El senador Juan Carlos Romero, un peronista histórico y hoy aliado del Gobierno nacional, presentó un proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. De aprobarse esta iniciativa, se pasaría de los actuales cinco jueces a siete.
El proyecto también señala que al menos dos mujeres deberían integrar el máximo tribunal. Las versiones en los pasillos del Senado indican que el exgobernador de Salta habría hablado con funcionarios libertarios y senadores kirchneristas antes de presentar la propuesta.
De prosperar la iniciativa, de todos modos no se resolverán todos los problemas, ya que luego los postulados deben contar con el aval de la mayoría agravada de los presentes en el Senado, lo que obliga a una negociación entre los libertarios y el kirchnerismo.
En este contexto, con la posibilidad de que sean dos mujeres en la Corte, se volvió a hablar de la cordobesa Aída Tarditti, miembro del Tribunal Superior de Córdoba. El senador Luis Juez la había elogiado cuando se discutió el pliego de Ariel Lijo, que finalmente se cayó.
El senador cordobés niega haber propuesto al presidente Javier Milei el nombre de Tarditti, pero admite que la jueza cordobesa “tendría consenso” entre varios senadores.
No obstante, Tarditti fue muy crítica con las dos propuestas anteriores (Lijo y Eduardo García-Mansilla) que realizó el Presidente y que no prosperaron en el Senado.
Especialista en Derecho Civil, la jueza cordobesa seguramente contaría con el respaldo de los tres senadores cordobeses. Pero quien tiene la lapicera para las propuestas es Milei.
Schiaretti estira los tiempos e impacienta al Centro Cívico
Juan Schiaretti ha estado pendiente de las elecciones locales de este domingo en cuatro provincias, pero especialmente en Chaco. Según difunden los voceros schiarettistas, en esa provincia el partido Hacemos tendría chances de ubicarse en el tercer lugar, detrás de la alianza UCR-Libertarios y del espacio que lidera el exgobernador kirchnerista Jorge Capitanich.
De todas formas, en el Centro Cívico hay una sola elección que importa. A los llaryoristas los inquieta que, en un par de meses, el gobernador Martín Llaryora debe definir la lista oficialista en Córdoba para octubre, y si Schiaretti decide no ser candidato, el panorama se complicará en el cordobesismo.
Ya se ha dicho que recién en julio el exgobernador definirá si es o no candidato. Los llaryoristas creen que hay algunas señales de que podría volver a competir en las urnas.
“No hay que hablar del tema. ‘El Gringo’ tiene responsabilidad política y, además, no se quiere jubilar. Yo creo que jugará, pero los tiempos los maneja él”, pronosticó un llaryorista de pura cepa.
A Juan Carlos Massei, uno de los más cercanos al exgobernador, lo vieron días atrás en el Centro Cívico. El schiarettista es secretario de Integración Regional.
Los schiarettistas siguen repitiendo que el exgobernador es el “líder nacional” del espacio Hacemos y que no puede mezclarse en una disputa provincial con los libertarios.
De todos modos, los sondeos indican que si Schiaretti es candidato en Córdoba, alimentará la cosecha de votos de Hacemos a nivel nacional. El exgobernador maneja sus tiempos y en el Centro Cívico hay varios impacientes.
Ipam y Apross: ¿casos parecidos, pese a los años?
Los últimos episodios ocurridos en la obra social provincial Apross despertaron una mezcla de sorpresa y déjà vu en sectores del radicalismo cordobés. Para algunos dirigentes de la UCR que vivieron desde adentro gestiones anteriores, las similitudes con lo ocurrido décadas atrás son tan marcadas como inquietantes.
“Cuando las autoridades quieren investigar hechos de corrupción, ocurre un incendio y los bloques opositores, entre ellos el radicalismo, piden armar una comisión investigadora”, recuerdan con resignación en una mesa de café. La escena se repite: denuncias, escándalo público y luego una maquinaria institucional que parece diseñada más para empantanar que para esclarecer.
El caso de Apross no es el primero, dijeron. En 1993, durante el gobierno radical de Eduardo Angeloz, el entonces Instituto Provincial de Atención Médica (Ipam) protagonizó un escándalo de proporciones.
“Alguien retiró del ex-Banco Social una chequera del Ipam con la que se hicieron pagos por 70 millones de dólares sin ser detectados”, rememoran.
Aquello derivó en la salida del directorio del instituto y su reemplazo por un equipo con un mandato expreso: investigar.
El resultado, sin embargo, fue frustrante. “No sólo no pudieron encontrar a los receptores de los cheques fraudulentos, sino que la Tarjeta Social Salud, que limitaba la cantidad de prestaciones, también fue denunciada, sin poder ser implementada”, apuntan quienes siguieron de cerca aquella investigación.
El expediente judicial tampoco arrojó luz. Cinco años más tarde, la Justicia provincial sobreseyó a los imputados y, en algunos casos, hasta se declaró la inexistencia de causa. Cierre de ciclo para un caso que comenzó con una denuncia grave y terminó en nada.
Tres décadas después, el patrón parece repetirse. “Todo indica que hay un denominador común: quien investiga hechos de corrupción en temas de salud termina investigado”, advierten los radicales en cuarteles de invierno. La sospecha se multiplica cuando se observa el comportamiento de los distintos sectores políticos.
“Es una suerte de pacto tácito de supervivencia institucional: mejor no tocar ciertas cajas”, refieren.
