Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense volvió a encender las fricciones entre el sector ganadero y el oficialismo provincial. La diputada kirchnerista Lucía Klug, referente cercana a Juan Grabois, propuso crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), un tributo destinado a recaudar fondos para programas de gestión de residuos urbanos y, al mismo tiempo, compensar las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la actividad ganadera.
La iniciativa coloca en el centro del debate a dos de las principales fuentes de metano en la provincia: la fermentación entérica del ganado y la descomposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios.
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Buenos Aires genera cerca de un cuarto del total nacional, y dentro de ese universo, el metano representa el 27% de las emisiones locales. La ganadería explica el 19% y la gestión de residuos, un 6%.
Klug fundamentó la tasa en el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor”, figura utilizada para obligar a quienes generan impactos ambientales a financiar políticas de compensación.
El proyecto prevé la creación de un fondo fiduciario destinado a reducir emisiones mediante mejoras en los sistemas municipales de tratamiento de residuos, en línea con la Ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
La norma alcanzaría “a las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia”.
El planteo, sin embargo, tuvo una respuesta inmediata y contundente por parte de las entidades rurales. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) rechazó la propuesta y cuestionó su falta de sustento técnico. En un mensaje en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.
A través de un comunicado, la organización profundizó su postura. “La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones: reduce producción, competitividad y empleo”, sostuvo. Y agregó que el proyecto “lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.
Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, le dijo a Infobae que la entidad no fue consultada durante la elaboración de la iniciativa. Para él, la TAMBA “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural”. En otro mensaje, remarcó que el texto “penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.
La entidad también aprovechó la discusión para reinstalar un reclamo sobre el manejo del gasto público. Sostuvo que la Provincia “sigue sin revisar ni eficientizar los gastos provinciales y municipales” y que “una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.
Debate sobre gases
El debate se inserta en un contexto más amplio sobre el aporte de distintos sectores a las emisiones nacionales de metano. En Argentina, la agricultura y la ganadería son la principal fuente de este gas: la fermentación entérica del ganado bovino explica el 54% de las emisiones, seguida por el sector energético (17%), debido a fugas en las redes de gas y a la extracción en Vaca Muerta. La descomposición de residuos sólidos completa el cuadro, con 12%.
En el plano internacional, existen antecedentes recientes. Dinamarca, uno de los países más avanzados en políticas climáticas, será el primero en aplicar un impuesto específico al metano del ganado. A partir de 2030, los productores daneses deberán pagar 300 coronas (unos USD 44) por tonelada de CO2 equivalente, cifra que escalará a 750 coronas (USD 102) en 2035.
El acuerdo fue consensuado entre el gobierno, parte de la oposición y representantes de los sectores ganadero e industrial.
La propuesta de Klug abre, así, un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo distribuir los costos de la transición ambiental.
