El cambio de criterio respecto del despliegue policial para impedir que los movimientos “piqueteros” lleguen al Centro de la ciudad de Córdoba es producto de un habeas corpus presentado en octubre del año pasado, cuando vecinos y comerciantes “afectados” se presentaron ante el Poder Judicial y reclamaron mano dura ante el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían generado las manifestaciones.
El planteo fue suscripto por siete vecinos, autoridades del centro vecinal barrio Centro, representados en el expediente judicial por Eduardo Bittar; y tuvo como objetivo sentar formalmente a autoridades policiales y políticas ante un tribunal, para que “instrumenten dentro de la razonabilidad y proporcionalidad” medidas para “mitigar o hacer cesar” las “restricciones arbitrarias”.
Semanas después, durante noviembre y diciembre, el Juzgado de Control Nº 10, a cargo de Juan Manuel Fernández López, convocó a estos vecinos y a las principales autoridades de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba (en materia de seguridad) a sentarse frente a frente.
A lo largo de dos audiencias, el juez dejó en claro que su recomendación es utilizar la acción de inteligencia policial para “cortar la cabeza” de los líderes de las organizaciones sociales, a quienes acusó de “no querer” que se solucione el conflicto para “mantener el negocio” y de conformar asociaciones ilícitas.
A la espera de la sanción de una ley que promueve Juan Manuel Cid (también se analizan un proyecto de Dante Rossi y Verónica Garade) para regular la protesta social, el Juzgado pidió que se avance con un protocolo con el objetivo de “tomar el toro por las astas”, en palabras del magistrado.
Aunque en las audiencias hubo discrepancias respecto de cómo abordar la problemática, se impuso el criterio más severo, que se vio plasmado en el nuevo cerco que instrumentó la Policía la semana pasada, y que volverá a activar este jueves, con la intención de impedir la llegada de los manifestantes de la Unidad Piquetera al Centro.
Para el juez, “no hay conflicto de derechos” entre los vecinos del Centro y quienes se manifiestan. “Podría haberlos si se ejerciera como en Estados Unidos, sin interrumpir el tránsito. Pero en Argentina no hay protesta civilizada: se usa el delito para estorbar y así incidir en la voluntad política”, dijo Fernández López al finalizar las audiencias que derivaron en el cambio de criterio respecto de los operativos policiales.
Antes, el magistrado aclaró que los líderes podrían “eventualmente” ser juzgados, e incluso le preguntó a la jefa de Policía, Liliana Zárate, si la fuerza está en condiciones de identificarlos. La jefa respondió que sí.
Las audiencias
Las audiencias en las que se definió el nuevo criterio ante las protestas de los grupos “piqueteros” congregaron al fiscal General, Juan Manuel Delgado; al secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, a la jefa de Policía, Liliana Zárate; y a los funcionarios municipales Juan Manuel Aráoz (Tribunal de Faltas) y Daniel Varizat (Asesor Letrado).
También participó de uno de estos encuentros el fiscal Ernesto de Aragón, abocado en los últimos años a intervenir frente a las manifestaciones, quien chocó abiertamente con el juez de control Fernández López.
El juez dijo que “poner un pie en la calle” para otra cosa que no sea cruzarla debería considerarse un delito, ante lo cual De Aragón lo cruzó: ”Una reunión que transita sin intención de obstaculizar, a mi criterio es discutible si es delito”.
El juez dijo en reiteradas oportunidades que este tipo de manifestaciones y acampes dejaron al Estado en situación de “rehén”.
“Advierto que todos somos víctimas, que el Estado provincial está siendo coaccionado”, dijo Fernández López y detalló distintos delitos en los que habrían incurrido los manifestantes. En ese contexto, reclamó a la Policía y al Ministerio Público Fiscal “hacer cesar el delito de la interrupción de calzada”.
El juez pidió “cero tolerancia”: “Se corta de cuajo, no hay gradualismo”, agregó. Y no descartó convocar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ante la presencia de niños en las marchas: ”No es legítimo ni legal que los padres llevan a niños a manifestaciones”, señaló.
El fiscal General Delgado le aclaró al juez que “cuando miles de personas cometen esa acción (por un corte de calle) es de imposible cumplimiento” perseguirlas penalmente. “No estoy justificando al que ocupa de un espacio público, sino que el abordaje es insuficiente porque los medios materiales no están al alcance de la mano hoy”, aclaró.
En ese sentido, dijo que el Ministerio Público Fiscal “va a acompañar con firmeza” una ley que regule la protesta social. “Hace falta que el Poder Legislativo regule, no prohiba, y establezca un lugar para manifestarse con una notificación previa”.
“Ojalá que una reforma legislativa nos sea un puntapié para que la doctrina dé un giro “, expresó Delgado sobre cambios para regular la protesta. El juez insistió que debe intensificarse la persecución cuando las manifestaciones “son organizadas” y reclamó “atacar penalmente la cabeza de las organizaciones sociales”. Sin esquivar la polémica, agregó: ”Hay organizadores (de las marchas y acampes) a los que les convine que no se solucione el conflicto porque lucra con esto”.
En este contexto, el magistrado le preguntó a la jefa Zárate si la Policía “está en condiciones de identificar” a los cabecillas de las organizaciones en caso que el Ministerio Público Fiscal lo decida; a lo que dijo que “sí”. Ese fue el punto de inicio del nuevo “cerco” a los piqueteros.
