instrucción en lo Penal Económico de Primera Nominación constató la desaparición de decenas de rodados y piezas, incluyendo dos “waffer” de audio, una potencia y alfombras de un Ford Ka.
La magnitud del faltante y la reiteración de hechos llevó a que los pesquisas sostuvieran que existió un patrón de “omisión de control” y, en algunos casos, “apropiación indebida” por parte de los imputados.
Los investigadores destacaron que el predio presentaba “precarias condiciones de seguridad” y que no había constancias de medidas adoptadas para mejorar la custodia de los bienes.
Pruebas clave: mensajes, audios y allanamientos
La causa se robusteció con pruebas obtenidas de allanamientos en los domicilios de los acusados y la apertura de sus teléfonos celulares.
En el caso de Ramacciotti, se secuestró documentación original de la moto sustraída, así como conversaciones de WhatsApp en las que coordinaba su entrega a un tercero.
En la vivienda de Villagra, los policías hallaron dos cuadros de bicicletas con numeración limada y otra bicicleta –la Enrique WKD 1.0 secuestrada en una causa de narcotráfico–, confirmando que el rodado provino del depósito donde trabajaba, según la acusación.
En cuanto a Cabral, el análisis de su celular reveló mensajes con Ramacciotti reconociendo que actuaba con impunidad. En uno de los mensajes se pudo leer lo siguiente, según fuentes con acceso a a la causa: “No me cagaron a pedo por no pasar la novedad”.
En otro intercambio, Cabral habría manifestado que esperaría “el azote nomás”, dejando en evidencia su conocimiento del hecho y su inacción.
La calificación penal por la sustracción de automotores en Potrero del Estado
Víctor Daniel Cabral y Julio Jorge Benítez están imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento calificado”.
En tanto, José María Ramacciotti fue acusado por la fiscalía como presunto autor del delito de “hurto agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad”.
Irene Belén Villagra y Carlos Ariel Contreras pesan con la acusación de “incumplimiento de deberes y encubrimiento calificado”.
La resolución judicial confirma la investigación de la fiscalía de instrucción en lo Penal Económico y ordena la apertura del juicio oral.
El proceso se enmarca en una pesquisa más amplia que indaga robos y extravíos en los depósitos judiciales N° 1 y 2 de Bouwer, una trama que involucra a varios efectivos y que, según los investigadores, podría dejar en evidencia un patrón de corrupción institucional.
La expectativa ahora recae en el debate oral, donde se escucharán testimonios de otros policías, se exhibirán las pruebas electrónicas y se determinará la responsabilidad penal de cada imputado.
