El martes próximo se cumplirán siete años. El 18 de enero de 2015 el fiscal federal Alberto Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, horas antes de comparecer ante el Congreso para fundamentar una grave denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. El hecho sigue en tinieblas. Aunque un juez dictaminó en 2017 que fue un asesinato, todavía no se esclareció lo sucedido.
Se sabe, en cambio, que por su denuncia Nisman era objeto de operaciones cruzadas de los servicios de inteligencia del Estado. A la Agencia Federal de Investigaciones la conducía desde la vicejefatura el actual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
La denuncia de Nisman apuntaba a la cabeza del Poder Ejecutivo porque consideraba probado el encubrimiento del atentado terrorista contra la Amia. Entre los acusados por la autoría intelectual de ese atentado estaba el actual vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai.
En la denuncia de Nisman obraban constancias de diálogos grabados que aludían a las relaciones entre Irán y el gobierno de Cristina Kirchner en las jornadas cercanas a la aprobación parlamentaria del acuerdo diplomático que para el fiscal federal consumaba el encubrimiento del atentado. En esos diálogos aparecía sacando chapa de personaje influyente el dirigente oficialista Luis D’Elía.
En los días posteriores a la muerte de Nisman, Alberto Fernández publicó su crítica más demoledora contra la entonces presidenta. Fernández no ocupaba ningún cargo público. Hablaba desde el llano y consideraba absolutamente probada la tesis de encubrimiento que sostenía el fiscal Nisman.
Cuatro de los protagonistas mencionados en los párrafos anteriores han ocupado nuevamente en estos días los titulares noticiosos.
A poco de ser recibido de regreso en la residencia presidencial de Olivos, Luis D’Elía convocó a una marcha de protesta para “echar” a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Juan Martín Mena se subió a esa iniciativa para darle nada menos que el respaldo oficial desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Alberto Fernández justificó a D’Elía y Mena. Y cargó contra el máximo tribunal de la Nación argumentando disfuncionalidades técnicamente controvertibles. Pero, sobre todo, rubricando el empujón político. Que si hubiera sido perpetrado por opositores contra el Poder Ejecutivo hubiese sido objeto de escándalo oficialista por su nítida condición destituyente.
El cuarto protagonista, Mohsen Rezai, apareció suelto de cuerpo el lunes pasado en el acto de ratificación en el cargo del dictador Daniel Ortega en Nicaragua. La Cancillería argentina repudió esa presencia pero la convalidó con la asistencia del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich. Un compromiso que Argentina había tomado con Ortega a cambio del voto favorable para que Alberto Fernández presida la Celac.
Sobreseídos
Por los cargos de encubrimiento del atentado a la Amia, Cristina Kirchner, Juan Mena, Luis D’Elía y otros acusados fueron sobreseídos por un tribunal conformado por los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado.
Todos los absueltos seguramente recuerdan el fallo de la Corte Suprema que confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la expresidenta, al rechazar un recurso extraordinario que ella presentó contra una sentencia que no era definitiva. Cristina no fue detenida porque estaba protegida como senadora por los fueros parlamentarios.
Dos de los jueces de aquel tribunal –López Iñíguez y Obligado– fueron cuestionados por fallos que favorecieron a referentes kirchneristas como Lázaro Báez y Amado Boudou. El juez Obligado también votó por la absolución de Cristina Kirchner en la causa por el desvío de fondos públicos a sus hoteles en la Patagonia. Y tras impedir que se debata la investigación en un juicio oral.
Cada designación y traslado de jueces fue objeto de maniobras en el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo hizo pesar la mayoría política. La Corte Suprema consideró inconstitucional esa conformación desequilibrada del órgano que evalúa el accionar de los magistrados. Desde que tomó esa decisión, el hostigamiento oficialista no cesó de subir de tono.
