¿Se imaginaban los altos mandos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba (FPA) que la denuncia por un faltante en el secuestro de un cargamento de droga confiscado, que debía estar en un depósito judicial, iba a desatar una crisis en esta estructura creada tras el “narcoescándalo”, con 10 imputados por asociación ilícita y otros graves delitos?
Por estas horas hay hermetismo en la FPA. El fiscal Juan Pablo Klinger ejecutó 12 allanamientos el pasado martes e imputó a 10 sospechosos. Además, detuvo a seis uniformados y a dos informantes de la fuerza.
Pero todo comenzó en febrero, cuando una fiscalía especializada en narcotráfico derivó a Klinger una denuncia por el faltante de una cantidad de cocaína y de marihuana en Cruz del Eje. La denuncia la había hecho el propio jefe de la fuerza, Adrián Salcedo.
El fiscal investigó y concluyó que al menos dos funcionarios, uno de la Justicia y otro de la Policía, habían ocultado la información sobre la desaparición de 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína.
Pero luego continuó indagando. Algo había pasado con esa droga, decían los investigadores.
Entonces Klinger encontró que un grupo de policías de la FPA “movía” la droga incautada de manera ilegal, pagando a informantes, a los que en la jerga policial se llama “dateros”.
Los “dateros”, según sostienen los pesquisas, le entregaban pistas firmes a las brigadas de la FPA de Deán Funes y Cruz del Eje. A cambio, recibían droga: cocaína y marihuana, en principio. Aún no se sabe qué hacían con ese producto; si lo consumían ellos mismos o si formaba parte de otra red de venta.
Los “buchones” señalaban puntos de venta, según concluyeron los pesquisas. Pero no levantaban el dedo sin recibir los gramos acordados con la FPA, dicen en Tribunales.
La FPA, después de pagar con droga, iba al punto de venta y desbarataba el kiosco, según sostiene el fiscal en sus acusaciones.
Vale decir que todos los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero en este momento el fiscal acusó a los dos primeros involucrados en el presunto ocultamiento de información.
Uno de ellos es un funcionario judicial que quedó imputado, pero en libertad, y pertenece a la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en Cruz del Eje y que depende de la fiscalía de Cosquín, según señalaron los investigadores.
Klinger lo imputó por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
El otro es el exjefe de la brigada de la FPA de la sede de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. Sigue en libertad. Fue imputado por los delitos de violación de prueba a título culposo, reiterado; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
Y el pasado martes cayeron tras las rejas los aparentes responsables de “mover” esa droga y usarla –siempre según la investigación del fiscal– para “comprar información” a dos “dateros”.
Uno de los detenidos era jefe de la brigada de Deán Funes al momento de los hechos y luego fue transferido. Antes de caer preso, era jefe de la brigada de Cruz del Eje. Se trata de Néstor Márquez.
También cayó el agente Raúl Moreno, de la delegación Deán Funes.
A la par, fueron presos quienes integraban al momento de los hechos la brigada de Cruz del Eje: el segundo jefe del pelotón, Sergio Ruiz, y su hermano, Eduardo Ruiz, más otros dos agentes: Luis Benavídez e Isidro Rivero.
También están presos los dos “dateros” de los pelotones. Los civiles se encuentran en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), y los oficiales y jefes de la FPA, en la cárcel de Bouwer.
Todos fueron imputados por supuesta asociación ilícita, en calidad de miembros, y dos de ellos por la figura de “entrega de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la persecución de los delitos previstos por la ley 23.737″.
Las imputaciones podrían agravarse con el paso de los días y el avance de la investigación. Klinger trabaja en un gran compendio de pruebas que se apila en su escritorio, tras los allanamientos simultáneos que ordenó a comienzos de semana.
A la vez, algunos de los jefes y los oficiales fueron movidos de dependencia durante estos meses. Nadie se atreve a negar que pudiera haber más implicados en la presunta asociación ilícita.
Del “narcoescándalo” al “datoescándalo”
La senda que siguió el fiscal puso en jaque a esta FPA que había sido creada 11 años atrás, en 2013, para salir de otra crisis, conocida como el “narcoescándalo”.
En aquel entonces, un informante trucho llamado Francisco “el Francés” Viarnes salió a denunciar que había una red de policías de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba que participaba en acciones delictivas junto a los narcos.
Mientras la Justicia comenzaba a investigar, el policía Juan Alós apareció sin vida, con un balazo en la sien.
Años después, la Justicia federal confirmaría que se había suicidado.
Como parte del “narcoescándalo”, varios policías e incluso jefes cayeron presos y terminaron en Bouwer.
Los por entonces jefe de Policía y ministro de Seguridad, Ramón Frías y Alejo Paredes, tuvieron que renunciar por orden del entonces gobernador José Manuel de la Sota.
La Justicia no demostraría nada en contra de ellos, finalmente. Sin embargo, no pasaría eso con otros policías de Drogas Peligrosas.
Varios de ellos, con el por entonces comisario mayor Rafael Sosa a la cabeza, terminarían condenados años después por integrar una asociación ilícita, según la Justicia federal. Un fallo superior obligó a imponer más penas de cárcel. Hoy están todos libres.
Viarnes, a todo esto, fue condenado por estafas de todo tipo.
De la Sota decidió acabar con Drogas Peligrosas. No sólo que desarticuló esa área sino que además le quitó a la Policía de la Provincia, y por primera vez en su historia, toda incumbencia en la investigación contra el narco.
El ex mandatario creó la FPA.
La pista que siguió Klinger y que concluyó con la acusación de que en la FPA de Deán Funes y Cruz del Eje se utilizaba la droga incautada para pagarle a los “dateros” es un clavo que será difícil de sacar.
Si bien la investigación judicial comenzó con la propia denuncia del jefe de la fuerza, ni Salcedo ni nadie tenían previsto que iba a saltar un entramado más complejo, que implica, según lo investigado por el fiscal, la comisión de un delito grave, que consta en utilizar la droga incautada al narco para mostrar resultados positivos.
Lo cierto es que por estos días en Tribunales se escuchó una frase inquietante que muchos comenzaron a replicar: “En los ámbitos donde se persigue al delito, es frecuente que se terminen delatando este tipo de acciones, donde las fuerzas que combaten lo ilegal se vinculan con informantes cuya vida depende de la delincuencia. No pasa sólo en Argentina”.
Lejos de las especulaciones, el fiscal a cargo tiene en sus manos imágenes, conversaciones y testimonios que, según dicen sus laderos, conforman un cuerpo probatorio de gran contundencia.
Tal es el ritmo con el que se mueve Klinger que, según fuentes con acceso a la causa, no estaría lejos de comenzar con la etapa indagatoria.
