Un fallo sacudió el panorama político y social en Argentina. El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa aprobada por el Congreso.
Esta decisión judicial, dada a conocer este lunes 18 de agosto, prioriza el acceso a la salud y los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
La Justicia prioriza el acceso a la salud y educación
En su sentencia, el juez fue enfático al asegurar que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias.
El dictamen subraya la particular vulnerabilidad de las personas afectadas por la medida, describiéndolas como individuos en una situación de múltiple vulnerabilidad debido a su condición de niños y de personas con discapacidad.
Esta doble condición, según el Artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, implica que sus derechos deben ser objeto de una protección especial.
Los argumentos económicos detrás del decreto
Por su parte, el gobierno de Javier Milei había fundamentado su decisión de vetar la ley a través del Decreto 534/2025. La administración argumentó que la implementación de esta ley implicaría un gasto adicional significativo, proyectando más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026.
El Ejecutivo sostuvo que no se habían identificado fuentes de financiamiento suficientes ni se contaban con los cálculos actuariales necesarios para asegurar la viabilidad económica de la normativa.
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