Hace tres semanas, Franco Saillén, exlegislador provincial por el kirchnerismo e hijo de Mauricio, el secretario general del sindicato de recolectores Surrbac, presentó una denuncia en la fiscalía de Patricia García Ramírez en la que afirma que él y toda su familia tienen miedo de “salir a la calle”, por su “seguridad personal” y de ir a trabajar, porque temen ser víctimas de un secuestro.
En la denuncia se acusa a Juan Carlos Delgado, tesorero de la comisión directiva del gremio y principal opositor a los Saillén, de haber contratado a una persona que sería empleado de la empresa concesionaria Urbacor, de apellido Romero, para secuestrar a un hijo de Mauricio Saillén.
Surrbac: la denuncia de secuestro
La denuncia está basada en tres audios y señala no sólo a Delgado, sino también al secretario de Cultura del gremio, Jorge Gómez, de estar involucrados en la maniobra para secuestrar a un miembro de la familia Saillén.
Además, menciona la participación en la organización del posible secuestro de una cuarta persona, llamada Mario “Pistola” Silva, quien se dice en la denuncia que habría sido responsable de las torturas sufridas por el Toro Aguilera, uno de los guardaespaldas de Mauricio Saillén y líder de la barrabrava del club Talleres, quien fue atacado de manera brutal y grabado en video cuando se encontraba detenido en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), en noviembre de 2020.
Los audios no identifican a cuál hijo de Saillén apuntaría el secuestro, y como el gremialista tiene numerosos hijos (cuatro o cinco de los cuales participan en tareas del sindicato, y varios otros que son menores de edad), el temor de la familia se habría extendido a todos ellos.
Delgado, señalado como organizador del secuestro, dijo a este medio que no conocía la existencia de la denuncia. “Es un intento de ensuciar todo. Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Nosotros somos víctimas del accionar de los Saillén, como quedó demostrado ayer (por el jueves)”, respondió.
En la madrugada del jueves, como mostró La Voz, la sede gremial donde desarrolla su actividad Delgado, en Roma 337, de la ciudad de Córdoba, fue atacada por dos sujetos con sus rostros cubiertos y que intentaron incendiarla. El fuego no avanzó gracias a la rápida intervención de un guardia. Todo quedó grabado en las cámaras del edificio.
Además, otro video mostró cómo operarios de la recolección de basura, usando una camioneta de la empresa concesionaria Lusa, cortaban los pasacalles del opositor a Saillén. Luego estos pasacalles fueron arrojados frente a la sede donde trabaja Delgado, minutos antes del intento de incendio. La denuncia de estos hechos quedó radicada en la fiscalía de Claudia Palacios.
En redes sociales, Franco Saillén señaló que la presentación por el posible secuestro no se trató de “una mera denuncia inventada. Presentamos pruebas, audios, fotos y estuve declarando tres horas!”.
Un sindicato en una grave encrucijada
El sindicato Surrbac se encuentra envuelto en una muy complicada situación política. Sus principales líderes y buena parte de su directiva están procesados por lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación en una causa que lleva adelante la Justicia federal de Córdoba.
Al mismo tiempo, el sindicato, la mutual y la obra social se encuentran intervenidos por organismos nacionales, pero como se trata de intervenciones parciales, administrativas y no políticas, los mismos dirigentes procesados por corrupción siguen dirigiendo el gremio y acaban de llamar a elecciones.
El mandato de Saillén y de la actual comisión vence en octubre de 2022 y han llamado a elecciones un mes antes, en septiembre. Pero el grupo opositor que lidera Delgado señala que el llamado es irregular, ya que Saillén no puede fungir como secretario general.
Además, la segunda autoridad del gremio es uno de sus hijos, Juan Saillén, quien consiguió ese lugar luego de que a Ramón Sánchez, el prosecretario general, lo hicieran firmar engañado su renuncia, para que pudiera asumir el hijo del secretario general. Este caso también fue denunciado ante la fiscalía de Patricia García Ramírez, la misma que investiga la denuncia de amenaza de secuestro contra un hijo de Saillén.
Toda la dirigencia política de Córdoba y la dirigencia sindical de la provincia esperaban que este año el caso del Surrbac fuera elevado a juicio, para comenzar a aclarar la situación de un gremio básico para el buen funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba.
Pero el Tribunal Oral Federal 1 paralizó el caso y se negó, por cuestiones formales, a realizar la audiencia oral y pública, como le había solicitado el juzgado a cargo de Ricardo Bustos Fierro.
Ahora el juicio no tiene fecha y nadie sabe cuánto podrá extenderse esta situación, que favorece la repetición de episodios violentos como los de estos últimos meses.
Los hechos de violencia alrededor del gremio se vienen repitiendo hace años. Un opositor a Saillén sufrió un intento de asesinato en su casa, otro fue agredido en la calle, otros se fueron de la provincia de Córdoba para no vivir bajo amenaza.
Un guardaespaldas de Saillén fue torturado y grabado en video en un centro de detención mientras insultaba a Saillén, y luego 17 personas enmascaradas y con armas grabaron otro video en el que prometieron matar a los agresores del guardaespaldas del Surrbac, quien además es empleado del Coys de la Municipalidad de Córdoba.
El municipio, hasta ahora, sigue guardando silencio sobre el tema, y las empresas concesionarias del servicio de recolección, involucradas en varias de las denuncias, por ahora tampoco han mostrado una actitud decidida para aclarar las sospechas.
