La salida de Mercado Libre de las oficinas de Córdoba por los costos de las tasas municipales reactivó en la Legislatura provincial una pelea por el impacto de los impuestos provinciales que se viene dando desde comienzo de año. Esta vez fue el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi, quien presentó una iniciativa de ley que propone reducir la alícuota de Ingresos Brutos del 5,5% al 3,5% para plataformas digitales, aplicaciones y servicios vinculados al comercio electrónico.
En sus fundamentos, Spaccesi explicó que el proyecto busca aliviar la carga fiscal sobre las Pymes, emprendedores y consumidores cordobeses que utilizan o desarrollan soluciones digitales.
“La economía cambió, pero los impuestos siguen siendo analógicos. No podemos seguir castigando con tributos del siglo pasado a actividades que hoy son clave para la economía real. Córdoba puede ser moderna y competitiva sin resignar responsabilidad fiscal”, señaló el legislador libertario.
El proyecto también se enmarca en un contexto en el que grandes empresas del ecosistema digital, como Mercado Libre, comenzaron a trasladar a los usuarios la presión impositiva de origen provincial. Para Spaccesi, esto evidencia el efecto directo que tiene la carga tributaria local en los precios finales.
Según afirmó el legislador, “Córdoba se encuentra entre las provincias con mayor presión fiscal sobre el sector digital, lo que desalienta inversiones y encarece el acceso a estos servicios clave para el desarrollo económico”.
“La reducción propuesta busca corregir esa desventaja y alinear nuestra política impositiva con estándares más competitivos, acompañando la transformación de la economía”, sostuvo.
Spaccesi ya había presentado en la Unicameral un pedido de informe en el que solicitaba al Poder Ejecutivo “detalle cuántos contribuyentes tributaron alícuotas reducidas, intermedias o agravadas del impuesto sobre los Ingresos Brutos desde 2017 hasta la actualidad”.
“El objetivo es analizar cómo evolucionó la estructura tributaria de la provincia y si hubo un desplazamiento de contribuyentes, especialmente Pymes, hacia tramos impositivos más altos por falta de actualización frente a la inflación”, expresó en los fundamentos.
Otros proyectos que están en la Legislatura
Aunque a lo largo de este año, hubo varias propuestas más vinculadas a bajar o eliminar directamente el cobro de los Ingresos Brutos.
El liberal Gregorio Hernández Maqueda -alineado con el Gobierno de Javier Milei- presentó meses atrás una reforma tributaria de mayor alcance: la quita del 50% sobre los Ingresos Brutos, junto con otros impuestos provinciales que consideró “distorsivos y confiscatorios”.
El proyecto deroga artículos clave del Código Tributario provincial y leyes asociadas, y modifica el cálculo del impuesto Inmobiliario para alinearlo con indicadores económicos como el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). También propone reintegros por montos cobrados con coeficientes actualizados y beneficios fiscales a quienes ya tributan bienes personales.
La propuesta llegó al recinto, aunque no contó con los votos del oficialismo e incluso de algunos opositores, sobre todo, de legisladores exintendentes que consideraron que se afectarían las arcas municipales.
Desde las primeras sesiones de este año, la oposición denunció un llamado “impuestazo” provincial por los últimos incrementos en el Inmobiliario Urbano, por lo que desde el bloque de la UCR se buscó que el Inmobiliario Urbano, por ejemplo, se retrotraiga en el pago a 2024.
Pero este sector opositor de Juntos por el Cambio en los varios intentos no se impuso con sus votos, por lo que las propuestas no pasaron más allá de deliberaciones; y el oficialismo los responsabilizó de hacer “politiquería”.
Desde el bloque de la UCR
El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, volvió también estos días con las críticas.
“A Nación, sí; en la provincia, no. El gobernador Martín Llaryora reclama en Buenos Aires la correcta distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. Y estaríamos de acuerdo con este reclamo federal y genuino si no fuera por algunos pequeños detalles. A saber: la provincia de Córdoba es uno de los ocho distritos que no coparticipa el Impuesto al Sello que se genera exclusivamente en nuestro suelo y que ha tenido una incidencia del 9,19% del total de los recursos tributarios en nuestra provincia en los últimos 5 años”, aseguró el radical.
Ya en febrero pasado, el diputado radical Rodrigo de Loredo había realizado una presentación en la Justicia contra el aumento del impuesto Inmobiliario Urbano del Gobierno de Córdoba, junto con el presidente del bloque radical de la Legislatura, Gvozdenovich; y la titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero.
Algunos intendentes radicales se subieron a esos planteos, aunque reconocieron que una baja, por ejemplo, en Ingresos Brutos “sólo podría darse de manera gradual”.
La reforma que plantea el juecismo
Otro de los proyectos que sigue en la Legislatura es del bloque de legisladores del Frente Cívico, que presentó una propuesta de ley que modifica la Ley Impositiva Anual 2025 con el objetivo de adecuar exenciones y alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos para “mejorar la competitividad de la provincia”.
La iniciativa juecista faculta al Ejecutivo a reducir las alícuotas y la eliminación de las agencias, lo que “permitiría un ahorro considerable y una reorganización administrativa sin pérdida de funciones”, según lo fundamentado.
“El objetivo es reducir la presión tributaria sin afectar el equilibrio fiscal, y al mismo tiempo eliminar estructuras que generan gasto innecesario”, explicaron desde el bloque. En este sentido, el Frente Cívico apuesta con esta iniciativa a una reforma fiscal que combine alivio impositivo con eficiencia en la gestión estatal, según se aseguró.
