La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) tomó una drástica decisión al prohibir a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada la celebración de nuevos contratos de seguro.
Esta medida, basada en una exhaustiva evaluación técnica de su situación financiera y contable, también restringe a la firma la realización de actos de administración sobre sus inmuebles y sus vínculos de reaseguro.
Medida urgente ante un escenario crítico
La resolución de la SSN, que fue avalada por sus Gerencias de Inspección, Evaluación y Asuntos Jurídicos, se fundamenta en la detección de graves irregularidades contables, la ausencia de documentación clave y una estimación de sus reservas técnicas muy por debajo de los niveles exigidos por la normativa vigente.
Según el marco normativo, estas disposiciones se aplican de manera inmediata y “inaudita parte”, reflejando el carácter preventivo y urgente de las intervenciones regulatorias para evitar comprometer los derechos de terceros o el orden del sistema.
La aseguradora fue notificada de que la resolución es recurrible conforme a los artículos 83 y 86 de la Ley 20.091, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Embargo millonario y falta de liquidez
El inicio de este proceso se remonta a la presentación de los estados contables al 31 de marzo de 2025, que revelaron una “situación financiera transitoria” y una incapacidad manifiesta para ordenar los pagos de la compañía.
En este contexto, La Nueva Seguros informó sobre un embargo bancario superior a los 300 millones de pesos, lo que rápidamente derivó en reclamos similares por parte de otros acreedores, provocando una caída significativa en su liquidez.
A raíz de esta situación, la SSN ya había resuelto el 19 de mayo de 2025 una inhibición general de bienes sobre la compañía, medida que mantuvo el 28 de mayo al constatar la persistencia de las condiciones que la motivaron.
Opacidad contable: la falta de información
Paralelamente a estas medidas, la Gerencia de Inspección del organismo regulador inició una revisión presencial para verificar la situación patrimonial y financiera de la entidad.
Sin embargo, los informes internos señalan que la aseguradora no entregó información básica requerida.
Entre las omisiones más destacadas se encuentran la falta de entrega de libros contables y societarios, planillas de siniestros en trámite, detalles de rubros del balance, estado procesal de juicios y sentencias firmes, montos comprometidos, pagos realizados y autorizaciones para levantar el secreto bancario.
El informe de inspección también identificó irregularidades en la administración de la empresa, mencionando sentencias firmes impagas, reservas subestimadas tanto en juicios como en siniestros administrativos, diferencias en la información sobre el pasivo judicial, deudas fiscales sin comprobantes de pago y embargos activos.
La SSN afirmó que, debido a estas omisiones e inconsistencias, no pudo determinar con certeza la posición técnica de la aseguradora.
Reservas bajo el mínimo
Un cálculo interno realizado por la SSN estimó que La Nueva Seguros requería un ajuste del 93% sobre sus reservas para cumplir con el mínimo reglamentario.
Esta proyección indicaba que la compañía debía incrementar sus pasivos en 4.473 millones de pesos, alcanzando un total superior a los 4.800 millones de pesos, lo cual impactaba negativamente en su nivel de solvencia.
La SSN consideró que las anomalías detectadas, sumadas a la imposibilidad de acceder a información clave, configuraban una situación de marginalidad normativa, encuadrando el caso en el inciso f) del artículo 86 de la Ley 20.091, que habilita a la autoridad de control a adoptar medidas cautelares ante eventuales riesgos para los asegurados.
La decisión tiene como objetivo principal garantizar la solvencia patrimonial de los operadores y proteger a los titulares de pólizas.
Marco legal y la defensa del asegurado
La Ley 20.091, en su artículo 86, otorga a la SSN herramientas para actuar cuando se detectan condiciones que puedan afectar el funcionamiento normal de una aseguradora o poner en riesgo los intereses de los asegurados.
Estas medidas incluyen la prohibición de emitir nuevas pólizas, la inhibición general de bienes, la intervención administrativa y la revocación de la autorización para operar.
Al no contar con información validada ni con reservas suficientes, la SSN consideró esencial la adopción de estas medidas más severas para proteger a los asegurados.
No se trata de un caso aislado
La situación de La Nueva Seguros no es un caso aislado en el sector. Durante 2025, otras compañías registraron incidentes similares.
De hecho, La Nueva ya había sido multada previamente por el gobierno nacional debido a la presentación de estados contables con irregularidades.
Otro episodio relevante fue el de Orbis Seguros, que cesó sus operaciones a principios de este año, retirándose voluntariamente del mercado y requiriendo la reubicación de sus clientes.
