El fiscal Mario Villar desestimó el intento de la expresidenta Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez de trasladar la ejecución de los bienes decomisados al fuero Civil y Comercial, y solicitó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que dé continuidad al trámite.
Villar insistió en su dictamen que el proceso de decomiso debe permanecer en el ámbito penal de Comodoro Py. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que esta medida es la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o que son producto o ganancia de aquel.
Según Villar, el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, las cuales podrían incentivar nuevos delitos. Además, aclaró que el planteo de CFK parte de un “error conceptual”, ya que el decomiso no equivale a una indemnización o resarcimiento civil.
El monto confirmado y el método de cálculo
La Cámara de Casación confirmó recientemente que Cristina Kirchner deberá devolver 684 mil millones de pesos por los delitos por los que fue hallada culpable en la causa Vialidad.
La defensa de la expresidenta había cuestionado el monto fijado por la Justicia y el método utilizado por los peritos para arribar a esa cifra. La expresidenta sostenía que el decomiso total, según cálculos de sus propios técnicos basados en la tasa pasiva promedio del Banco Central, debía ser de sólo $ 42.000 millones.
Sin embargo, los jueces de Casación desestimaron los argumentos de la defensa. El monto confirmado de $ 684 mil millones corresponde a la “manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados” y se basa en los sobreprecios plasmados en las adjudicaciones de los contratos de obra pública.
Casación ratificó la postura del TOF 2 (integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso), confirmando que la actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria.
El fallo también subrayó la obligatoriedad del decomiso como una consecuencia accesoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.
Próximos pasos en casación
Mientras la Sala IV de la Cámara de Casación analiza este último planteo de la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado la semana pasada que se avance sin demoras en la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner.
No obstante, el TOF 2 aguardará la resolución de Casación antes de tomar cualquier decisión. La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barrotaveña, tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse, un paso considerado clave para despejar el camino hacia la ejecución de los bienes en cuestión.
