Las últimas cuatro sesiones de la actual conformación de la Legislatura de Córdoba prometen controversias al por mayor como cierre del ciclo del gobernador Juan Schiaretti. Un paquete de proyectos, como una ley sobre el funcionamiento y atribuciones del Tribunal de Cuentas, el diseño de las partidas presupuestarias, el cálculo de los impuestos y la creación de la décima agencia estarán en el centro del debate.
Desde el oficialismo fundamentaron en los proyectos ya presentados que se trata de cambios necesarios, como la modernización en una normativa sobre el rol en el control que debe tener el Tribunal de Cuentas provincial, unas de las iniciativas más cuestionadas.
Para los legisladores de Juntos UCR, Encuentro Vecinal, Independiente y las bancadas de la izquierda hay coincidencias en el apuro en el tratamiento de algunos temas, sobre todo, porque la composición actual de la Legislatura cuenta con 49 legisladores oficialistas, contra los 33 que tendrá desde el 10 de diciembre. Un número empatado con los 33 legisladores que tendrá el interbloque de Juntos por el Cambio.
Presupuesto 2024
El primer cuestionamiento de la oposición surgió en estas horas por el menor tiempo en el tratamiento en comisión de las partidas presupuestarias 2024 que tendrá el gobernador electo Martín Llaryora, por el recorte de algunos fondos y por las subas en las tasas provinciales.
En la audiencia pública que se realizó este jueves, previa a la aprobación en segunda lectura, hubo algunos legisladores electos que ya adelantaron críticas. Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica-ARI) adelantó cuestionamientos sobre los gastos reservados. También se sumaron otros parlamentarios radicales con planteos a los fondos municipales, como Ariela Szpanin, Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero.
“No pedimos la derogación de los fondos reservados, sino su limitación y control parlamentario. Solicitamos que se apliquen estrictamente para lo que han sido previstos en las normas vigentes. Tiene que transparentar las erogaciones secretas o reservadas dentro del Estado”, expresó Hernández Maqueda.
Otro de los puntos que será materia de discusión ya en el recinto es lo que hace a las partidas presupuestarias y cálculos tarifarios acerca de la actualización de los impuestos provinciales.
“No se puede ir el gobernador enviando los proyectos que van a influir decididamente en los próximos cuatro años. Prestemos atención a lo que va a pasar en la Legislatura en los próximos días. Nos envían un presupuesto que es lapidario para el futuro de las empresas. En 24 años y medio jamás se vio que van a autorizar por inflación los impuestos. Se están yendo y quieren dejarnos el Tribunales de Cuentas casi sin facultades controladas. Nos vamos a encontrar con nuevas leyes que no tienen como objetivo beneficiar a la gente sino allanarle el camino a los que van a asumir el 10 de diciembre”, dijo el legislador Marcelo Cossar.
Nueva ley para el Tribunal de Cuentas
El proyecto elaborado por los legisladores oficialistas Nadia Fernández, Matías Chamorro, Victoria Busso y Ramón Giraldi, que ingresó el martes pasado y que establece una nueva ley que regule las atribuciones del Tribunal de Cuentas, forma también parte del paquete de iniciativas de Hacemos por Córdoba tendrá en las últimas sesiones del ciclo de Schiaretti. En sus fundamentos, los parlamentarios plantearon la necesidad de actualizar una normativa que ya lleva 36 años vigente, la que sufrió algunas modificaciones en 2021, pero que aseguraron que debe ser modernizarse a la brevedad.
“Se trata de actualizaciones a una normativa que se sancionó en el año 1987 y nunca había sido actualizada sino por disposiciones internas, como la resolución 180/21 que establece el verdadero protocolo de actuación del Tribunal de Cuentas. Es necesario e imprescindible que se plasme en el formato legal...”, describieron.
Para la oposición, en cambio, el cambio restará herramientas de control a los futuros tribunos. En la nueva conformación, dos juecistas (Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva) tendrán la mayoría; mientras que el justicialismo quedará en minoría representado por Silvina Rivero.
Concretamente, Juntos por el Cambio apuntó al artículo 19 del proyecto, en el que se establece, entre otros puntos, el no control de gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales, la compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior, las erogaciones por tasas, impuestos y servicios a la importación de repuestos para la flota de aeronaves provinciales y los ajustes por variación del tipo de cambio por contrataciones con actos administrativos previamente visados, entre otros.
Este nueva normativa -avalada por el llaryorismo- podría ser tratada en el recinto dentro de dos semanas, cuando aún el justicialismo cuente con una amplia mayoría legislativa. Por lo que los legisladores salientes de la oposición ya advirtieron este jueves que, en caso de ser aprobado, el Gobierno provincial no respetaría el artículo 127° de la Constitución provincial y que se trataría de “un golpe institucional”.
Una nueva agencia
Dentro del paquete de proyectos oficialistas en esta última etapa legislativa también ingresó este miércoles último la creación de la décima agencia provincial, en este caso vinculada al campo, denominada Agro Córdoba. Esta iniciativa lleva la firma del gobernador Schiaretti y, según lo indicado en sus fundamentos, se tratará de una estructura complementaria al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Por lo que se planteará como un organismo público-privado destinado a administrar el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA). Este fue creado en 2020 y recepta los recursos recaudados por el Impuesto Inmobiliario Rural bajo un modelo de asociación público-privada con participación de la Mesa de Enlace Córdoba y de los distintos consorcios.
La nueva agencia podrá ejecutar obras de infraestructura, proyectos y programas. En principio, administraría fondos durante 2024 por un total de $ 74.883 millones. El monto está contemplado dentro del Presupuesto para el año próximo, en la partida correspondiente al Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recepta 70% de los fondos recaudados por el impuesto inmobiliario rural.
Esta cuestión es la que ya comenzó a recibir críticas desde la oposición. Este jueves se inició su debate en comisión. “El proyecto de ley de creación de una nueva agencia, Agrocor, es algo que preocupa mucho porque este Fondo de Desarrollo Agropecuario será el que va a financiar de alguna manera a esta agencia, la que administrará estas partidas”, expresó la legisladora Cecilia Irazuzta.
Gestión Integrada de Cuencas
Esta agencia destinada al agro se sumó a otro proyecto enviado por el Ejecutivo provincial a fines de octubre último y que también buscará ser aprobado antes de diciembre. Se trata de una ley que tendrá por objeto implementar la Gestión Integrada de Cuencas en la provincia, a través de la realización de acciones de diagnóstico, planificación de recursos, ejecución de obras, así como el mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos.
Entre los fundamentos, el Gobierno provincial destacó que se tratará de una normativa que “contribuirá al máximo desarrollo sustentable de los sectores productivos, con especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas agropecuarias”.
“El de la cuenca es uno de los temas. Pero hay varios proyectos que nos preocupan y que tienen que ver con el control. Primero, aumento en el presupuesto del 300% de los gastos vinculados a las agencias. Obviamente, en estas es donde hay menos control del Tribunal de Cuentas, y es ahí donde se ve que quieren direccionar los gastos. Segundo, lo del Tribunal de Cuentas, que es gravísimo porque se van a dejar de controlar muchas de las cosas que están en juego ahora. Después está la nueva agencia, es una forma de gestionar donde hay menor control de fondos”, dijo el radical Dante Rossi.
