El proyecto de ley canalizado vía el legislador Agustín Spaccesi para crear un tribunal de Casación de siete miembros dividido en cuatro salas tiene como objetivo final poner en marcha en 2025 una cámara de Casación Penal, según admite el propio Gobierno provincial.
La jugada busca restarle poder real a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por Sebastián López Peña, Aída Tarditti y Marta Cáceres de Bolatti.
La creación de una cámara de Casación Penal dejaría a esta Sala del TSJ prácticamente sin las funciones de tribunal de apelación que tiene en la actualidad, por lo cual no es claro cuál sería el destino de la relatoría y de la secretaría penal del TSJ.
Se trata de una estructura de 30 funcionarios –liderada por el relator Carlos Álvaro Crespo y por la secretaria del TSJ Raquel Pueyrredón– que se encarga de tramitar el expediente y realizar el análisis técnico-jurídico para que los tres vocales del TSJ responsables de la Sala Penal –López Peña, Tarditti y Cáceres de Bolatti– finalmente dictaminen.
El mensaje enviado por el Gobierno a través del proyecto de ley de Spaccesi llegó a la Sala Penal. Se atajan de cualquier crítica respecto del colapso del sistema penal: sostienen que Luis Angulo, como presidente del TSJ, puso las fichas en la ampliación del fuero Laboral, su especialidad en derecho, y desatendió la gestión del fuero Penal. En ese sentido, no pasó inadvertido que López Peña votara en contra de Angulo como presidente del TSJ en 2025.
Política judicial
La avanzada en contra de la Sala Penal del TSJ reavivó el histórico debate respecto de la intervención de los poderes políticos sobre la Justicia. A lo largo de las últimas décadas, la estructura del Poder Judicial se fue ampliando en dos direcciones: una operativa, con la creación de nuevos juzgados y nuevas fiscales, y otra política, para compensar las representaciones de facciones en la cúpula de la Justicia cordobesa.
El caso más explícito respecto de esta última dirección es el Ministerio Público Fiscal, que hace una década duplicó sus fiscalías generales adjuntas para que ingresara un representante del delasotismo puro –Héctor David–. Como fiscal General Adjunto ya había sido designado en 2010 José Gómez Demmel, avalado por Juan Schiaretti.
Esta semana, Llaryora promovió a un abogado de su confianza, el reconocido penalista Alejandro Pérez Moreno, para reemplazar a Pablo Bustos Fierro en una de las cuatro fiscalías generales adjuntas. En los últimos años, Pérez Moreno se transformó en una pieza de confianza del Gobierno, en particular desde que asumió la representación de Daniel Passerini en la causa contra un empleado municipal que amenazó de muerte al actual intendente.
Pérez Moreno se sentará con la misión de expandir el Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal, lanzado en mayo de 2023 y, entiende Llaryora, sin avances significativos en todo estos casi dos años.
El destinatario de la queja, en este caso, es el fiscal General Juan Manuel Delgado, impulsado por Schiaretti y quien debe permanecer en el cargo hasta el 31 de marzo de 2026. En el Gobierno, entienden que la demora en poner a pleno el “plan territorial” impacta de lleno en la política de seguridad, la principal demanda al Ejecutivo provincial.
El Ministerio Público Fiscal tiene una estructura de 381 magistrados y funcionarios (de los cuales 77 son fiscales de instrucción), pero aún resta poner en marcha la reforma que impulsó Llaryora apenas asumió, cuando ordenó crear 11 fiscalías de instrucción en Capital y duplicar las de Narcomenudeo (de seis a 12). Aquella “histórica” señal del Ejecutivo a favor de los fiscales se diluyó.
Recién en febrero, comenzarían a funcionar las seis de Narcomenudeo y se completarían las de instrucción en interior. “Pero de Capital no hay nada”, se quejan en el Ejecutivo.
De hecho, en la última sesión del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo notificó que en la primera quincena de marzo deberán estar listos los concursos para definir el orden de mérito a través del cual se cubrirán los cargos en las fiscalías de la capital provincial, fundamentales para el desatendido plan territorial.
Una nueva estructura, la defensa
Pérez Moreno ocupará la silla del actual fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro, quien pasará a dirigir el Ministerio Público de la Defensa. Tendrá cuatro adjuntos. Los cinco (igual cantidad de jefes que el Ministerio Público Fiscal) conducirán a los 89 defensores oficiales. Cuando se aprobó la creación del Ministerio Público de la Defensa, en septiembre de 2023, se contempló que hubiera dos adjuntos. Ahora, Llaryora duplicó la cantidad de altos funcionarios llevándola a cuatro.
El Gobierno envió tres pliegos para ocupar los cuatro cargos: Pablo Pupich , Néstor Gómez y Guadalupe García Petrini, abocada a casos de menores y de violencia familiar. Resta designar quién ocupará la quinta silla para completar el esquema.
Contencioso, otra polémica
El proyecto vehiculizado a través de Spaccesi para reformar la Justicia tiene otro capítulo que genera suspicacia. Una de las competencias propuestas para el eventual tribunal de Casación es la competencia Contencioso-Administrativa (juicios contra el Estado). Aunque el Gobierno no parece decidido a avanzar sobre este fuero, se encendieron luces de alerta en el TSJ
La redacción del texto que posiblemente se discuta en 2025 en la Legislatura modifica el código de procedimientos y fija una amplia jurisdicción al momento de señalar la administración pública: además de la Provincia, están las municipalidades, las entidades descentralizadas autárquicas y las personas jurídicas que ejerzan función administrativa por autorización o delegación estatal.
Es otra de las áreas donde el TSJ hace valer su peso. La Sala Contencioso-Administrativa la integran Tarditti y los vocales Domingo Sesín y Luis Rubio, con una relatoría de 12 funcionarios y con una secretaría integrada por cinco.
La ampliación de la jurisdicción para Contencioso-Administrativa le daría a un eventual tribunal de Casación un enorme poder político al definir el destino judicial de cientos de municipios.
$ 403.379 millones, el quinto presupuesto del Estado
El servicio de justicia -el conjunto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal- demandará este año $ 403.379 millones, de los cuales $ 273.826 millones se destinan a salarios de jueces, de funcionarios y de empleados de juzgados y cámaras, mientras que la Fiscalía General destinará $ 93.160 millones al pago de los salarios de sus funcionarios y empleados, incluyendo entre estos a la Policía Científica.
El monto que demanda atender el servicio de justicia en toda la provincia representa la quinta partida por jurisdicción del Presupuesto. Está por debajo de los gastos generales del Gobierno ($ 1,6 billones), Educación ($ 1,1 billones), Salud ($ 701 millones) y Seguridad ($ 651 millones).
La Justicia tiene 185 jueces de primera instancia y 166 camaristas. En los juzgados, trabajan 495 secretarios y 1.240 son prosecretarios.
En el caso del Ministerio Público Fiscal, hay 381 funcionarios, incluyendo 33 fiscales de cámara, 78 fiscales de instrucción, 181 ayudantes fiscales y 130 secretarios.
Los asesores legales (defensores oficiales) son 89, y suelen trabajar en las causas con dos prosecretarios cada uno (conocidos en la jerga como “asesoritos”, porque, pese a la jerarquía, pueden intervenir en algunas instancias de las audiencias).
En relación con la cantidad de dependientes, el Ministerio Público de la Defensa tendrá una megacúpula de cinco miembros.
Otra de las estructuras es la de los jueces de paz, los legos: hay 233 desperdigados en pequeñas localidades del interior provincial.
