La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó este viernes en el Boletín Oficial la resolución 1092/2024, que dispuso la baja de la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina Kirchner.
La medida había sido anticipada el jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la ratificación de la condena de la expresidenta por corrupción en la causa Vialidad. Entre otras cosas, el vocero presidencial precisó que esta decisión del Ejecutivo significaba “para los argentinos un ahorro de $ 21.827.624″.
Según los considerandos de la normativa, el último miércoles, día en que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad para Cristina Kirchner, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la Secretaría Legal y Técnica de Anses solicitó el análisis y la instrumentación de las medidas para quitarle a la exvicepresidenta sus asignaciones, publicó Clarín.
Ese mismo día, la Dirección General de Prestaciones Centralizadas “propició formalizar las medidas necesarias para dar de baja las prestaciones”, mientras que la Dirección de Trámites Complejos planteó “la viabilidad del requerimiento cursado en orden a la naturaleza de los hechos constitutivos de los delitos”, antes mencionados.
Qué dice la resolución que quita privilegios a Cristina Kirchner
En ese contexto, la decisión quedó fundamentada “en que de acuerdo con la regla legal determinada por el artículo 29 de la ley 24.018, la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado nacional”.
También mencionó que “la ley 24.018 establece un beneficio de carácter no contributivo para los presidentes y vicepresidentes de la nación, en tanto no hayan sido removidos por mal desempeño en sus funciones a través del previo juicio político” y destaca que “la mencionada circunstancia obliga a evaluar diversas contingencias que transcurren durante el tiempo que el respectivo beneficio es percibido, lo que conlleva suponer que no se encuentra alcanzado por las particularidades del derecho adquirido o la inmutabilidad del beneficio, en tanto si posteriormente el beneficiario resulta condenado por hechos que hubieren acontecido durante su gestión pública”.
Indicó, posteriormente, que “la condición que alude el artículo 29 de la precitada ley como condicionante para el goce del beneficio previsto, se encuentra atada a la premisa del buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la nación”.
“Este presupuesto supone que ante la acreditación de un hecho condenado por la Justicia, que significó perjuicio al erario público, no se esté cumpliendo con la condición a la que se encuentra sujeta el legítimo goce de la asignación”, justificó el documento.
Luego, remarcó que “la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal; ya por el Senado de la nación (conf. artículo 59 Constitución Nacional), o por el Poder Judicial, ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública”.
“La indignidad sobreviniente respecto del titular de una asignación derivada cuya conducta delictual contra la administración pública, afecta también tal derecho que percibió simultáneamente con otra asignación directa de privilegio, acumulando beneficios cuya compatibilidad resultó cuestionada y merecedora de contradictorios Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, según fuera en cada momento el titular del Cuerpo de Abogados del Estado”, explicó la normativa.
