El 1 de marzo pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso nacional, el presidente Javier Milei sorprendió con la convocatoria al denominado “pacto de mayo”, que de no haber diferencias políticas insalvables, se concretará el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Desde entonces no hubo más detalles sobre la organización de esta cumbre, que está en manos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de la cual, además del Presidente y todo su gabinete, participarían los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
Cuando semanas atrás la hermana del Presidente estuvo en Córdoba, dijo que en persona analizaría los lugares y sería ella la que tomara la decisión de la locación.
En los últimos días, hubo una novedad importante. Una comitiva del Ministerio de Seguridad de la Nación llegó a Córdoba y se concentró en analizar los ingresos y egresos del Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, ubicado en el complejo Ferial, en lo que era el pabellón Verde.
Más allá de que falta la confirmación oficial, en el Centro Cívico descuentan que la cumbre se realizará en ese lugar, por las facilidades que otorga para el operativo de seguridad. Además, tiene rápido acceso desde el aeropuerto, adonde llegarán los funcionarios nacionales y gobernadores.
Las deliberaciones seguramente se realizarán en el Centro de Convenciones, aunque los funcionarios llaryoristas no descartan que pueda haber una foto “institucional”, que podría ser en el Palacio Ferreyra o en el propio Centro Cívico.
El “pacto de mayo” depende en gran medida de la aprobación de la “ley bases”. Las negociaciones de los funcionarios libertarios están bien encaminadas en Diputados, pero hay algunas dudas en el Senado.
De todas maneras, en el entorno del gobernador Martín Llaryora consideran que habrá cumbre y que será en el amplio Centro de Convenciones del complejo Ferial.
Movimientos entre radicales para la sucesión en la Defensoría del Pueblo
La de la Defensoría es la silla más importante que tiene el radicalismo hoy. Al menos, en la cuenta orgánica. Los cizañeros dicen que la silla radical 1 es la de Myrian Prunotto, a quien aún no expulsan del partido.
Lectores de la rosca legislativa advierten dos puntos: primero, el defensor del Pueblo no está reservado a la oposición. De hecho, en el siglo pasado, cuando fue gobierno el radicalismo, siempre puso a uno de los suyos en esa silla. Fue José Manuel de la Sota quien en un gesto hacia el bipartidismo le cedió el control de ese organismo a la UCR.
Segundo, y no menos fundamental: el defensor debe ser elegido por una mayoría ampliada de la Legislatura, es decir, que requiere sí o sí los votos del peronismo. En ese marco es que Prunotto cobra importancia.
Si no hay acuerdo, cuando Decara deje el cargo lo reemplazará su adjunto, Hugo Pozzi, cuya terminal sería el legislador Miguel Nicolás. No sería una situación nueva: ya ocurrió cuando se venció el mandato en la Defensoría del excelso billarista radical Nelson Filippi, en 2005, y la entonces adjunta, Jessica Valentini, lo sucedió en el cargo.
Entonces, si Ochoa (u otro radical) quiere sentarse en la silla de Decara deberá comenzar a negociar con el oficialismo.
“No podemos perder la Defensoría, y si el peronismo quiere que siga Decara, habrá que bajar la cabeza”, admite un radical que está preocupado porque el Comité Provincia no se aboca a construir una estrategia para “retener como sea el organismo sin quedar atado al peronismo”.
La jugada de Ochoa tendría el aval de Rodrigo de Loredo: si Ochoa sube a defensor del Pueblo, libera la vocalía del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad y su reemplazante sería Esteban Bria, un deloredista puro.
La nominación de Lijo: Juez le tiró una soga a la silenciosa Vigo
Como informó La Voz el último sábado, la senadora Alejandra Vigo no se pronunciará por ahora sobre la propuesta del presidente Javier Milei para que el cuestionado juez federal Ariel Lijo ocupe un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de un tema delicado, que es motivo de comentarios en el oficialismo provincial. El gobernador Martín Llaryora no quiere tener ningún roce con la Casa Rosada, y es probable que los libertarios comiencen a hablar con mandatarios provinciales para conseguir apoyo para el polémico magistrado.
Desde el schiarettismo, tratan de quitarle dramatismo a la cuestión. Consideran que la postulación de Lijo se caerá por su propio peso, teniendo en cuenta el nivel de rechazos que está cosechando desde distintos sectores judiciales y políticos.
No obstante, un peronista que supo ocupar cargos en el gabinete de Juan Schiaretti planteó que el senador Luis Juez –con su posición de rechazo a votar a Lijo– le tiró una soga a Vigo y también le sacó presión al gobernador.
“Juez tiene una relación muy cercana con el Presidente y ya le comunicó que rechazará la postulación de Lijo. Si él, que es el presidente de la bancada del PRO por sugerencia de (Mauricio) Macri, no lo vota, los libertarios no tendrán argumentos para presionar a ‘Ale’ (Vigo) y a Martín (Llaryora) para que apoyen a uno de los candidatos del Presidente”, concluyó el experimentado peronista.
Los estatales, en pie de guerra por Apross
Entre martes y miércoles, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, convocará a los gremios estatales para comenzar la discusión paritaria para el próximo trimestre. Los docentes (UEPC) son los únicos que firmaron el acuerdo hasta el 31 de mayo. Al resto se les venció la paritaria el 31 de marzo pasado.
Antes de la discusión por los aumentos salariales para los próximos tres meses, los gremios exigen que la Provincia elimine el Fondo para Enfermedades Crónicas (Fosaet), que creó la gestión llaryorista.
Se trata de un pago de 4.400 pesos por cada uno de los adherentes que presentan los empleados públicos. Para ser más concreto, es el monto que pagan los afiliados directos por cada carné de su familia.
Por una intervención directa del gobernador Martín Llaryora, quien participó hace dos semanas de una reunión con los gremialistas, ese fondo no se cobró este mes, pero la Provincia quiere reincorporarlo en los salarios de abril. Será una dura discusión.
Con este nuevo fondo que creo la gestión llaryorista, se cubre el déficit de 3.000 millones de pesos mensuales que tiene la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
La medida impacta de lleno en el bolsillo de los empleados públicos. Por ejemplo, en esa reunión con el gobernador uno de los gremialistas mostró un recibo de un empleado público que, pese al aumento porcentual otorgado por la Provincia más una suma fija de 50 mil pesos, había cobrado menos que el mes anterior, precisamente por el impacto del descuento de este fondo especial para la Apross.
Un aliado de Juez encontró un lugar “deseado” en el Consejo de la Magistratura
Uno de los cargos más deseados en la política cordobesa, el de prosecretario letrado en el Consejo de la Magistratura, fue cubierto por Luis Juez 72 horas después de asumir como consejero en representación del Senado Nacional.
Lo ocupa desde el pasado 21 de diciembre el abogado Martín Carranza Torres, quien llegó a Juntos por el Cambio desde el Partido Liberal Republicano, un sello de Ricardo López Murphy. En la interna de la coalición en proceso de reconfiguración, Carranza Torres se pegó rápidamente a Juez.
El liberal Carranza Torres desanduvo así un camino de desencuentros con Juez, a quien criticaba con crudeza por su política de recursos humanos cuando aquel fue intendente de la ciudad de Córdoba. “En rigor, no hubo nada ilegal, sino que fue una decisión política producto de la herencia que dejó Germán Kammerath”, dijo Carranza Torres al reconciliarse con Juez, en las Paso de 2021.
Al incorporarse a la plantilla del Consejo de la Magistratura, Carranza Torres comenzó a cobrar 2,1 millones de pesos, según la última planilla salarial publicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
