Javier Milei, gobernadores e intendentes protagonizan una “batalla política” que resulta muy costosa para consumidores y usuarios.
La disputa en torno de dos grandes temas -el subsidio al transporte público y el Fondo de Incentivo Docente (Fonid)- esconde, por momentos, contenido político e ideológico.
Los mandatarios peronistas-kirchneristas reaccionaron ante la caída de la coparticipación por el cambio en el Impuesto a las Ganancias y de los fondos discrecionales de la Nación (estos prácticamente desaparecieron), que les servían para ocultar el déficit de sus gestiones, además del proselitismo partidario.
Los de las administraciones más ordenadas advierten que los presupuestos crujen por la eliminación de la ayuda para mejorar el sueldo docente y el subsidio al transporte público (aún se mantiene parcialmente para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense).
Ambos servicios son responsabilidad primaria de las provincias e intendencias, pero ningún gobernante está dispuesto a enfrentar el malestar social a dos meses de iniciado su mandato.
Menos en Córdoba, que a diciembre último recibía casi 1.800 millones de pesos para subsidiar el transporte. Alrededor del 80% de esos recursos se destinaban a la Municipalidad de Córdoba.
El Fondo Compensador del Interior era de 102 mil millones de pesos en el Presupuesto 2023, que se prorrogó para este año.
El intendente Daniel Passerini sostiene que la Nación hace “un manejo discrecional” de quiénes son los beneficiarios del subsidio, a través de la tarjeta Sube. Y afirma que no lo convocaron para su puesta en marcha en Córdoba.
Detrás de esta batalla, se esconde también la pelea por el manejo financiero que hacen los bancos depositarios de la Sube en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y de las tarjetas Red Bus y TIN en Córdoba. No está claro cómo se manejan y quién se beneficia de esos recursos millonarios.
El malestar irá en aumento con la eliminación de los fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares, que se usaban para alentar el desarrollo provincial, sostener el precio del trigo, la construcción (Procrear) y la salud, entre otras finalidades.
El Presidente no cesa en el ataque a Martín Llaryora y a los diputados cordobeses que no votaron algunos artículos de la “ley ómnibus”.
Funcionarios nacionales reiteraron a este medio su enojo con el mandatario cordobés, a quien acusan de redoblar la apuesta en cada uno de sus pedidos, que terminaron por derrumbar el proyecto oficial.
Los opositores de Llaryora sostienen que su estrategia se basó en “hacerse de caja” para su proyecto presidencial que, dicen, entrevió como posible este año. Cuestionan también que siga anunciando obras públicas.
Los miembros de la “mesa chica” responden que Llaryora hizo lo que haría cualquier gobernador: defender los fondos que le corresponden a la Provincia, desangrada por las retenciones a los granos y por las que se querían aplicar a la producción de agromáquinas y metalmecánica. Además, peleó contra los incumplimientos de la Anses para sostener la Caja de Jubilaciones.
El gobernador sostiene que la única medida que mantendrá la actividad es la de obra pública, cuando el país ya entró en recesión, con alta inflación. “Córdoba no se arrodillará”, proclama en las tribunas y ante los medios.
¡Ay, los precios!
La batalla es ideológica por parte de quienes rechazan a Milei (kirchneristas y la izquierda), y también política: gobernadores e intendentes saben que sin caja no es posible gestionar.
¿Quién debe hacer el ajuste en el Estado para que Argentina deje atrás 113 de los últimos 120 años en los que hubo déficit fiscal, lo que hundió al peso a valores insignificantes?
¿Quién debe ser responsable de sostener el transporte público, los docentes y los hospitales?
En el fondo, se debería estar discutiendo cómo se reparten los fondos que se recaudan a través de impuestos nacionales.
Junto a ello, es necesario ordenar el Estado nacional, las provincias y las intendencias para evitar funciones superpuestas, además de actuar con eficiencia y eficacia.
Nada de eso encaró Milei en sus dos primeros meses, caracterizados por la furia contra sus adversarios.
Tampoco acudió a un lenguaje comprensible para que consumidores y usuarios sepan sobre la corrección de los precios, que la política distorsionó en los últimos 20 años.
Queda mucho por hacer, pero sin diálogo será imposible llevarlo a cabo.
