En Córdoba se eliminarían 11 registros del automotor en una primera etapa: quiénes son los titulares

La decisión del Gobierno nacional de cerrar el 40% de los Registros del Automotor que existen en todo el país impactará en Córdoba con el final para 11 oficinas, que ya se encontraban intervenidas.

La medida comunicada por el gobierno de Javier Milei señala que la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional e los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), apuntada para reducir costos y eliminar trámites burocráticos, aconsejó el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años. Se dice, a su vez, que luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

En ese primer listado de registros intervenidos, en Córdoba se enumeran los siguientes:

04086 CORDOBA Nº 25, a nombre de Juan Sebastián Ghirardi, ubicado en la avenida Recta Martinolli, en la zona norte de Capital.
04090 CORDOBA Nº 26, ubicado en calle Héctor Paniza 1874, de Capital. El nombre de su titular no está publicado.
04013 GENERAL CABRERA, a nombre de Osmar Alberto Bernabei, ubicado en 9 de julio 625, de General Cabrera.
04016 JESÚS MARÍA Nº 1, a nombre de Sabrina Evelin Thomson, ubicado en Paseo del Huerto 213, de Jesús María.
04024 OLIVA, a nombre de José Luis Aimar, ubicado en Las Heras 240, de Oliva.
04025 POZO DEL MOLLE, a nombre de Alberto Alfredo Carrara, ubicado en Urquiza 158, de esa ciudad.
04087 RíO CUARTO Nº 5, a nombre de Pablo Daniel Tissera, ubicado en Fray Quirico Porreca 41, de esa ciudad.
04034 VILLA DE MARÍA, a nombre de Ignacio Fanín Murúa, ubicado en Cautivita 683.
04032 VILLA DOLORES, a nombre de Guillermo Facundo Malis Vorsatz, ubicado en calle España 65, de esa ciudad.
04057 VILLA MARíA Nº 3, a nombre de Marcelo Bettini, ubicado en San Juan 1204, de esa ciudad.

En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180 mil transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.

En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0 km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.

Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen, por su ubicación y jurisdicción.

Hay otro punto que habla de la digitalización de las verificaciones policiales, “en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales”. En una primera lectura, esto no tendría impacto en Córdoba si se refiere a los turnos, la verificación en sí, con el control de números de chasis y de motor, entre otras cosas, se requiere que sea presencial y esté en manos de personal calificado de la fuerza de seguridad. El turnero para la verificación está vigente desde hace varios años, con buena aceptación.

Las otras medidas que se anunciaron este viernes son:

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la Afip.
Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil.
Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.