Martín Llaryora tardó un año en poner su atención sobre el Poder Judicial. Habían pasado 11 meses sin proponer la cobertura de la vacante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se produjo tras su asunción y sin estructurar el Ministerio de la Defensa, gestado en los últimos meses de Juan Schiaretti. En las últimas semanas apuró todas las decisiones: la Unicameral se encamina a cubrir el viernes próximo todas esas vacantes. Y en las últimas horas, un proyecto explosivo alteró por completo la parsimonia judicial.
El gobernador aguardó con impaciencia creciente que se concretara el plan territorial que hace meses le prometieron el Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal del TSJ. Durante horas escuchó reportes de internas palaciegas interminables entre sectores delasotistas y schiarettistas de la cúpula judicial. Se sulfuró al constatar que, pese a los anuncios, sigue existiendo un único centro de recepción de aprehendidos y que todavía no está en funcionamiento ninguna de las nuevas fiscalías que anunció el 1º de febrero pasado.
En diciembre, finalmente movió sus piezas. O pateó el tablero: nadie termina de interpretar la brusca jugada que generó una inesperada tensión de fin de año entre el Panal y la cúpula del Poder Judicial.
Lo concreto es que, hasta el miércoles pasado, la oposición política cuestionaba la subordinación del TSJ al peronismo en el poder y objetaba la designación de Jessica Valentini como vocal del alto cuerpo, pero desde el jueves denuncia un intento del llaryorismo por vaciar de poder al máximo tribunal provincial para crearse uno paralelo.
El detonante fue el proyecto de ley redactado por operadores judiciales de Llaryora –se atribuye principalmente a Juan Manuel Cid– y presentado el jueves de madrugada por el legislador libertario Agustín Spaccesi, habitual aliado del oficialismo. Esa propuesta es una obra de brocha gorda: el tribunal de Casación que propone tiene la misma cantidad de miembros y salas que el TSJ, casi las mismas facultades y hasta la misma forma de designación, sin concurso ni intervención del Consejo de la Magistratura.
La lectura unánime de la oposición, y también de buena parte de la Justicia, fue que Llaryora intentaba armarse un TSJ paralelo íntegramente designado por él. Encima algunos operadores ya andaban prometiendo esos lugares o dándose ellos mismos por números puestos. Un proyecto realmente explosivo.
Casi en simultáneo con la trascendencia pública de la propuesta de Spaccesi, el Ejecutivo inició una ronda de aclaraciones: explicó que ese proyecto no refleja cabalmente lo que pretende el Panal y que no se tratará el viernes 27 junto con todas las designaciones de la era Llaryora. Además de Valentini en el TSJ, la Unicameral aprobará el nombramiento de Pablo Bustos Fierro como defensor General y tres defensores adjuntos vitalicios: Pablo Pupich, Néstor Gómez y Guadalupe García. También, de Alejandro Pérez Moreno, como fiscal General Adjunto.
El peronismo tendría garantizados los votos para la aprobación –la oposición planea hacerlo sufrir con el cuórum–, pero ya estaba lejos de contar con el acompañamiento de algún sector sustancial de la oposición antes de que explotara el proyecto de Spaccesi.
Un proyecto bomba
El estruendo también hizo temblar los vidrios del Palacio de Tribunales. La protocolar concordia entre los magistrados y el Ejecutivo provincial fue abruptamente alterada. El viernes se conoció un enérgico repudio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y ayer el presidente del TSJ, Luis Angulo, advirtió con elegancia que hace falta “diálogo interinstitucional” y “profundo análisis”, para no decir que no es serio el modo en que se está pretendiendo iniciar una discusión sobre la necesidad de una instancia de Casación. Otros vocales del máximo tribunal usaron términos mucho menos diplomáticos.
Unos y otros se preguntan para quién fue el mensaje de ese proyecto explosivo. Llaryora nunca usará la palabra “casta”, pero tal vez sea la que mejor se ajuste a la percepción del Panal sobre buena parte de Poder Judicial. La inseguridad es, por lejos, el problema que más preocupa en el Ejecutivo y son constantes las quejas por la demora en activar las respuestas que desde 2023 prometen la Fiscalía General a cargo de Juan Manuel Delgado y la Sala Penal del TSJ.
Ese déficit repercute en otro frente de alto riesgo. En el sistema carcelario, no terminan nunca los escándalos que comenzaron a conocerse horas después de que Schiaretti dejó el poder, y a esa situación se agrega una sobrepoblación creciente. Los nuevos pabellones desbordan de inmediato y la inmensa mayoría de esos presos no tiene condena. Hay fuertes reproches al Ministerio Público en el Panal.
Casación Penal
Lo real es que, más allá de los excesos del proyecto de Spaccesi, el Ejecutivo sí impulsa la creación de una instancia de Casación Penal. Esa propuesta muy posiblemente estará lista en febrero e incluirá la participación del Consejo de la Magistratura y los concursos públicos establecidos por ley. Apuntará principalmente a generar una segunda instancia penal, previa al Tribunal Superior de Justicia, como ya tienen varias provincias.
El propio Llaryora impulsa abiertamente esa propuesta, con argumentos que apuntan al fortalecimiento de las garantías procesales y a la aceleración de los tiempos judiciales. Con seguridad habrá acuerdos y desacuerdos jurídicos, judiciales y políticos, como siempre existen en un debate democrático.
Lo que nadie termina de entender en la política ni en la Justicia es por qué razón el Ejecutivo apeló esta semana a un proyecto indigerible presentado de madrugada por un legislador de otra fuerza para instalar una discusión que realmente le interesa plantear en el seno del Poder Judicial y de la sociedad.
Tal vez la explicación correcta sea la más evidente: fue un grueso error político de un peronismo que –especialmente en la Unicameral y de madrugada– suele exhibir el perfil que menos lo favorece. Más allá de lo legislativo, para muchos también sonaron esta semana varias alarmas sobre el tipo de operadores a los que apela Llaryora para sentar sus bases en una Justicia que recién ahora registra el cambio de mando que ocurrió hace un año.
