En una puesta en escena que intenta reeditar el esquema de la Ley Bases y mostrar una apertura a la negociación, el Gobierno inauguró este lunes una nueva mesa de diálogo entre funcionarios, líderes del oficialismo y de la oposición no kirchnerista para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026. Sin embargo, desde Encuentro Federal y el radicalismo disidente condicionaron el avance de las tratativas al cumplimiento de las leyes de discapacidad, universidades y Garrahan. Desde el Poder Ejecutivo no hubo respuestas convincentes.
De un lado de la amplia mesa del Salón de Honor, ubicado en el primer piso del Palacio, se sentaron el vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Los cuatro integrantes de lo que el oficialismo dio en llamar, pomposamente, “la mesa del zinc”, un material de alta ductilidad y fácil aleación emparentado con la supuesta búsqueda de acuerdos.
Enfrente se sentaron diputados del PRO (Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero), Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), la UCR (Karina Banfi, Martín Tetaz, Pamela Verasay y Lisandro Nieri), Democracia para Siempre (Pablo Juliano y Manuel Aguirre), Liga del Interior (Pablo Cervi y Martín Arjol), el MID (Eduardo Falcone) y Por Santa Cruz (José Luis Garrido).
En la mesa no estuvieron el kirchnerismo, la Coalición Cívica ni la izquierda. Germán Martínez, líder de Unión por la Patria, rechazó la convocatoria y reclamó que las conversaciones sean “a la luz del día” y sin secretismos en la Comisión de Presupuesto. En el FIT dijeron que “se enteraron por los medios” pero, de todos modos, avisaron que tampoco participarán.
Sin demasiada tolerancia, Pichetto y Massot fueron los primeros en irse. Pichetto exigió que el ministro de Economía, Luis Caputo, dé la cara para continuar el debate, mientras que Massot directamente condicionó las negociaciones al cumplimiento de las leyes de discapacidad, pediatría y universidades. La primera fue promulgada, pero no se asignaron las partidas para financiarla, mientras que en los otros dos casos hay plazo hasta este martes.
En el Ejecutivo respondieron que verían el tema, pero no dieron especificaciones. “La reunión no fluyó de la manera que imaginábamos. Había un punto obvio: el Presupuesto tiene que reflejar las tres leyes en las que el Congreso insistió. Lamentablemente, nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla”, se quejó Massot al retirarse, y anticipó que si no hay un cambio de actitud, no participarán de futuras reuniones.
“No descontamos la buena voluntad del Ejecutivo -agregó- pero este es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros. En la medida que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado, con un Ejecutivo que está negado a cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras, va a ser difícil avanzar”.
Sin participar de la reunión pero al tanto del tema, el schiarettista Carlos Gutiérrez se expresó en sintonía con Massot. “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias (como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos) y que se construya un Presupuesto federal y realista”, manifestó en la red social X.
Pablo Juliano (Democracia para Siempre) también reclamó que no haya una “promulgación a medias”, para evitar caer en amparos judiciales. “El Gobierno tiene que encontrar la manera de buscar los fondos, como cuando dijeron que estaban en condiciones de gastar $12.000 millones para reimprimir las boletas sin (José Luis) Espert”, afirmó el jefe del radicalismo disidente.
Los diputados del PRO, la UCR y Liga del Interior (“radicales con peluca”) se fueron de la reunión con más entusiasmo e intentaron desdramatizar el planteo por las leyes insistidas. Destacaron la voluntad unánime de que “este año haya Presupuesto” y la coincidencia en el déficit cero, a la vez que se llevaron un compromiso de poder discutir la asignación del 20% de las partidas. Ese es, según los participantes, el “margen de maniobra” para las negociaciones.
El debate formal del Presupuesto se reanudará este martes a las 13 con la presencia de dos funcionarios de Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado, respectivamente. Originalmente iban a asistir el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pero su visita se postergó para el miércoles 29. En el oficialismo adujeron problemas de agenda, pero la reprogramación se da justo cuando el Ejecutivo debe promulgar la ley de presupuesto universitario.
De todos modos, la exposición de Cacace genera expectativa: fuentes que siguen el caso de la emergencia en discapacidad afirman que al funcionario (que fue mano derecha del cordobés Rodrigo De Loredo) le encomendaron la tarea de evaluar vías administrativas para la asignación de partidas. Es que el avance de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, así como las denuncias en la Justicia generan preocupación en el Gobierno.
En cuanto al Presupuesto, la fecha fijada por emplazamiento para la firma del dictamen es el 4 de noviembre, pero Menem no descarta que se estiren los tiempos. La oposición había fijado esa fecha con la idea de terminar el período ordinario, el 30 de noviembre, con la ley sancionada en ambas cámaras. Pero en el cónclave de este lunes comenzó a circular la posibilidad de un llamado a extraordinarias. El interrogante es si la ley se votará con la actual composición parlamentaria o la que surja de la elección de este domingo, más favorable a La Libertad Avanza.
