La Casa Rosada despejó apenas una incógnita para las negociaciones con el Congreso Nacional en las que se definirán las nuevas reglas de gobernabilidad, provisorias hasta la campaña electoral de 2027.
Esa incógnita se refiere apenas a los tiempos de la negociación. Desde la asunción de los nuevos diputados y senadores nacionales en diciembre próximo, y hasta que se consiga un eventual acuerdo, la Casa Rosada intentará sancionar el primer presupuesto votado de la gestión Milei.
De febrero en adelante, el Gobierno nacional buscará acordar algunos cambios de fondo, como la modernización laboral y la reforma tributaria.
Son modificaciones de amplio alcance, comprometidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De modo que también influyen en variables de coyuntura, como el flujo de divisas y su impacto en el régimen cambiario y monetario.
Para la aprobación del Presupuesto 2026, Milei ya cuenta con dictamen favorable para un proyecto de metas macroeconómicas ambiciosas, pero tiene pendiente de definición una variable clave: cómo afrontar la restricción externa y las metas de pagos de la deuda y acumulación de reservas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confía en resolver esa duda mediante una ampliación –de alcance todavía desconocido– del respaldo financiero de la administración Trump.
El Tesoro norteamericano reveló que parte del acuerdo de intercambio de monedas (swap) ya alcanzado se está aplicando a la cobertura de algunos compromisos externos del Estado argentino.
Pero el ministro Caputo alude, en declaraciones aún imprecisas, a la posibilidad de un acuerdo más amplio, que impactaría en la baja del riesgo país, al favorecer el retorno al mercado global de deuda y la reprogramación de los vencimientos pendientes en condiciones más cercanas a parámetros normales.
Mientras estas novedades sigan en el limbo, los objetivos del Presupuesto 2026 tendrán la limitación propia de esa incertidumbre. Por eso, los gobernadores asisten a las reuniones de diálogo sin arriesgar definiciones propias más allá del lógico alineamiento con los grandes números de la pauta presupuestaria del Gobierno nacional.
Los jefes provinciales acaban de ser aleccionados por el voto: no hay lugar para apuestas en contra del equilibrio fiscal. Pero la letra chica de ese enunciado está lejos todavía del voto de los congresistas que asumirán en diciembre.
La conversación sobre la modernización laboral y otras reformas, como la propuesta de “inocencia fiscal” o blanqueo doméstico de divisas, tiene otros tiempos y otros actores.
La discusión presupuestaria involucra a los actores sociales de manera indirecta: a través de los gobernadores, frente al Gobierno nacional. Las reformas estructurales, en cambio, convocarán al Congreso a entidades intermedias como los sindicatos y organizaciones empresarias.
Si en el Presupuesto se discutirán al menos las bases de un régimen de gobernabilidad fiscal, en el debate de las reformas estructurales se definirán algunas condiciones imprescindibles para el crecimiento.
Ninguno de estos debates hubiese sido posible sin el doble rescate que benefició a Milei: el del gobierno norteamericano para evitar un derrumbe económico y el de los electores argentinos para eludir un nuevo colapso político.
Pero ese doble rescate no ha cambiado la precariedad inercial del sistema político para afrontar las tareas pendientes. El voto revalidó la legitimidad del rumbo económico, pero obliga a la política a adecuarse a esa decisión, o arriesgarse al costo de contrariar al electorado.
No todos los actores políticos han reaccionado igual. Hubo gobernadores y referentes partidarios que apostaron en sentido contrario y tardan ahora en metabolizar su autocrítica.
Aceleraciones
El tono político de 2026 comenzará a tomar forma en el debate del Presupuesto y las reformas. Con un par de novedades del régimen electoral que cambia las circunstancias: el debut nacional exitoso de la boleta única y la suspensión de las Paso.
El constitucionalista Alberto Dalla Vía, integrante de la Cámara Nacional Electoral, recordó tras las elecciones de octubre que la boleta única no admite la simultaneidad con las elecciones provinciales. Ya obligó a algunos gobernadores a desdoblar las elecciones o acordar elecciones concurrentes con boletas y urnas diferenciadas.
En buen romance: los procesos políticos provinciales pueden comenzar a acelerarse desde el segundo semestre de 2026, si la definición de la oferta electoral debe estar lista para el primer cuatrimestre de 2027.
Pero Dalla Vía advirtió además sobre un factor adicional: las primarias partidarias estatizadas -este año no se hicieron- no fueron eliminadas, sino suspendidas.
Si esa decisión temporal se mantiene, el sistema político deberá encontrar alguna forma de cumplir el artículo 38 de la Constitución Nacional, que demanda la democracia interna de los partidos. Algo que puede cumplirse con distintas modalidades, no necesariamente con voto obligatorio, como las Paso.
Por otra parte, la decisión sobre el régimen electoral nacional que establecerá el marco competitivo para la próxima elección presidencial debería adoptarse en el año no electoral.
Otro ineludible presente griego para 2026. La ventana de cordialidad para las reformas estructurales será estrecha.
