Las imágenes de los videos no dejan lugar a dudas: en la madrugada del jueves personas con sus rostros cubiertos atentaron contra una sede del gremio de recolectores Surrbac, donde tiene su sede Juan Delgado, el principal opositor interno a los miembros de la familia Saillén, que manejan el sindicato.
La sede donde ocurrió el atentado está ubicada en Roma 337, a solamente 1.200 metros del Centro Cívico de la provincia de Córdoba.
Los videos captados por la cámara exterior de la sede muestran que, pocos minutos antes de las 5 del jueves, dos personas que se trasladan en moto se detienen frente a la academia del Surrbac, lugar donde se desarrollan capacitaciones para afiliados del gremio, y arrojan sobre la vereda varios pasacalles que promueven la candidatura de Delgado como secretario general del Surrbac.
Otro video muestra que las mismas personas, luego de dar una vuelta a la manzana, vuelven frente a la sede. El acompañante se baja de la moto, arroja un líquido combustible sobre la fachada de la sede, le prende fuego y vuelve a la moto, huyendo junto a su cómplice.
Otros dos videos, tomados por las cámaras internas de la sede sindical, muestran la rápida reacción que tuvo el guardia del turno esa noche, que apenas comenzó a ver el humo del incendio que se iniciaba se saca el abrigo, busca el matafuegos y lo aplaca.
La camioneta de Lusa
Las imágenes más polémicas, sin duda, son las que muestran a dos operarios de la dependencia municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys), que, con la ropa de trabajo, se trepan al techo de una camioneta identificada con el nombre de la empresa Lusa, una de las concesionarias del servicio de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba, y proceden a arrancar a golpes un pasacalle con el nombre de Delgado.
En esa empresa se desempeña como director obrero Franco Saillén, el exlegislador provincial e hijo de Mauricio Saillén.
Consultado por este medio, Delgado no dudó en adjudicar el atentado contra la sede gremial y el vandalismo contra sus pasacalles al oficialismo del gremio, conducido por el secretario general Mauricio Saillén y sus hijos Franco y Juan.
El Surrbac debería celebrar elecciones para elegir autoridades este año, porque el mandato de la actual comisión directiva vence en octubre, pero el proceso electoral está enredado debido a la grave situación judicial de las actuales autoridades.
Saillén; cuatro de sus hijos; su principal socio en el gremio, Pascual Catrambone, y otra docena de directivos del sindicato se encuentran procesados por la Justicia federal por lavado de dinero, usura, defraudación y asociación ilícita, delitos que habrían cometido usando el dinero de los afiliados de su propio sindicato.
Además, el sindicato, la obra social y la mutual se encuentran intervenidos por el Ministerio de Trabajo y por el Inaes.
Unas elecciones muy complicadas
El grupo de los Saillén llama a elecciones para el 2 de septiembre, pero el grupo de su contendiente, Delgado, desconoce ese llamado porque ha sido firmado por Saillén y por su hijo Juan, que funge de segunda autoridad del gremio, pese a que judicialmente no está claro si pueden llevar adelante el proceso electoral.
La sede que se intentó quemar en la madrugada es donde tienen su sede los dos miembros de la comisión directiva opositores a los Saillén, Delgado y Jorge Gómez, titular del área de prensa y cultura.
Delgado, que también integra la comisión directiva y además es uno de los procesados en la causa judicial, acusa a los Saillén de haber estafado a los propios afiliados y de estar actuando en complicidad con las autoridades de la Municipalidad de Córdoba y las empresas recolectoras para que nada cambie en el esquema de poder actual.
Este medio intentó comunicarse con uno de los hijos de Saillén, y tampoco obtuvo respuesta. Desde la Municipalidad, en tanto, prefirieron no opinar sobre el tema.
Según Delgado, los Saillén son los verdaderos conductores del Coys municipal y quienes toman las decisiones en las empresas recolectoras. Por ejemplo, Delgado denunció que la empresa Urbacor despidió a un empleado a pedido de los Saillén porque se había manifestado a favor de su lista.
No fue posible comunicarse con autoridades de la empresa Lusa, dueña de la camioneta que se ve en el video, ya que el teléfono de contacto que publica en su página web, 3514945555, lleva a un teléfono de Crese, la sociedad estatal que tenía la Municipalidad de Córdoba antes de que en la gestión de Martín Llaryora se creara el Coys. No obstante, anoche la empresa emitió un comunicado que cuestiona que el vehículo de la empresa esté vinculado al intento de incendio.
Igual ese escrito indica que lo que se observa es un “hecho ajeno a la prestación de los servicios que la empresa presta a la Municipalidad de Córdoba” y señala que las unidades que tiene afectadas al servicio público de higiene urbana “son asignadas a su personal dependiente con ese único y exclusivo fin”. “Cualquier otro empleo de los vehículos no es autorizado por Lusa, y quienes así lo hubieran hecho deberán atenerse a lo que las normas legales aplicables establecen para dichos casos”, consigna el escrito.
Este episodio de violencia se produce en un complicado contexto gremial debido a la situación judicial de la actual conducción del gremio y a otra complicada situación en el ámbito de la Justicia federal, porque el tribunal oral que debía juzgar a los sindicalistas rechazó la elevación a juicio argumentando cuestiones formales.
El ataque ya fue denunciado el jueves por Delgado en la unidad judicial 11.
