En pleno inicio del invierno, el Senado se encaminaba este jueves a convertir en ley, con amplio apoyo, el proyecto que amplía las “zonas frías” para que 3,1 millones de nuevos usuarios gocen de un descuento en la tarifa del gas. El oficialismo se aprestaba a aprobar la iniciativa con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, espacio en el que se decidió libertad de acción a la hora de votar.
Con la nueva ley, a los casi 850.000 beneficiarios actuales de la Patagonia, la Puna y Malargüe se sumarán 2,8 millones que tendrán un descuento del 30% y otros 374.000 que gozarán del 50%, como jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. En síntesis, casi cuatro millones de usuarios de todo el país pagarán una tarifa diferencial.
En Córdoba, 13 departamentos pasarán a ser parte de lo que se considera “zonas frías”, por lo que sumará 653.766 usuarios. De ese total, unos 590.000 tendrán el beneficio del 30% en el cuadro tarifario. Mientras que 64.000 recibirán un descuento del 50%. De los 653.76 usuarios que pasarán a tener algún beneficio, 590 mil pagan su factura hoy sin ningún tipo de descuento.
“Esta ley da respuesta a un reclamo de muchos años de usuarios que se enfrentan a bajas temperaturas y altas tarifas”, destacó Rubén Uñac, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y recordó los “aumentos escandalosos” entre 2016 y 2019, por los cuales muchos hogares “llegaron a endeudarse para pagar los servicios”.
Quedarán alcanzadas por el descuento tarifario distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza (en su totalidad), Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Jujuy.
En Juntos por el Cambio se avecinaba un voto dividido: por caso, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay, de la UCR, se disponían a acompañar a pesar de algunas críticas, mientras que los cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, del PRO, iban por el rechazo pese a que la provincia está entre las beneficiadas.
El criterio utilizado para la elección de zonas fue la Norma Iram 11.603, que data de 2012 y que relevó las temperaturas de los últimos 10 años, tomando como referencia los 18°, nivel considerado “confortable”. “La ley está basada en criterios objetivos y científicos”, indicó Uñac. Pero desde la oposición sembraron dudas sobre esa clasificación. “Es probable que en algunas de las zonas escogidas haya temperaturas bajas, pero no son todo el año como en la Patagonia”, dijo Humberto Schiavoni (PRO).
La neuquina Lucila Crexell fue más dura y calificó el proyecto como “una herramienta de demagogia electoral”. “O somos Islandia y no nos enteramos, o estamos extendiendo un beneficio que es una transferencia de ingresos”, planteó.
Ampliación
El proyecto faculta al Gobierno a extender a futuro el territorio alcanzado, tras un pedido formulado desde Córdoba, donde departamentos con bajas temperaturas como San Alberto, Minas, Pocho, Punilla y Cruz del Eje quedaron excluidos.
La ampliación de usuarios se financiará a través de un fondo fiduciario que existe desde 2002 y que este año recaudará unos 23.000 millones de pesos. El Enargas estima que se necesitan unos 5.000 millones adicionales, que serán afrontados con el incremento del recargo que pagan todos los usuarios, que pasará del 4,46% al 5,44%.
Desde Juntos por el Cambio consideraron que la explicación del Enargas fue “insatisfactoria” y “ambigua”, y pronosticaron que la ley tendrá impacto presupuestario, traducido en un alza de subsidios. “No creo que sea suficiente con el aumento del recargo para financiar la cantidad de nuevos beneficiarios”, dudó Cobos.
En igual sentido, Verasay alertó: “Cada vez que no se explica cómo se financia un subsidio, la ciudadanía mira con desconfianza, porque ya aprendió, ya tiene experiencia. Los argentinos saben perfectamente que nada es gratis, que los servicios no se regalan. A la larga, la cuenta se paga”.
En el debate también se coló la situación de las provincias que no cuentan con gas de red, como Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. “¿Qué hay para el Norte argentino? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Sin dudas, en este proyecto, ninguno”, lamentó el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), que insistió junto a Cobos con declarar “servicio público” al GLP.
