El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo del subrogante Alejandro Sánchez Freytes, avanzó la semana pasada con el procesamiento a una banda integrada en su mayoría por un grupo familiar del norte del país que en marzo de 2024 fue desarticulada al ser interceptado en Salta un camión que trasladaba casi 900 kilogramos de clorhidrato de cocaína, disimulados entre la carga de miles de calabazas.
El operativo “Calabazas duras” o “Zapallos duros” fue coordinado por este juzgado cordobés, la Fiscalía Federal 3 local, Gendarmería y los organismos especializados en el combate del narcotráfico.
El 24 de marzo en el puesto fijo “El Naranjo” ubicado en la ruta nacional 9 cerca de la localidad El Durazno (al norte de la capital de Salta) los gendarmes sorprendieron al camión teniendo en cuenta los datos que venía investigando el juzgado cordobés.
Ese día quedaron detenidas tres personas como presuntos integrantes de la banda. Luego fueron capturados otros 15, incluidas varias mujeres.
Ahora, Sánchez Freytes procesa a 12 de ellos, además de dictarles a todos prisión preventiva y trabarles embargo a valiosos bienes hasta cubrir los 1.400 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 1,3 millón de dólares.
Como integrantes de “organización para el narcotráfico” (ley 23.737) y por “transporte de estupefacientes”, quedaron procesados el principal acusado y padre de varios integrantes del grupo, Juan Carlos “Sieto” Brizuela (46). Sus familiares y allegados son Sergio Ariel Brizuela (47), Rodrigo Carlos Emanuel “Goqui” Brizuela (24), Facundo Carlos Gabriel Brizuela (20), Romina Margarita Brizuela (24), Ramiro Felix Tapia (42), Paola Beatriz Guerrero (34), José María Astorga (23), Rosa Margarita Espinoza (51), Jazmín Ayelén Choque (23), Javier Luis Humacata (43) y Fátima del Valle Brizuela (28).
El delito de “organización para el narcotráfico” es una metodología más específica de la asociación ilícita que involucra maniobras para cometer delitos específicos como el transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes. El tipo penal implica la división de roles y de jerarquías dentro de la propia organización.
Esta banda, según las actuaciones judiciales, tiene como agravantes el de asociarse con fines de narcotráfico y el número de integrantes.
Según trascendió de fuentes cercanas a la investigación, existen cuantiosos bienes a nombre de los integrantes de este grupo, en particular vehículos de alta gama, en especial camionetas Toyota Hilux último modelo. La investigación tiene pendiente otro tramo, cual es el lavado de activos que está profundizando el fiscal Maximiliano Hairabedian.
La decisión de Sánchez Freytes contempló además que el embargo de 1.400 millones de pesos se distribuye dentro de la banda de la siguiente manera: a Juan Carlos “Sieto” Brizuela, se le impone un congelamiento de sus bienes por 300 millones de pesos, en tanto que a cada uno de los otros 11 procesados, el embargo es de 100 millones de pesos.
El operativo que intervino el camión interceptado en Salta logró secuestrar 31 bultos en cuyo interior descubrieron que había 840 ladrillos de cocaína compactada, que totalizaron un peso de 861,9 kilogramos de la droga. Los perros antinarcóticos fueron los primeros en confirmar que se estaba en presencia de una carga prohibida.
Costoso peritaje
En la tramitación de la causa en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba fue determinante una prueba esencial que debe realizarse a la droga secuestrada para establecer fehacientemente que se trata de una sustancia prohibida por la ley.
Siguiendo el rigor de este tipo de casos, a semejante cargamento debió realizársele una gran cantidad de “intervenciones”: por cada ladrillo, debía “pincharse” y extraer una porción de droga en ocho puntos diferentes para ser sometida a análisis químico con el objeto de determinar con precisión si se trataba de clorhidrato de cocaína.
El resultado fue positivo y permitió que la acusación se base sobre el traslado de casi 862 kilogramos de estupefacientes.
Lo más trascendente de todo esto si se tiene en cuenta que hay que hacer ocho intervenciones por cada uno de los 840 paquetes, y para todas esas extracciones hay que utilizar costosos reactivos, lo que hace que el valor del peritaje sea elevado. En este caso, la cifra de la prueba de rigor ascendió a 289 millones de pesos.
Entre las medidas tomadas el año pasado, el 30 de diciembre último se dispuso el dictado de la prisión domiciliaria a varias de las mujeres detenidas, modalidad que se prevé mantener ahora con el pedido cautelar de prisión preventiva.
