El logro que el ministro de Economía, Sergio Massa, presenta como el más saliente de su gestión fue haber reducido el déficit fiscal de 3% en el primer semestre de 2022 a 2% del PIB en el segundo semestre, dando así por cumplida la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que es muy relevante es analizar cómo se logró reducir el déficit fiscal y cuán sostenible es la estrategia.
El gasto público
A Martín Guzmán se lo criticaba desde las propias filas del Gobierno por realizar un ajuste fiscal, cuando en realidad el gasto público en términos reales en el primer semestre de 2022 había crecido un 11% respecto al primer semestre de 2021.
Luego de su salida y ya con el ministro Massa en la cartera de Economía, el gasto cayó un 10% en términos reales en el segundo semestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior.
Gran parte de esta corrección fiscal se explica por licuación con inflación de los subsidios energéticos y el gasto en planes asistenciales. Mientras que en el primer semestre de 2022 los subsidios energéticos crecieron en términos reales un 31%, en el segundo semestre de 2022 cayeron un 25%.
Con los planes sociales sucedió algo similar. En el primer semestre de 2022, habían crecido un 46% en términos reales y en el segundo semestre cayeron 12% en términos reales. La estrategia fue hacer crecer el gasto nominal en subsidios energéticos y en gasto asistencial por debajo de la inflación.
Otra arista de la estrategia fue con el principal componente del gasto público nacional, que son las jubilaciones. El gasto previsional es más difícil de licuar en términos reales porque está atado indirectamente a la inflación mediante la regla de movilidad. Pero la regla de movilidad se calcula con datos con tres meses de retraso y se aplica en forma trimestral. Esto implica que cuando la inflación se acelera –que es lo que pasó en el 2° semestre de 2022– el gasto previsional crece menos que la inflación y de esta forma también se licúa, aunque transitoriamente. Así es como en el 1° semestre de 2022 el gasto previsional había subido un 5% real y en el 2° semestre cayó un 7%.
Dado que la tasa de inflación en el primer semestre era de 57% y en el segundo semestre se aceleró a 85%, se confirma que la estrategia oficial es licuar gasto público con aceleración inflacionaria. Aquí es donde entra un factor crítico que es la deuda pública en pesos.
La deuda
Si bien el déficit fiscal se redujo del 3% al 2% del PIB en el segundo semestre, el desequilibrio todavía requiere financiamiento, al que se le suman los pagos de intereses de deuda (que son otros 2% del PIB) y las renovaciones de deuda que vence. La única alternativa que tiene el Tesoro nacional para financiarse es en el mercado local en pesos.
Pero ante el elevado riesgo que supone financiar al Gobierno nacional, el mercado de deuda en pesos se constriñe. Así, entonces, se apeló a la buena voluntad de las empresas estatales, gobiernos provinciales, aseguradoras y bancos cautivos ante un cepo que no deja otra alternativa para los pesos que la deuda pública en moneda local, y ofreció estirar los plazos lo máximo posible hacia junio, julio y septiembre de 2023.
Para esto, tuvo que emitir los bonos duales, que tienen la particularidad de pagar según la inflación o el dólar, lo que sea más favorable para el inversor.
Aquí entran las dudas sobre la sostenibilidad del plan. La estrategia para bajar el gasto es acelerar la inflación y el incremento de la inflación acelera el crecimiento de la deuda. La prueba está en que la deuda del gobierno nacional denominada en pesos aumentó en alrededor del equivalente a 10 mil millones de dólares en solo un semestre.
Lo que queda por delante
Este crecimiento acelerado de la deuda pública en pesos es lo que motivó la polémica por la “bomba de tiempo”. Que esta “bomba” explote o no, o a quién le explotará, es una cuestión que el tiempo dirá. El tema pasa por si los inversores seguirán renovando esta gran masa de deuda que crece aceleradamente o si prefieren recibir su dinero.
En la medida en la que haya renuencia a renovar, habrá que apelar a más emisión monetaria, que es como echarle combustible a la aceleración inflacionaria.
En tanto, se abre un año electoral en el que la principal preocupación de la gente es la inflación. En respuesta, el Gobierno prometió para abril una tasa de inflación mensual que comience con un 3%. En el primer trimestre de 2023 luce irrealizable: enero ya arrojó un 6% y la inflación de febrero pareciera no bajar del 6% tampoco.
Pero lo fundamental es que la promesa es incongruente porque la estrategia oficial es reducir el gasto público en términos reales con la inflación. Si la inflación bajara, subiría el déficit fiscal.
Desactivar la bomba
Más allá de a quién le explote la “bomba”, lo más preocupante es que muchos referentes de la oposición dejan traslucir implícitamente que, si son gobierno, van a adoptar la misma estrategia de licuar gasto con inflación. Esto se deduce del hecho de que en los debates económicos no aparece con claridad ni prioridad la reorganización integral del sector público.
Se asume que es imposible corregir las deficiencias estructurales de organización el Estado por lo que solo queda resignarse a cambiar el statu quo en el margen y en lo que sea políticamente potable.
Hay que partir del diagnóstico que la “bomba” se formó por la acumulación crónica de déficits fiscales y los déficits son el resultado de una pésima organización del Estado argentino en sus tres niveles de gobierno (nación, provincia y municipios).
Los tres niveles cobran los mismos impuestos, se disputan los mismos recursos a través de la coparticipación y quieren cumplir las mismas funciones, lo que termina redundando en exceso estructural de gasto público con muy mala calidad de los servicios del Estado.
Desactivar la bomba implica abordar un ordenamiento integral del Estado. Esto es, unificar impuestos, eliminar la coparticipación para que cada provincia y sus municipios se financien con los tributos que recauden en su territorio y eliminar los solapamientos de funciones entre los tres niveles de gobierno.
Con un Estado mejor organizado, es factible alcanzar equilibrio financiero sostenible y simultáneamente mejorar la eficiencia en la gestión pública, que es lo que se necesita para crecer con estabilidad de precios.
* Economista de Idesa
